La Corte Suprema de Justicia tomó la decisión de asumir el proceso penal contra el actual ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, que enfrenta acusaciones por presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho. Según informó la Fiscalía General de la Nación, los hechos que motivan esta investigación se remontan a 2008, cuando Sanguino se desempeñaba como concejal de Bogotá. La decisión de trasladar el caso al alto tribunal responde al fuero especial que ostenta el ministro como miembro del gabinete del presidente Gustavo Petro.
De acuerdo con la Fiscalía, la acusación contra Sanguino está relacionada con la adjudicación del proyecto de construcción del Hospital de Usme, durante la administración del exalcalde Samuel Moreno. Con base en las investigaciones, Sanguino habría utilizado su posición como concejal para presionar el nombramiento de una persona de su confianza en la gerencia del hospital, con el objetivo de controlar la contratación del centro médico y beneficiar a contratistas vinculados al escándalo del ‘Carrusel de la Contratación’.
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El caso, inicialmente manejado por la Fiscalía, será ahora liderado por el fiscal séptimo delegado ante la Corte Suprema de Justicia, que se encargará de continuar con las investigaciones y determinar los pasos a seguir en el proceso judicial. Según consignó el ente judicial, uno de los principales testigos en este caso es el empresario Julio Gómez, quien señaló que en la adjudicación de contratos relacionados con el hospital se habría establecido una comisión del 10% para Sanguino.
Además, la Fiscalía indicó que el entonces concejal buscaba obtener un posicionamiento político en la localidad de Usme a través del control del hospital. Durante la audiencia de imputación de cargos, celebrada el 30 de octubre de 2024, se afirmó que Sanguino habría utilizado indebidamente su cargo para obtener beneficios personales y políticos.
La fiscal auxiliar que participó en la audiencia destacó que la investigación también involucra a otras figuras políticas de la época, como el fallecido exalcalde Samuel Moreno y el entonces secretario de Salud, Héctor Zambrano, que habrían participado en acuerdos para repartir porcentajes de las ganancias provenientes de los recursos destinados al hospital.
En sus declaraciones, Sanguino calificó las acusaciones como infundadas y expresó su confianza en que el proceso judicial demostrará su inocencia. “La Fiscalía pretende formular una acusación por un presunto e inexistente tráfico de influencias basado en hechos de hace 17 años. Sin embargo, ni la Fiscalía ni la Corte han podido construir una acusación formal”, afirmó.
El ministro también subrayó que este proceso no afectará su labor en el Gobierno y pidió confianza en su gestión. “Puedo decirle al país con total seguridad que confíe en mi gestión”, concluyó. Por su parte, la jueza de conocimiento que supervisa el caso enfatizó la importancia de que todos los registros del proceso queden documentados en audio, asegurando la transparencia del procedimiento.
En los próximos días, la Corte Suprema de Justicia asumirá formalmente el expediente y definirá los siguientes pasos en el proceso contra el ministro. La Sala de Primera Instancia del alto tribunal será la encargada de determinar si existen méritos suficientes para abrir un juicio formal. Mientras tanto, Sanguino continuará vinculado al caso en calidad de investigado y podrá presentar las pruebas que considere necesarias para su defensa.
El ministro ha rechazado categóricamente las acusaciones en su contra. En declaraciones a Colprensa, Sanguino afirmó que no existe ninguna conducta que configure un delito y aseguró que la persona nombrada como gerente del hospital obtuvo el cargo mediante un concurso público. Además, señaló que la investigación ha permanecido abierta durante años sin avances significativos y que ha solicitado su archivo.
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