Así fue la reforma laboral de Álvaro Uribe Vélez hace más de 20 años: por qué favoreció a unos y hundió a otros

La Ley 789 de 2002, impulsada por el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, introdujo cambios importantes en las condiciones laborales de los trabajadores colombianos, mismos que todavía generan controversia y críticas de diversos sectores sociales. La reforma, que en un principio se justificó como una medida para reducir el desempleo –que en ese entonces se situaba en un 16% –, es señalada por expertos como perjudicial para los trabajadores y beneficiosa para los empresarios.

Antes de la entrada en vigor de esta ley, la norma establecía que la jornada laboral diurna tenía lugar entre las 6:00 a. m. y las 6:00 p. m., mientras que la de la noche se iniciaba a las 10:00 p. m. y terminaba a las 6:00 a. m. Después de la reforma, la jornada diurna se extendió hasta las 10:00 p. m., con lo que se redujo el horario considerado nocturno. Esto eliminó el pago del recargo adicional que los empleados recibían por trabajar en horas extras o nocturnas, que antes representaba un 35% más sobre el salario base.

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El cambio supuso una importante pérdida económica para los trabajadores que desempeñaban labores en horario nocturno, ya que, de acuerdo con un informe denominado “La reforma laboral de Álvaro Uribe que favoreció a los empresarios y hundió a los trabajadores” de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), “al desaparecer todo tipo de recarga, el impacto negativo para el trabajador es doble: se limita a recibir solo el valor de un día ordinario de trabajo, además que no goza del derecho al día compensatorio”.

Otro de los apartados que desató críticas fue la disminución en los recargos dominicales y festivos. Según lo estipulado por la Ley 789 de 2002, la remuneración extra por estos días pasó del 100% al 75%, lo que significó una reducción importante para los ingresos de millones de trabajadores que dependían de los turnos en estos horarios. El cambio generó una percepción generalizada de que la reforma impulsó un desequilibrio entre los beneficios para empleados y empresarios.

En palabras de Pares, que tiene como director a León Valencia, “el trabajador debió sacrificar el 66,6% del valor total que por el dominical percibía antes de la reforma”. Por ejemplo, esta explica que un trabajador convencional dejó de recibir $14.457 adicionales (equivalentes al valor de un día ordinario de trabajo) en comparación con lo que habría ganado antes de los cambios introducidos por el gobierno de Uribe.

La reforma incluía metas optimistas en cuanto a la generación de empleo, en donde se partía de la premisa de que los cambios incentivarían la creación de al menos 60.000 puestos de trabajo. Sin embargo, los resultados no cumplieron las expectativas iniciales.

Según datos del Observatorio del Mercado de Trabajo y Seguridad Social (Omtss), “durante el segundo semestre de 2003 solamente 62.000 asalariados del sector privado urbano trabajaron 36 horas semanales (1,3% del total), y no de todos ellos se tiene la certeza de que hayan sido vinculados bajo la modalidad de turnos continuos de seis horas diarias”.

A su vez, la extensión de las jornadas laborales sin recargo adicional intensificó el problema. La regulación, que en un inicio se aplicaba solo a ciertas actividades desde la Ley 50 de 1990, se amplió en 2002 a todas las empresas con operaciones ininterrumpidas. Esto, señalan múltiples sectores, afectó la calidad de vida de los empleados y deterioró sus condiciones de trabajo.

En la actualidad, algunos congresistas vinculados al uribismo se pronunciaron en contra de iniciativas legislativas que pretenden revertir estos cambios y restablecer los derechos laborales anteriores a la reforma de 2002. Incluso, varios de ellos firmaron la ponencia de archivo del proyecto del Gobierno Petro. Según Pares, estos congresistas “comparten sus profundas raíces uribistas” y se dedicaron a frenar cualquier debate que podría favorecer a los trabajadores en detrimento de los intereses empresariales.

Para muchos analistas, la posición del expresidente Álvaro Uribe sobre este tema está orientada de manera exclusiva a impedir una nueva reforma laboral que busque devolver beneficios a los empleados. La fundación resaltó que dicha postura “ayudó a que los ricos en este país fueran más ricos y los pobres más pobres”.

A pesar de los debates y de las demandas de diversos sectores para restablecer las condiciones laborales originales, los horarios laborales no se revirtieron por completo. En 2017, la norma definió que la jornada laboral diurna finaliza a las 9:00 p. m., un cambio mínimo comparado con el modelo original de 1950.

Al analizar los efectos acumulativos de la reforma en el último par de décadas, la Fundación Paz & Reconciliación señaló cómo la falta de compensaciones adicionales y el “sacrificio de los trabajadores” han profundizado las desigualdades económicas.