El arroz es uno de los alimentos que por excelencia debe estar en las comidas de los colombianos. No obstante, aunque se podría considerar que su producción y distribución se realiza cumpliendo con lo establecido por la ley pro parte de las empresas del sector, lo cierto es que, bajo cuerda, existe un mercado ilegal que deja millonarias rentas.
Dicha afirmación quedó en evidencia por un anuncio de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (Dian) que, durante 2024 y lo corrido de 2025, ha incautado 146 toneladas de arroz ilegal que tendrían un valor comercial que supera los $700 millones.
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Según la entidad, la mitad de las incautaciones se registraron en el periodo de 2024, es decir, en ese año fueron 73 las toneladas decomisadas, las cuales tenían un valor que superaba los $321 millones. Por otro lado, en lo corrido de 2025 se han incautado las mismas 73 toneladas de este cereal, pero cuyo valor supera ahora los $379 millones.
Dichas cifras anticipan que, al término de 2025, el país superará las incautaciones reportadas en el año inmediatamente anterior, lo que prende las alertas sobre las prácticas criminales de las organizaciones que se dedican al tráfico ilegal de este alimento que es clave para la gastronomía nacional.
De acuerdo con la información de la entidad aduanera del país, el 76% de estas incautaciones se concentró en el municipio de Ipiales, en el departamento de Nariño. Para las autoridades, esta localidad, situada en la frontera sur del país, se ha convertido en un punto estratégico para el control aduanero, debido a su cercanía con rutas terrestres empleadas para el tráfico ilegal de mercancías.
La información revelada por la autoridad aduanera del país obligó que los controles en fronteras y terminales aéreas y terrestres se intensificaran. Esto involucró la articulación con la Policía Nacional, como parte de una estrategia que busca proteger a los agricultores nacionales que se dedican la producción de arroz.
El objetivo del fortalecimiento de las medidas de las autoridades es también mantener la estabilidad del mercado arrocero del país que, no solo se ve afectado por la producción y el tráfico ilegal, sino por el incremento en los valores de los insumos que los campesinos emplean para la producción del cereal, lo que profundiza la crisis económica de las familias que se sostienen con base en el arroz.
César Augusto Martínez Ariza, director de Gestión de Fiscalización de la Dian, aseguró al periódico El Tiempo que desde la entidad se viene trabajando en tres estrategias con las que pretenden fortalecer los controles aduaneros de productos agrícolas en el país.
“Desde marzo pasado, la Dian ha intensificado su estrategia interinstitucional anticontrabando, en la que participan la Policía Fiscal y Aduanera, el Ejército Nacional de Colombia y el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), para evitar el ingreso ilegal de productos agrícolas al país”, explicó al medio de comunicación citado.
Como parte de la estrategia se implementa un control intensificado e interinstitucional en la frontera sur del país; un control permanente en puntos clave como centrales de abastos y plazas de mercado; y una estrategia regional anticontrabando que involucra a diversas entidades como la Policía Fiscal y Aduanera, el Ejército Nacional y el ICA. Estas acciones buscan frenar la competencia desleal y evitar la entrada de productos ilegales que impactan los precios y la producción nacional.
A esto se le suma, el aumento del personal de la Dian en los controles ubicados en arterias viales estratégicas, como el peaje El Placer en la Vía Panamericana. En este punto, la coordinación interinstitucional juega un papel determinante, dado que se ha extendido para incluir inspecciones y fiscalizaciones en el corredor que va desde Ipiales hasta Cali, con el fin de identificar la procedencia y legalidad del arroz y la papa que circulan en el mercado nacional.
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