Deudas del Gobierno Petro con las empresas tienen a Colombia a punto de un apagón: “Llevan once meses sin recibir pago de subsidios”

El sector energético colombiano enfrenta una coyuntura crítica. Las preocupaciones se centran en los riesgos financieros, la acumulación de deudas, la amenaza de incrementos en las tarifas eléctricas y la posibilidad de apagones en los próximos años. Las cifras de deuda y la falta de soluciones estructurales generan inquietud entre los principales actores del sistema eléctrico nacional.

La situación es muy grave. Por ejemplo, las empresas comercializadoras, a la fecha, al cierre de noviembre de 2025, tienen saldos por recuperar cercanos a $6,1 billones, de los cuales $2,4 billones es opción tarifaria; $2,3 billones en subsidios y $1,4 billones es deuda de los usuarios oficiales.

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Al respecto, el presidente de la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica (Asocodis), José Camilo Manzur, dijo a Infobae Colombia que el monto representa “cerca de dos años de ingreso bruto de los comercializadores, en promedio”, aunque en empresas como Afinia, la cifra equivale a cuatro años de ingresos.

El dirigente gremial indicó que el 69% de los saldos corresponde a deuda pública, tanto del orden nacional como territorial, lo que compromete la capacidad de las empresas para operar y cumplir con sus compromisos. “Si nosotros no disponemos de los recursos necesarios, no vamos a poder honrar nuestros compromisos de compra de energía o financiar los subsidios”, enfatizó al recordar que los subsidios son una responsabilidad estatal y que las empresas solo actúan como intermediarias.

Asimismo, el presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), Alejandro Castañeda, también consultado por Infobae Colombia, coincidió en la gravedad del panorama financiero: “Ya van diez meses, once meses sin recibir pago de subsidios las empresas distribuidoras. Eso ya suma un hueco de $2,8 billones”. Detalló que una de las empresas distribuidoras intervenida por el Estado acumula deudas por $1,6 billones, de los cuales $1,1 billones corresponden a obligaciones con empresas térmicas, lo que compromete la compra de combustible y la prestación del servicio.

Ambos líderes gremiales advirtieron sobre el riesgo sistémico que implica la acumulación de deudas y la falta de liquidez, con posibles consecuencias como la intervención estatal de empresas, la imposibilidad de prestar el servicio y el perjuicio directo a los usuarios.

Impacto de la política de subsidios y propuestas de focalización

El esquema de subsidios de energía vigente fue objeto de críticas de Manzur, que señaló que “no están bien focalizados. Muchos usuarios en el país con ingresos altos están recibiendo subsidio”. El presidente de Asocodis, aprovechando la edición número 21 del especio “Somos La Energía Que Conecta y Transforma Regiones”, en el que se discutió sobre el presente y futuro de este sector, explicó que la estratificación, utilizada como criterio principal, resulta inadecuada y que existen estudios y disposiciones legales que facultan al Gobierno para corregir este problema.

“Que los subsidios se otorguen no solamente con la estratificación que hoy se da, que la estratificación no es un buen criterio de asignación, sino que se tenga en cuenta el nivel de ingreso, el nivel de pobreza de los usuarios y, por supuesto, también el nivel de consumo de los usuarios como un mecanismo también de eficiencia energética”, propuso el dirigente.

Castañeda insistió en la necesidad de una reforma: “Este gobierno, desde el Plan de Desarrollo, dijo que iba a modificar la forma como se entregan los subsidios, ya no solamente con estratificación, sino cruzándolo también con el ingreso que tienen las personas, porque la estratificación está totalmente politizada”. Sin embargo, lamentó la falta de avances: “Ese Gobierno ya va a terminar y no ha hecho nada en ese sentido desde el punto de vista de focalización”.

Disminución de $2.400 por mes

Manzur aportó cifras sobre el impacto de las propuestas regulatorias. Aclaró que, en promedio, lo que le representa al usuario de estrato uno es una disminución de $2.400 por mes, en promedio. O sea, que es un valor que no es representativo desde el punto de vista de los usuarios, pero sí es bastante significativo el no poder garantizar la prestación del servicio, lo que es crítico.

Ambos dirigentes apuntaron que el mecanismo legal para una mejor focalización ya existe y que no se requiere una nueva ley, sino la voluntad de reglamentar y aplicar los criterios adecuados. Manzur sugirió que “eso se puede reglamentar vía un decreto, porque ya la ley está establecida en el Plan Nacional de Desarrollo”.

Riesgos regulatorios y propuestas de la CREG

La Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) presentó propuestas que, según el presidente de Asocodis, agravan la situación financiera de los comercializadores. “Hay una propuesta de la Creg sobre la remuneración, donde impacta de manera significativa la remuneración de los comercializadores. Casi que a todo el mundo le disminuye la remuneración. Y esa remuneración implica, en promedio, la propuesta de la Creg, que se disminuyan los ingresos anuales en un $1 billón”, explicó el dirigente.

De igual forma, advirtió que, de materializarse esta resolución, “ahí sí sería la estocada final, ahí sí sería paga y vámonos. Porque no pudieran muchas empresas, y más las de la región Caribe y las empresas las más pequeñas y del orden departamental, poder seguir financiando el riesgo allí, que las empresas se quiebren, que el Estado tenga que intervenirles. O incluso no puedan seguir financiando más los subsidios”.

De paso, hizo un llamado a la Creg para que saque una nueva propuesta sobre la remuneración de la comercialización y que se garantice, como lo dice la ley, la suficiencia y la viabilidad financiera de los prestadores de servicios con independencia de que sean públicos, privados o mixtos.

Problemas de expansión y riesgo de apagones

La falta de entrada de nueva capacidad de generación y las dificultades en la expansión del sistema constituyen otra de las grandes preocupaciones del sector. Alejandro Castañeda alertó sobre el riesgo de racionamientos en el mediano plazo: “Para el año 2027 o mediano plazo, no tenemos la energía firme suficiente. ¿Y esto qué significa?, que Colombia, con una probabilidad muy alta, podría tener racionamientos de energía eléctrica para esa época, es decir, apagones”.

El presidente ejecutivo de Andeg señaló que la subasta de expansión de generación no tuvo éxito y que “lo mejor que ha pasado en los últimos cuatro o cinco años desde el punto de vista de entrada de nueva capacidad es del 25% de lo esperado, lo cual es muy bajo”. Para 2025, la situación es aún más crítica: “Este es de los peores años de entrada a nueva capacidad. Solamente ha entrado el 3% de lo que se espera que entre este año”.

Manzur, por su parte, destacó que “cada día se está estrechando mucho más la oferta con la demanda. Cada día la brecha que hay se estrecha un poco más, los consumos están altos, están disparados, mucho más en la región Caribe”. El dirigente de Asocodis insistió en la necesidad de incentivar la entrada de nuevos proyectos de generación y facilitar la incorporación de proyectos de transmisión y distribución, así como asegurar el suministro de gas.

Castañeda advirtió que la falta de oferta se traduce en mayores precios para los usuarios: “En la medida en que un mercado está apretado y que no tiene excedentes y no hay oferta, pues obviamente, cuando no hay oferta, pues hay mayores precios. Y eso, pues es la lógica de cualquier mercado, no solamente el eléctrico, sino cualquier mercado económico”.

Recomendaciones y llamados a la acción

Frente a este panorama, José Camilo Manzur instó a las autoridades a actuar con rigor técnico y sin rigideces innecesarias: “Las leyes siempre ponen muchas rigideces y la regulación y el sector muy dinámico. Hay mucha evolución tecnológica. Miren lo que se está viendo hoy con los medidores inteligentes, con los vehículos eléctricos, con los paneles solares. No pongamos rigidez en la ley”.

El presidente de Asocodis insistió en la importancia de una regulación inclusiva, transparente y oportuna, que genere confianza y seguridad jurídica para todos los actores del sistema. Además, hizo un llamado a la ciudadanía para adoptar hábitos de consumo responsable: “Hay que hacer un llamado también a toda la ciudadanía de que haga un uso más eficiente y responsable en los consumos. Recordemos que la factura son dos componentes que te inciden a ti como usuario o que nos inciden a todos nosotros como usuario. Uno es el precio y otro es la cantidad”.

Castañeda, por su parte, sostuvo que la solución a los problemas de expansión pasa por “generar confianza”, hacer subastas exitosas con mecanismos regulatorios adecuados y destrabar los proyectos que enfrentan obstáculos de licenciamiento, conflictos con comunidades o problemas de seguridad.

En vísperas de la temporada navideña y ante la amenaza de fenómenos climáticos como El Niño, Manzur recomendó a los usuarios adoptar medidas de ahorro energético, como limitar el uso de luces decorativas y desconectar artefactos que no se utilicen.

Qué solución propone el Gobierno Petro

Durante la XXI Jornada de Distribución de Energía Eléctrica organizada por Asocodis, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma Egea, comunicó que el Gobierno nacional implementó el mecanismo de cesión de derechos de subsidios, encaminado a mejorar la liquidez de las empresas eléctricas y estabilizar el flujo financiero del sector.

Palma precisó que “hemos avanzado en la cesión de derechos de subsidios que permiten liquidez a las compañías. Esta iniciativa ya está materializada y demuestra que avanzamos también en el diálogo”.

Así las cosas, el funcionario indicó que bajo este mecanismo ya se hicieron negociaciones con desembolsos cercanos a $300.000 millones y que prevé gestionar otros $600.000 millones por medio de la Financiera de Desarrollo Nacional. Además, anticipó que a comienzos de 2026 se efectuará un nuevo desembolso de subsidios con recursos del Presupuesto General de la Nación. Según él, estos recursos “permitirán consolidar la recuperación financiera del sistema eléctrico y garantizar la continuidad y calidad del servicio en todo el país”.

Respecto a la focalización de los subsidios, Palma señaló el interés del Gobierno en revisar la propuesta de Asocodis para que la reducción en el pago de subsidios se aplique según el nivel de consumo, con lo que se priorice a los sectores de menores ingresos. “Lo que no podemos permitir es que el Presupuesto General de la Nación siga asumiendo un gasto creciente en subsidios. No se trata de quitar los subsidios a quienes los necesitan, sino de evitar que personas con capacidad de pago sigan recibiéndolos”, afirmó el ministro.

También anunció la presentación de un plan de choque la próxima semana para asegurar el suministro de gas a precios razonables y reiteró los avances en transición y seguridad energética, con 2,4 gigavatios listos para conexión en la Costa Caribe y la reasignación de 5,8 gigavatios hacia nuevos proyectos. Advirtió que las obras de expansión continuarán y, en caso de inacción por parte de los operadores de red, el Gobierno subastará los proyectos.

Sobre la situación de la empresa Air-e, el ministro sostuvo: “Seguiré tomando decisiones políticas para garantizar el servicio de Air-e en la Costa Caribe. El problema de Air-e no es solo de los costeños, es de todo el país”. Finalmente, manifestó la disposición del Gobierno para continuar en el diálogo regulatorio ante la Creg y analizar alternativas para la sostenibilidad del sistema eléctrico: “todas las puertas y voluntades están abiertas. No vamos a hacer nada que agrave la situación de las compañías de distribución ni que afecte el sistema eléctrico”.