En medio del paro arrocero que se vive en el país a cusa de la molestia de los cultivadores con el precio del producto, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo detalló que las importaciones de este, legalmente hechas, no son el origen de la problemática que enfrentan los productores de este cereal.
Un análisis hecho por la cartera señala que, en lo corrido del año hasta abril, las importaciones de este producto desde todos los orígenes cayeron 75%, y las que se hacen solo desde Estados Unidos disminuyeron un 92% en el mismo periodo.
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Así lo explicaron representantes de la cartera en todas las mesas de trabajo que lideró el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural con los arroceros del país. La ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Marcela Morales, afirmó que desde la competencia del Ministerio se contribuyó a promover soluciones a las problemáticas del sector con dos enfoques.
Entonces, “uno, es el análisis de la viabilidad de mecanismos de defensa comercial orientados a proteger a los productores nacionales. Y dos, con la realización de actividades de promoción y desarrollo empresarial para abrir los mercados internacionales al arroz colombiano”.
Trabajo con las autoridades
Además, se trabaja de manera articulada con las autoridades competentes para implementar acciones dirigidas al control del contrabando técnico y abierto en la frontera con Ecuador.
Es el caso de la visita a Ipiales (Nariño), liderada por las ministras de Comercio y la de Agricultura, Martha Carvajalino, y en donde se llevó a cabo la jornada interinstitucional de alto nivel con autoridades locales y regionales, se articularon los esfuerzos que se deben trabajar en la frontera porque hay una alta probabilidad de que se presente contrabando (técnico y abierto) y que estén afectados los precios del arroz en el mercado colombiano.
Así las cosas, la cartera informó que se dará todo el apoyo a esa estrategia anticontrabando regional que lidera la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), y en la que también participan el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa), el nstituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) y actores del sector privado.
Voluntad para conversar
Por otro lado, la cartera puso a disposición toda la experticia técnica para lograr mejoras en la situación actual que atraviesa el gremio arrocero. Se mantiene toda la voluntad para seguir conversando con todos los actores de la cadena productiva arrocera, especialmente con los productores, que son la prioridad para el Gobierno.
Por su parte, el viceministro de Comercio Exterior, Luis Felipe Quintero, que acompañó la mesa de trabajo del 17 de julio, reiteró todo el compromiso y disposición del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para avanzar en los diálogos que lleven a una pronta y definitiva solución a la problemática que enfrenta el sector arrocero del país.
Reiteró que, ante el llamado del Ministerio de Agricultura, la cartera de Comercio analiza todos los instrumentos que en materia comercial estén disponibles, y que, en el marco de la normativa, se puedan aplicar para atenuar o mitigar la problemática del sector arrocero.
Por qué sigue el paro arrocero
Lo que se preveía como el inicio de un proceso de concertación para desescalar la crisis del arroz en Colombia, terminó con un nuevo episodio de descontento por parte del gremio. La representación del sector arrocero decidió levantarse de la mesa de negociación instalada con el Gobierno nacional con el argumento de la falta de condiciones mínimas para un diálogo efectivo.
La gota que colmó la paciencia de los líderes del paro fue la inasistencia de las ministras de Agricultura y Comercio, Industria y Turismo, Martha Carvajalino y Diana Marcela Morales, respectivamente, presencia se consideraba determinante para avanzar en compromisos concretos.
Para los representantes del Comité Nacional Arrocero, la ausencia de las funcionarias no puede interpretarse como un simple contratiempo logístico. La decisión de posponerse la reunión de este calibre fue leída como una muestra de desinterés institucional hacia un conflicto que ya acumula pérdidas multimillonarias, paraliza regiones enteras y mantiene en vilo a más de 16.000 productores.
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