El presidente de Colombia, Gustavo Petro Urrego, expresó su rechazo ante las revelaciones que vinculan a varios congresistas con la apropiación ilegal de tierras baldías en diversas regiones del país, además se llevó el mérito de que se destapara dicha información.
La información sobre estos hechos provino de una investigación realizada por la revista Cambio, que destapó una serie de procesos administrativos abiertos por la Agencia Nacional de Tierras (ANT) contra legisladores por presuntos vínculos con la ocupación irregular de terrenos en zonas rurales.
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Según el director de la ANT, Felipe Harman, en mayo de 2025 se habían abierto ocho investigaciones en contra de congresistas, entre ellos Carlos Cuenca, Samy Merheg y Luis Eduardo Díaz Mateus. Estas pesquisas apuntan a su posible involucramiento en la apropiación ilegal de tierras; sin embargo, el número de legisladores implicados creció notablemente, alcanzando un total de 14 senadores vinculados a 19 procesos administrativos.
La magnitud de la situación hizo que muchos de los terrenos en cuestión estén en revisión debido a inconsistencias en los registros de propiedad y a la aparición de casos sospechosos que apuntan a la privatización de terrenos baldíos y el despojo forzado de tierras, según señaló Ana Jimena Bautista, directora de Gestión Jurídica de Tierras de la ANT, al medio en mención.
A través de sus redes sociales, el presidente Petro utilizó su cuenta de X para expresar su indignación y cuestionar los comportamientos de estos legisladores. En un mensaje directo, el mandatario denunció cómo algunos congresistas, aprovecharon su poder y posición, al utilizar el voto popular para convertirse en actores en un negocio personal en lugar de defender el bienestar común y el interés público.
El presidente escribió en su post: “Cómo es posible que usen el voto popular comprado para llegar al lugar donde se hacen las leyes y lo que buscan no son leyes, sino negocio, como si viviéramos en el feudalismo, congresistas amasando tierras baldías para enriquecerse y por eso no aprueban la jurisdicción agraria”.
El presidente se atribuyó el mérito de que estos legisladores fueran investigados. Además, en su mensaje, acusó a los congresistas implicados de ser responsables de la muerte de campesinos para despojarles de sus tierras.
“Han matado, desalojado a millones de campesinos y aún siguen, apropiándose de las tierras de la nación. Pero los descubrimos”, culminó el presidente en su mensaje.
Las declaraciones del presidente parecieron contradecir la realidad de su propia administración, marcada por irregularidades en diversas entidades y condenas por corrupción; esto hizo que sus palabras sonaran poco convincentes, como si la investigación no fuera fruto de su gestión, ya que su Gobierno se vio empañado por otros casos en los que los involucrados pertenecían a su propio gabinete.
Investigación destapa la corrupción en el Congreso: senadores involucrados en el despojo de tierras
La investigación reveló que algunos de los congresistas investigados, como Samy Merheg, del Partido Conservador, y Antonio Luis Zabaraín, de Cambio Radical, están vinculados a propiedades cuyo título no tiene una cadena de titularidad clara.
En particular, el caso de Merheg está relacionado con un predio de 54,4 hectáreas en el Valle del Cauca, mientras que Zabaraín es investigado por la propiedad de 14 hectáreas en Magdalena. En el caso de Luis Eduardo Díaz Mateus, también del Partido Conservador, la investigación apunta a un predio de 141 hectáreas en Santander, que excede la extensión permitida por la Unidad Agrícola Familiar (UAF) de la zona, lo que derivó en un proceso de recuperación directa de la tierra.
Felipe Harman, director de la ANT, comentó para el medio que divulgó las investigaciones, sobre la complejidad del problema, al advertir que, aunque los esfuerzos por destapar la corrupción relacionada con las tierras baldías han avanzado, aún persisten serios obstáculos: “Al menos uno de cada tres congresistas tiene relación con temas de baldíos”.
A pesar de las medidas adoptadas por la agencia, como los procesos de “clarificación” para determinar la naturaleza de los terrenos, la falta de un censo actualizado y la infiltración de actores poderosos en el sistema judicial siguen complicando el panorama.
Los casos de apropiación de tierras en departamentos como Córdoba, Cesar y Magdalena, especialmente en Antioquia y Córdoba, se destacan como los más graves. Los métodos para obtener estas tierras incluyen procesos de prescripción adquisitiva, en los cuales congresistas y empresarios logran títulos de propiedad para terrenos que, por ley, deberían seguir siendo de propiedad estatal. Además, según las autoridades, los involucrados en este tipo de prácticas muchas veces recurren a familiares o personas cercanas como testaferros para ocultar su vinculación con las tierras.
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