
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) transformó la estrategia de fiscalización digital que utiliza y puso a temblar a millones de empresas en Colombia. Gracias a un sistema basado en analítica avanzada y cruce automatizado de datos fiscales y bancarios, la entidad puede frenar la operación de una de estas en cuestión de minutos. El mecanismo resultó en miles de embargos y medidas cautelares durante 2025, lo que afectó la liquidez y la reputación de compañías de todos los tamaños.
El funcionamiento de la nueva vigilancia digital se apoya en la capacidad de la entidad para comparar, en segundos, la información de facturación electrónica, extractos bancarios, nómina y declaraciones tributarias.
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Al respecto, la socia de Auditoría de Crowe Co Yaneth Romero explicó que la fiscalización “ya no llega por sorpresa; ocurre todo el tiempo, a través de sistemas que cruzan datos de facturación, nómina y cuentas bancarias”. Así las cosas, si el sistema detecta una diferencia, como un soporte pendiente, un anticipo sin cruce o un registro que no coincide, se genera una alerta que puede escalar hasta convertirse en una medida cautelar.

Romero enfatizó que “la clave está en la coherencia de la información: lo que se factura, se declara y se registra debe coincidir”.
Impacto es inmediato
El impacto de estas acciones es inmediato. Solo en septiembre de 2025 la Dian programó más de 7.800 visitas, aplicó 3.400 medidas cautelares y ejecutó 930 embargos de créditos basados en facturación electrónica. Dichas medidas buscaron cubrir una cartera cercana a $400.000 millones por embargos de créditos y cerca de $1 billón por medidas cautelares sobre sumas de dinero. La afectación no distingue tamaño ni sector: cualquier empresa puede ver comprometida su operación y flujo de caja si se detecta una inconsistencia.
Otro detalle que ejerce más presión es el momento económico del país. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) reportó que la economía colombiana creció 2,1% en el segundo trimestre de 2025 y acumuló un avance de 2,4% en el primer semestre, cifras que reflejan un ritmo menor al esperado para la recuperación.

Por su parte, la Dian informó que entre enero y agosto de 2025 el recaudo alcanzó $197,6 billones, un incremento cercano al 10% respecto al año anterior, aunque todavía por debajo de la meta anual de $280,3 billones fijada por el Gobierno.
En este escenario, el margen de error para las empresas es mínimo, ya que el crédito resulta más costoso, las ventas avanzan lentamente y la presión fiscal se mantiene alta.
La vigilancia digital de la entidad tributaria se concentra en tres frentes principales, según detalló la experta:
- Ingresos y deducciones (diferencias sin soporte o anticipos no conciliados).
- Nómina y seguridad social (pagos no salariales o contratistas que en la práctica actúan como empleados).
- Operaciones con socios o accionistas (préstamos, aportes o provisiones sin respaldo documental).
Entonces, cualquier inconsistencia en estos aspectos puede derivar en sanciones o embargos inmediatos. Por eso, para anticiparse a los riesgos, la recomendación de los expertos es clara. Romero aconseja a las empresas revisar su información contable y fiscal de forma preventiva y adoptar controles internos rigurosos.
Control interno oportuno
“Un control interno oportuno puede ahorrar hasta 20 veces más que corregir después de un proceso de fiscalización que derive en un embargo”, señaló. Además, sugirió implementar conciliaciones contables frecuentes y hacer revisiones cruzadas entre la facturación, la nómina y las cuentas bancarias, ya que el monitoreo de la Dian es constante y no responde a ciclos periódicos.
En este nuevo entorno, la fiscalización digital exige a las empresas una vigilancia permanente sobre la coherencia de sus datos. Una mínima diferencia puede activar una intervención inmediata, pues la autoridad fiscal ahora actúa sobre la información en tiempo real y no sobre hechos pasados.
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