Corte Suprema citó al senador del Centro Democrático José Vicente Carreño, por presunta desaparición forzada de un joven en Arauca

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia citó al senador del Centro Democrático, José Vicente Carreño, para que rinda su versión sobre una investigación en su contra por presuntos vínculos con grupos paramilitares en el departamento de Arauca.

La diligencia está citada para el miércoles 2 de abril a las 2:30 p.m., a cargo de la magistrada Cristiana Lombana, que ha considerado que existen elementos suficientes para avanzar en el caso contra el actual parlamentario araucano.

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Los hechos están relacionados con la desaparición forzada del joven Alejandro Santiesteban Alarcón, ocurrida en el municipio de Tame, Arauca, en el año 2003. Este caso hace referencia a una incursión del Bloque Vencedores de Arauca, un grupo paramilitar que operaba en la región para la época mencionada.

Según testimonios recopilados por extintos integrantes de grupos armados en el proceso de Justicia y Paz, Jose Vicente Carreño, que para en ese momento se desempeñaba como agente de policía en el municipio araucano, habría facilitado el ingreso de este grupo armado al área.

“El postulado Julio César Contreras indica que en esa incursión tuvieron colaboración de la Policía. Refiere el postulado detalles de la incursión al barrio La Unión, en la ciudad de Tame. Refiere que para esa operación había entre 25 combatientes. Refiere que un policía de apellido Carreño, que ahora es político en Arauca, colaboró con la organización”, declaró Julio César Contreras, conocido como alias Chapulín, testimonio revelado por El Tiempo.

Dicho grupo paramilitar fue responsable de múltiples crímenes en la región, incluyendo desapariciones forzadas y asesinatos selectivos.

La investigación contra Carreño se centra en determinar su presunta participación en estos hechos y su posible colaboración con los paramilitares. La desaparición forzada es un delito de lesa humanidad que, según el derecho internacional, no prescribe, lo que permite que casos como este sean investigados incluso décadas después de ocurridos.

Esta no es la única investigación que el senador Jose Vicente Carreño mantiene con la justicia. De hecho, está previsto que ante la misma sala de la Corte Suprema de Justicia rinda su versión acerca de una investigación por presunto soborno a un oficial de la Policía, a cambio de un millonario contrato.

Frente a este caso, los hechos se remontan al 14 de noviembre de 2024, cuando Juan Camilo Forero, uno de los integrantes de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) del senador José Vicente Carreño, había sostenido un encuentro con el entonces subdirector de la Policía nacional, general Nicolás Alejandro Zapata Restrepo.

Según la investigación, Forero, que se desempeñaba como asesor del senador opositor, se había reunido con el alto oficial para indagar sobre un convenio valorado en más de 120.000 millones de pesos. No obstante, la indagación preliminar señala que el funcionario de Carreño había ofrecido un soborno 3.500 millones de pesos para que ese contrato específico fuera adjudicado a favor del congresista.

El contrato en cuestión, según las investigaciones, está relacionado con la adjudicación de una póliza grupal de amparo, un servicio que podría representar un alto valor económico. Este tipo de contratos suelen ser objeto de estrictos procesos de licitación, lo que hace que cualquier intento de manipulación o soborno sea considerado un delito grave. En este caso, la Fiscalía sostiene que el asesor del senador Carreño habría intentado influir de manera ilícita en el proceso de adjudicación.

De acuerdo con información revelada por El Colombiano, varios documentos demuestran la participación de distintas Uniones Temporales (UT) en la licitación para los seguros de la Policía. La primera de ellas fue conformada por Mapfre y Aseguradora Solidaria de Colombia, mientras que una segunda agrupó a otras cuatro grandes aseguradoras: HDI Seguros, Compañía Mundial de Seguros, SBS Seguros Colombia y Colmena Seguros de Vida.

Según información a la que tuvo acceso el medio antes citado, las dos aseguradoras estatales, Positiva Seguros del Estado y Previsora Seguros, también crearon una UT para competir por el contrato. Esta última, sin embargo, ha sido objeto de múltiples denuncias internas e irregularidades.

Por estos hechos, Forero fue detenido por las autoridades, donde la Fiscalía le imputó el delito de cohecho por dar un ofrecer, cargos que no fueron aceptados por el procesado. Sin embargo, un juez lo dejó con libertad condicional, pero seguirá vinculado al caso judicial.

Frente al caso en cuestión, el senador del Centro Democrático ha manifestado su inocencia de la investigación, y señaló que confía en que la justicia actuara a su favor, pero que representa un duro golpe para su proyecto político.

“Dos golpes muy fuertes, uno a mi amada institución de la Policía Nacional y otro a un funcionario, a un profesional, a un amigo que trabaja conmigo desde hace muchos años y yo le creo porque no soy yo juez para determinar una investigación”, respondió en declaraciones a W Radio.