
Las tensiones dentro del gobierno de Gustavo Petro escalaron tras las denuncias de supuestas irregularidades en contratos del Fondo de Adaptación, lo que derivó en una serie de acusaciones cruzadas y amenazas de acciones judiciales entre altos funcionarios.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, anunció que presentará una demanda por injuria y calumnia contra Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), luego de que este último fuera señalado por Angie Rodríguez, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), como responsable de presuntos malos manejos en la adjudicación de contratos clave para la región de La Mojana.
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En un mensaje publicado en sus redes sociales, Benedetti expresó: “Este es el momento en que @CarlosCarrilloA no ha contestado ninguno de los señalamientos de malos manejos que Angie Rodríguez le hizo. Juro por mi familia que nunca le pedí un puesto, mucho menos un contrato o estuve interesado en alguno”.
Y agregó: “Toda su actuación es sospechosa y él sí ha estado interesado en contratos, ya se demostrará la próxima semana. Voy a tomar acciones judiciales y lo voy a demandar por injuria y calumnia. Y queda claro que es un mediocre, no apto para el cargo, fanfarrón, farsante e inepto”.
El epicentro de la controversia son cuatro contratos destinados a la ejecución de un plan integral para La Mojana, una zona que abarca 13 municipios de los departamentos de Antioquia, Bolívar, Córdoba y Sucre, caracterizada por su alta vulnerabilidad ante desastres naturales.
De acuerdo con el informe de Angie Rodríguez, gerente encargada del Fondo de Adaptación, estos contratos presentan 0% de ejecución presupuestal y fueron objeto de alertas por riesgo financiero, incumplimiento contractual y sospechas de falta de transparencia.
Empresarios hablaron sobre los contratos firmados con la Ungrd
Uno de los contratos bajo la lupa es el de La Ruta del Arroz, por $36.200.000.000, a cargo de la Unión Temporal Reactivación Económica La Mojana. Esta unión está conformada por la Fundación San José (33%), la Fundación Colombia de Vida (34%) y Euonia S.A.S. (33%).

Jorge Alberto Zabala, representante legal de la unión, afirmó a El Tiempo que, aunque el contrato no registra desembolsos, la organización ha invertido más de $1.500.000.000 de recursos propios. Zabala sostuvo: “El contrato sí va en 0 por ciento de ejecución presupuestal lo que significa que no hemos cobrado ni un solo peso y nosotros sí hemos invertido de nuestro dinero más de 1.500 millones de pesos. Eso desvirtúa las declaraciones de Carlos Carrillo quien dijo que se corría el riesgo de un detrimento patrimonial”. Además, aseguró que el avance físico del proyecto ronda el 35%, aunque reconoció retrasos asociados con la interventoría.
Otro contrato señalado es el de Investigación Hidrodinámica, por $19.533.000.000, adjudicado mediante contratación directa a Cuatro Conceptos S.A.S.. La directora del Dapre advirtió en su informe que el contrato “no ha producido insumos relevantes para avanzar con el diseño de la solución en el río Cauca” y que el proceso de selección fue objeto de alerta por parte del control interno, al haberse realizado para un solo oferente pese a que otras entidades como el Ideam, Igac y Minambiente habían consultado firmas aptas para el desarrollo del convenio bajo la modalidad de concurso de méritos.
Sin embargo, Fredy Bolívar Gómez, representante legal de Cuatro Conceptos S.A.S., negó al medio citado que la ejecución sea nula. “Es un contrato firmado en junio de este año y a la fecha ya hay un avance global del 25 por ciento. Esa contratación tiene tres componentes y del primero de ellos, que son insumos básicos, ya hemos realizado la entrega de algunos productos desde septiembre”. Bolívar detalló que la presencia de grupos armados en la zona generó retrasos, incluyendo la detención y amenazas a parte del personal en noviembre, lo que obligó a suspender temporalmente las actividades.
Además, recordó que la empresa ya había trabajado con la Ungrd en 2023, bajo la dirección de Javier Pava, en un contrato de aproximadamente $1.000.000.000 para el seguimiento y control de obras en el canal Nueva Esperanza, ubicado en Cauca.

El contrato para la aplicación Mojana por más de $14.600.000.000, también fue objeto de cuestionamientos. El contratista, High Tech Software S.A.S., fue seleccionado por contratación directa el 18 de marzo de 2025. En un comunicado conocido por El Tiempo, la empresa defendió la transparencia del proceso
“High Tech Software S.A.S. informa a la opinión pública que los servicios contratados con el Fondo Adaptación para el desarrollo de la Plataforma Tecnológica de Integración de Información y Modelación Científica de La Mojana han sido ejecutados mediante dos órdenes de compra separadas, ambas suscritas bajo el Instrumento de Agregación de Demanda (IAD) de Colombia Compra Eficiente, garantizando total transparencia, trazabilidad y supervisión técnica”.
La compañía añadió que la primera fase fue certificada como ejecutada de manera completa y satisfactoria, mientras que la segunda fase presenta un 50 % de avance y está en ejecución desde el 15 de mayo de 2025, con fecha de finalización prevista para el 18 de mayo de 2026.
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