Consulta popular de Petro para revivir la reforma laboral está en veremos por trámite que exigen empresas al Gobierno

En Colombia siguen las reacciones por el virtual hundimiento del proyecto de reforma laboral del Gobierno de Gustavo Petro en el Senado de la República. Esto, luego de que ocho senadores de la Comisión Séptima de la corporación firmaron una ponencia de archivo contra la iniciativa.

Así las cosas, mientras se espera a que el 18 de marzo el proyecto de ley se caiga de manera definitiva, los gremios del país se mostraron a favor de que este no siga adelante, principalmente, porque genera sobrecostos, no genera empleo, ni ataca la informalidad, argumentos que llevaron a los congresistas a que le dieran la espalda.

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“Desde la mesa directiva, en cabeza mía y en cabeza de la senadora Berenice Bedoya dimos las garantías para que, tanto los partidos de Gobierno, como de oposición e independientes, hicieran un ejercicio de cara a los colombianos”, afirmó la senadora Nadia Blel, del Partido Conservador, una de las congresistas que firmó el archivo de la reforma.

Ahora, luego de que el presidente Petro anunció que buscará sacar adelante el texto, por medio de consulta popular, el Consejo Gremial Nacional (CGN) se pronunció sobre lo que pasa.

El denominado “gremio de gremios”; que preside Camilo Sánchez, por medio de un comunicado, recordó que Colombia es un Estado social de derecho donde las reformas deben debatirse y decidirse en el Congreso de la República, el órgano elegido por los ciudadanos. Por eso, insistió en que “la posición legítima de los senadores de la Comisión Séptima del Senado sobre la reforma laboral es parte de este proceso democrático y debe ser respetada.

Además, que reconocer el papel del Congreso en la deliberación de las reformas es fundamental para nuestro el institucional.

Asimismo, anotó que “mecanismos que busquen desconocer las decisiones del Congreso o ejercer presión a través de movilizaciones generan incertidumbre, afectan la confianza en el país y profundizan la división social. La estabilidad y el desarrollo de Colombia dependen del respeto a la institucionalidad y de un debate técnico, sin imposiciones ni amenazas”.

De igual manera, el CGN reiteró su compromiso con la construcción de propuestas responsables que promuevan empleo formal, acceso a la salud y crecimiento económico, siempre dentro del diálogo democrático y la estabilidad institucional.

Frente al anuncio del presidente Petro de convocar una consulta popular, ante el posible hundimiento de la reforma laboral en la Comisión Séptima del Senado de la República, el Instituto de Ciencia Política (ICP) hizo un llamado a respetar la separación e independencia de poderes, y no instrumentalizar un mecanismo de participación ciudadana para desconocer el proceso político en el Congreso.

De acuerdo con este, la propuesta de consulta popular y la narrativa del “bloqueo institucional” trasladan el debate del contenido de la reforma a una confrontación que busca desconocer la legitimidad del Congreso, por el que votaron más de 18,6 millones de colombianos.

Además, que como ya ocurrió con el anuncio de convocar a una Asamblea Constituyente, esta estrategia busca presionar a las instituciones y debilitar la separación de poderes.

Aclaró que la consulta enfrenta serias limitaciones jurídicas, no está diseñada para discutir reformas complejas, sino para asuntos de trascendencia nacional que puedan resolverse con una pregunta clara y cerrada, requiere mayoría en el Senado, revisión por la Corte Constitucional, y que más de 13 millones de personas que salgan a votar, de las cuales más de seis millones de votos deben hacerlo a favor para que sea vinculante.

El Gobierno insiste en que el Congreso bloqueó la reforma, cuando en realidad este fue el espacio donde se dieron los debates más amplios y representativos.

Sindicatos, microempresarios, académicos y técnicos expusieron la inconveniencia de la iniciativa. Aunque se hicieron ajustes —como la eliminación del artículo sobre el jornal agropecuario—, el proyecto mantuvo rigideces que afectaban la formalización, el empleo juvenil y la viabilidad de las empresas, en un país donde más del 93% de las unidades productivas son micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes).

El “gran acuerdo nacional” fracasó no por falta de espacios, sino porque el Gobierno condicionó el diálogo a la aceptación de su agenda. Un acuerdo legítimo se construye con pluralidad. Insistir en la consulta tras el hundimiento legislativo evade al Congreso y distorsiona el sentido de la participación ciudadana.

El ICP participó en cinco audiencias públicas, donde expuso por qué la reforma laboral no respondía a las necesidades del país ni al mercado laboral. Según el Índice de Afinidad con la Libertad Económica (Iale), tenía baja compatibilidad con las condiciones para generar empleo, inversión y crecimiento. Aumentaba costos y rigidez, sin ofrecer soluciones reales a la informalidad ni a la reactivación económica.

Sus efectos más preocupantes habrían sido los siguientes:

• Sectores estratégicos como el comercio, el turismo, la agroindustria y las plataformas digitales habrían sido gravemente afectados por la eliminación de formas de contratación flexibles. Esta rigidez desconoce la realidad productiva del país.
• En cuanto a los contratos de aprendizaje, el problema no era solo el costo. El Sena no articula la formación con la demanda laboral, y muchas empresas deben monetizar la cuota al no encontrar aprendices con el perfil adecuado. Aumentar esa carga habría implicado más recursos para el Estado, sin resolver la empleabilidad juvenil.
• Restringía la libertad de asociación al eliminar los contratos sindicales.
• Además, el proyecto penalizaba la automatización y la adopción tecnológica con nuevas exigencias, partiendo de una lógica de desconfianza hacia el sector productivo y desconociendo el rol clave de la innovación para el empleo y la competitividad.