Caso Ungrd: revelan chats que sugieren una posible injerencia de la fiscal Luz Adriana Camargo en proceso contra Sandra Ortiz

Unos mensajes de WhatsApp han puesto en el centro del debate la independencia de la Fiscalía General de la Nación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

Estos chats, revelados por Blu Radio y presuntamente intercambiados entre la fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Andrea Muñoz, y el exabogado de la exconsejera presidencial para las Regiones, Sandra Ortiz, sugieren que la fiscal general, Luz Adriana Camargo, habría tenido conocimiento y control sobre decisiones clave en el proceso.

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Ortiz es investigada por supuestamente entregar 3.000 millones de pesos al entonces presidente del Senado, Iván Name, como parte de una presunta red de corrupción en la Ungrd que involucra a exfuncionarios y altos cargos del Gobierno nacional. Entre los señalados también figuran el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Carlos Ramón González, y César Manrique, ambos mencionados en las denuncias como partícipes de la red de desvío de recursos públicos.

Sin embargo, la información revelada no indica que Camargo haya favorecido directamente a Ortiz, sino que sugiere que las decisiones clave sobre la investigación dependían de su aval. Esto contradice su postura pública, según la cual los fiscales delegados tendrían total autonomía para actuar en estos casos.

La conversación entre Andrea Muñoz y el entonces abogado defensor de Ortiz tuvo lugar en marzo de 2025. Para ese momento, Muñoz ya había sido apartada como fiscal titular de la investigación por decisión de Camargo en mayo de 2024, y se desempeñaba como fiscal auxiliar, con funciones principalmente relacionadas con procedimientos internos y comunicaciones.

El primer mensaje, fechado el 24 de marzo, habría sido enviado por Muñoz: “Doctor buenos días. Ayer se solicitó la no remisión de la señora S.O, ya que no se ha podido realizar la reunión con la señora Fiscal. Ayer le timbré en la tarde para avisarle, pero se iba a buzón, por eso le dejo hoy el mensaje. Gracias doctor”.

En términos jurídicos, la “no remisión” significa que un expediente no se traslada a otra autoridad o dependencia hasta que se tomen decisiones de fondo. Este hecho indicaría que ningún avance en el proceso se realizaba sin la consulta previa a la fiscal general.

El 25 de marzo, el abogado de Ortiz envió a Muñoz un enlace de prensa sobre posibles imputaciones en el caso Ungrd. Posteriormente, el 26 de marzo, Muñoz le escribió nuevamente: “La fiscal general está de viaje y no ha podido concretar la doctora María Cristina (Patiño) la reunión con ella, para definir lo de su cliente”. María Cristina Patiño es una de las fiscales delegadas que actualmente lidera la investigación.

El 27 de marzo, luego de una llamada no contestada, Muñoz envió otro mensaje al abogado: “Doctor buenas tardes. Espero esté muy bien. Doctor, para comentarle que ya me hicieron la entrevista los de protección y mañana la tienen con la doctora María Cristina, el tema se está moviendo. La fiscal está por fuera esta semana, entonces la doctora está pendiente de la reunión con ella, igualmente la próxima semana”.

Estos mensajes son relevantes porque muestran que las fiscales a cargo de la investigación no actuaban sin la aprobación de Camargo, incluso después de que ella emitiera una directriz para garantizar la independencia de los fiscales delegados en procesos de alto perfil.

Otro elemento que ha generado cuestionamientos es una resolución emitida en junio de 2025, en la que se negó la solicitud de esquema de protección para las hijas de Sandra Ortiz. El documento fue firmado por Juana Marcela Cárdenas, jefa (e) del Departamento de Protección y Asistencia de la Fiscalía, y en una de sus páginas se lee: “Lo único presentado por la evaluada y su defensa jurídica, fue una matriz de colaboración donde detalla la información que aportaría a la Fiscalía en virtud de un eventual principio de oportunidad que se encontraba negociando y pendiente de autorización por parte de la señora fiscal general de la Nación”.

Este fragmento sugiere que el principio de oportunidad solicitado por Ortiz dependía de la aprobación de Camargo, lo que nuevamente pone en duda la independencia que la fiscal general ha manifestado públicamente.

Camargo reaccionó a esta publicación asegurando que el documento contenía un error administrativo y anunció que pediría su corrección: “No existe ninguna actividad pendiente de aprobación de mi parte, como lo reitera la conducta que yo he seguido desde el día uno frente a la Fiscalía y como lo pueden certificar todos los fiscales y directores que han tramitado principios de oportunidad”, afirmó en rueda de prensa.

Agregó que “a quien se niega la protección se le deben dar razones verdaderas sobre esa negativa y no razones simuladas. Esa es una razón simulada y es ahí donde está la falsedad”, insistiendo en que no intervino en la decisión.