Investigan al alcalde de Neiva por presuntos actos de corrupción en contrato de más de $18.000 millones del PAE

La Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía General de la Nación abrieron una investigación formal contra el alcalde de Neiva, Germán Casagua Bonilla, y varios de sus funcionarios, por presuntas irregularidades en la adjudicación del contrato del Programa de Alimentación Escolar (PAE) correspondiente al 2025.

De acuerdo con la información oficial, la investigación abarca presuntos delitos como tráfico de influencias, fraude procesal, conflicto de intereses e interés indebido en la celebración de contratos.

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El caso estaría relacionado con la adjudicación de un contrato que supera los 18.000 millones de pesos a la Unión Temporal UT Propae Neiva 2025, de la cual hace parte la empresa Comercializadora Disfruver S.A.S., según comunicó el medio Asuntos Legales.

Según la denuncia presentada por el abogado Kevin Oliver Keep, presidente de la Veeduría Jurídica Nacional a la Gestión Administrativa del Estado (Veerjurídica), esta empresa habría falsificado documentos para obtener el contrato.

“El alcalde actuó como abogado litigante de Veerjurídica, una entidad sin ánimo de lucro de la que fue presidente”, denunció Keep, que aseguró que esta situación configura un claro conflicto de interés.

De acuerdo con lo que comunicó el medio Nación Colombia, uno de los puntos clave en la investigación es la presunta falsificación de un certificado de inexistencia de sanciones. La empresa Comercializadora Disfruver S.A.S. fue multada en 2019 por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) con 790.850.780 pesos por violaciones al régimen de libre competencia en contratos del PAE en Bogotá.

Sin embargo, en el proceso de contratación en Neiva, la empresa presentó un certificado donde no aparecía ninguna multa, lo que podría configurar fraude procesal y falsedad en documento privado.

Además, según la denuncia, contratistas de la Alcaldía, como Yaneth López Audor y Lisbet Paola Trujillo Rodríguez, contactaron a trabajadores y propietarios de bodegas para gestionar espacios y personal para la empresa beneficiada, antes de que la adjudicación fuera oficial. Esto refuerza la sospecha de un direccionamiento indebido en el proceso.

Según la denuncia de Veerjurídica, dada a conocer por el medio mencionado, la Secretaría de Educación de Neiva habría negociado directamente con la empresa sancionada para garantizarle la adjudicación del contrato, lo que representa una posible violación a los principios de transparencia y libre competencia.

Los delitos que estarían siendo investigados incluyen conflicto de interés, tráfico de influencias, interés indebido en la celebración de contratos, fraude procesal, abuso de función público, falsedad en documento privado.

Hasta el momento, el alcalde Germán Casagua Bonilla no ha emitido declaraciones sobre el proceso en su contra. Ante la gravedad de los hechos, Veerjurídica ha solicitado a la Procuraduría, la Fiscalía, la Contraloría General de la República y la Bolsa Mercantil de Colombia que realicen una investigación exhaustiva y adopten medidas inmediatas. Entre las acciones solicitadas, citada por el portal informativo, están:

• Apertura de una investigación penal contra el alcalde de Neiva, la Secretaría de Educación y los supervisores del contrato.
• Intervención disciplinaria por parte de la Procuraduría General contra los funcionarios involucrados.
• Revisión de la Bolsa Mercantil para determinar la autenticidad de los documentos presentados.
• Anulación del contrato y aplicación de sanciones a los responsables.

La entrega del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en Neiva enfrenta una grave crisis que afecta a 32.000 estudiantes de zonas urbanas y rurales. Según informó el medio Alerta Tolima, la suspensión del programa se debe a presuntas irregularidades en el proceso de adjudicación, entre las que destaca la posible presentación de un documento falso por parte de la empresa contratista. Esta situación ha generado una paralización total en la entrega de alimentos, dejando a miles de niños y jóvenes sin acceso a una fuente esencial de nutrición.

El problema, que ya se extiende por más de 30 días desde el inicio del calendario escolar, ha causado preocupación entre padres de familia, estudiantes y autoridades educativas. Según detalló el medio, el retraso en la implementación del PAE ha provocado malestar generalizado, especialmente entre aquellos estudiantes que dependen de este programa para garantizar su alimentación diaria.

El impacto de esta suspensión no solo se limita a la nutrición de los menores, sino que también podría derivar en un aumento de la deserción escolar. Según declaraciones recogidas por el medio, algunos estudiantes asisten a clases únicamente para recibir los alimentos proporcionados por el PAE, lo que subraya la importancia de este programa como un apoyo fundamental para las familias más vulnerables.