María Alejandra Benavides reapareció y puso a temblar a los salpicados en caso de Ungrd: “Está entregando toda la información que tiene”

María Alejandra Benavides, exasesora del Ministerio de Hacienda y figura cercana al ex jefe de cartera Ricardo Bonilla, se presentó ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, donde rindió testimonio como testigo clave en dos investigaciones distintas relacionadas con el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

Durante dos jornadas, Benavides declaró por más de ocho horas ante dos magistrados, en su primera cita, estuvo en el despacho de la magistrada Cristina Lombana, donde habló sobre el proceso que involucra al senador Julio Elías Chagüi. Luego, se presentó ante el magistrado Misael Rodríguez, que lidera las investigaciones contra cinco legisladores y un excongresista de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, señalados de recibir contratos a cambio de aprobar créditos solicitados por el Ministerio de Hacienda.

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Aunque Benavides no se pronunció públicamente, su abogado, Jaime Andrés López, sí entregó declaraciones a la prensa. Confirmó que su clienta continuará colaborando con la justicia. “Ella está dando y entregando toda la información que tiene. Yo soy respetuoso, todos somos respetuosos del proceso, de las garantías procesales de todos los sujetos procesales (…) por supuesto, como defensor de María Alejandra, estoy acá para decirles que se han cometido injusticias en contra de ella y ella está reconociendo lo que tiene que reconocer ante la justicia”, señaló.

Además, el abogado defensor se refirió a las condiciones de seguridad que rodean a su clienta, destacando que existen antecedentes de amenazas en su contra y que estas fueron debidamente reportadas: “Siempre se lo pedimos y lo reiteramos ante todas las instancias y nuevamente ante ustedes, los micrófonos y la Audiencia Nacional. La seguridad de María Alejandra es fundamental, la de ella y la de su familia”. Según López, la Fiscalía mantiene un esquema de protección activo y, hasta ahora, no se registran nuevas amenazas.

Las diligencias hacen parte de su compromiso dentro del principio de oportunidad que firmó con la Fiscalía General de la Nación, lo cual le permite recibir beneficios judiciales a cambio de aportar información relevante sobre el entramado de corrupción en la Ungrd y su conexión con decisiones tomadas desde el Congreso y el Ministerio de Hacienda.

De acuerdo con lo adelantado en el proceso, Benavides entregó detalles sobre los procedimientos internos de aprobación de créditos, las presiones que habría recibido y las conversaciones que sostuvo con algunos de los funcionarios investigados. Su papel como asesora le habría dado acceso a información clave sobre cómo se estructuraron algunos de los contratos cuestionados.

Su testimonio fue considerado por los investigadores como una pieza central para determinar el grado de participación de los congresistas en los hechos. Las declaraciones buscan establecer si existió un acuerdo entre legisladores y funcionarios del Ejecutivo para direccionar recursos públicos mediante la aprobación de créditos que, posteriormente, terminaron beneficiando a contratistas cercanos a ciertos sectores políticos.

Por ahora, la Corte mantiene la reserva sobre el contenido completo de sus declaraciones, pero el hecho de que se hayan citado nuevas sesiones con Benavides indica que su colaboración continuará y que su testimonio está siendo tomado en cuenta por los magistrados.

La exasesora del Ministerio de Hacienda se convirtió en una figura central dentro de las investigaciones por corrupción que involucran a la Ungrd y al Instituto Nacional de Vías (Invías). Su papel ya no se limita a una funcionaria de bajo perfil, puesto que es testigo clave en dos procesos penales y entregó información que compromete a más de 30 personas, entre ellas funcionarios de alto nivel, congresistas y al mismo exministro Ricardo Bonilla.

Benavides firmó un principio de oportunidad con la Fiscalía, lo que le garantiza inmunidad penal a cambio de colaboración activa con la justicia. Como parte de este acuerdo, se comprometió a declarar en contra de al menos 39 personas. Su testimonio describe con detalle cómo operaba la asignación de “cupos indicativos” —recursos del presupuesto nacional— que, según su versión, eran entregados a congresistas a cambio de respaldo político al Gobierno.

En la investigación por la Ungrd, Benavides aportó pruebas que apuntan a una estructura de corrupción en la que varios legisladores habrían recibido beneficios económicos para facilitar la aprobación de créditos y recursos, todo bajo una fachada institucional. Parte de esos fondos habrían sido canalizados mediante contratos direccionados, avalados desde instancias del Ejecutivo.

Además, su nombre aparece vinculado a una segunda línea de investigación, esta vez relacionada con posibles irregularidades en contratos del Invías. En ese caso, la Fiscalía indaga si Benavides habría facilitado la adjudicación de contratos a empresas relacionadas con políticos, favoreciendo intereses particulares a través de procesos amañados.