Escándalo en la Ungrd: Corte Suprema cierra fase probatoria contra cinco congresistas y un exrepresentante

La Corte Suprema de Justicia concluyó la fase probatoria de la investigación contra cinco congresistas en ejercicio y un exrepresentante a la Cámara vinculados al escándalo de presunta corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Esta decisión marca el cierre de una etapa relevante dentro del proceso que examina supuestos acuerdos para condicionar votos a cambio de la asignación de contratos a allegados de los investigados.

El proceso se centra en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, donde, según la investigación, los implicados habrían condicionado su voto sobre proyectos solicitados por el gobierno nacional a la entrega de contratos otorgados por la UNGRD en los municipios de Saravena (Arauca), Cotorra (Córdoba) y Carmen de Bolívar.

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Los nombres relacionados en este expediente incluyen a los senadores Juan Pablo Gallo y Liliana Bitar; los representantes Karen Manrique, Wadith Manzur y Julián Peinado; así como el excongresista Juan Diego Muñoz. Estos funcionarios, según la investigación en curso, están señalados de promover o permitir la asignación de contratos a través de terceros cercanos como contraprestación por su respaldo en la Comisión de Crédito Público.

Durante la fase de recolección de pruebas, el magistrado Misael Rodríguez recibió testimonios y elementos documentales relacionados con el mecanismo bajo indagación. Entre ellos, declaraciones como la de la exasesora María Alejandra Benavides, quien detalló las prerrogativas de los miembros de la comisión investigada para obtener citas y acelerar trámites administrativos.

En una de sus intervenciones, Benavides afirmó que “recuerdo que había congresistas que esperaban citas por meses, algunos llegaron a durar hasta un año esperando la cita. Sin embargo, a los miembros de las comisiones terceras y específicamente a los miembros de la interparlamentaria de crédito público, sus citas salían mucho más rápido”.

Esta declaración fue incorporada en el proceso como sustento de la presunta existencia de tratos diferenciados a quienes patrocinaban proyectos relacionados con endeudamiento público.

El expediente también recopila otros testimonios y material de comunicaciones presentado durante la fase probatoria, con el objetivo de esclarecer la posible existencia de un esquema en el que contratos para la gestión de emergencias servían como contraprestación por el voto parlamentario.

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia se encuentra en la etapa de calificación del sumario con base en las pruebas recopiladas. El cierre de la fase probatoria permite que la Sala determine si aprueba formalmente la culminación de la instrucción y, en caso positivo, que el magistrado Misael Rodríguez decida si formula llamado a juicio a los seis exfuncionarios investigados.

Cabe mencionar que las partes involucradas pueden presentar recursos de reposición o solicitar la práctica de nuevas pruebas antes de que la sala adopte una decisión definitiva. Los investigados aún conservan la posibilidad de apelar ante la misma sala para ampliar la recolección de evidencia, replicando estrategias recientes de otros congresistas bajo proceso.

El entramado en investigación forma parte de uno de los casos con mayor repercusión reciente en la gestión pública. El presunto intercambio de votos por contratos en la UNGRD ha generado diversas líneas de investigación, algunas de las cuales han señalado la asignación de recursos y proyectos a través de intermediarios en municipios específicos.

Las pesquisas incluyeron pruebas sobre la aprobación de créditos internacionales requeridos por el gobierno durante 2023 y la manera en que estos votos habrían facilitado obras o contratos públicos para personas afines a los congresistas. El proceso también indaga la intervención de funcionarios del Ejecutivo que habrían promovido o facilitado los procedimientos para asegurar el respaldo legislativo.

El cierre de la etapa probatoria no significa la finalización inmediata de la investigación ni la formulación definitiva de una acusación. Las defensas pueden impulsar nuevas solicitudes de pruebas, así como apelar cualquier decisión sobre la conclusión de esta instancia. Solo tras la revisión y resolución de recursos, la Sala de Instrucción decidirá si hay lugar a juicio oral contra los investigados.