Lo que prometía ser un proyecto de mejoramiento vial para transformar barrios clave de Soacha se ha convertido en una pesadilla para cientos de ciudadanos y comerciantes. Las obras, abandonadas desde hace más de seis meses, no solo han dejado calles destruidas y convertidas en terrenos peligrosos, sino que han puesto en riesgo más de $8.000 millones de recursos públicos.
A esto se suman los millonarios perjuicios económicos para pequeños empresarios, los riesgos sanitarios y la sensación de inseguridad permanente entre los habitantes.
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Según denunció la representante a la Cámara por Cundinamarca Alexandra Vásquez, el contratista Epuxua, encargado del proyecto, recibió un anticipo superior a los $5.000 millones y una cuota de gerencia por más de $600 millones, pero abandonó varios frentes de obra y ni siquiera ha iniciado otros estipulados en el contrato.
Obras abandonadas, calles intransitables y comerciantes en crisis
Barrios como Danubio, Villa Luz, Prado Vegas, Olivos Tercer Sector y La Esperanza - Villa Sandra, que debían beneficiarse de este contrato, hoy se encuentran con calles rotas, andenes inexistentes, aguas negras corriendo a cielo abierto y huecos sin señalización que ponen en riesgo a peatones y conductores. La situación es tan grave que muchos vecinos prefieren no salir de sus casas al caer la noche por miedo a accidentes o atracos.
“El objetivo del proyecto era gestionar de manera integral el mejoramiento y construcción de la infraestructura vial urbana en Soacha, por lo que era esencial disponer de estudios en estos sectores, estudios que no se hicieron”, explicó la congresista. A siete meses de finalizar el plazo contractual de 15 meses, el avance es prácticamente nulo, y en muchos sectores lo único que hay son pancartas promocionales del alcalde Julián Sánchez Perico, con su eslogan “Soacha es el Plan”.
De hecho, Vásquez fue enfática en denunciar que estas pancartas no solo son prueba del abandono de la obra, sino también de la violación de la ley Chao Marcas, al utilizar un proyecto financiado con recursos públicos para la autopromoción del mandatario local.
Pero el drama no solo se vive en la infraestructura. Más de 50 comerciantes de zonas afectadas han reportado pérdidas mensuales superiores a los $7 millones cada uno. El polvo, la imposibilidad de recibir clientes, el caos vial y los malos olores generados por las aguas negras han convertido sus negocios en espacios inviables.
Irregularidades administrativas y falta de control
La situación se agrava por la falta de transparencia y supervisión. Según la representante Vásquez, “en Secop no reposa información relacionada con la interventoría y/o supervisión del contrato en cuestión, lo que vulnera la ley”. Esto ha encendido las alertas sobre el posible mal uso de los recursos entregados, ya que no hay evidencia de que los $5.486 millones desembolsados estén siendo ejecutados conforme al cronograma.
Además, se suma la figura del exsecretario de Despacho, Luis Roberto González Peñaloza, que autorizó los desembolsos antes de dejar el cargo en febrero de 2025. “Fue el ordenador del gasto y quien autorizó este cuantioso desembolso. Ahora nadie les da la cara a los ciudadanos, en especial en las zonas que se han visto principalmente afectadas por el abandono de estas obras, que son los barrios de Prado Vegas y Danubio”, subrayó Vásquez.
Ante la falta de ejecución, la congresista advirtió que se configura un daño directo al patrimonio público, incumpliendo el principio de eficacia del gasto público.
Frente a este panorama de desidia, afectaciones económicas y posibles faltas disciplinarias y fiscales, Vásquez informó que ya interpuso las correspondientes quejas y solicitudes de investigación fiscal ante la Procuraduría General de la Nación y Contraloría General de la República, “para que se sancionen a los responsables de tener a la comunidad y a los comerciantes viviendo una pesadilla en medio de roedores, aguas negras y millonarias pérdidas económicas”, concluyó.
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