La Ley del Primer Empleo, implementada en Colombia en 2011, se diseñó para impulsar la formalización del mercado laboral, enfocándose en especial en jóvenes menores de 28 años de edad. La norma buscó disminuir la informalidad laboral mediante incentivos fiscales otorgados a las empresas, como descuentos progresivos en impuestos para quienes contrataran a esta población. La medida permitió a las empresas “recibir alivios tributarios a manera de descuento en parafiscales por impuesto de renta de forma progresiva”.
No obstante, de manera complementaria, un estudio conjunto del funcionario del Banco de la República Leonardo Morales y del experto de la Universidad de los Andes Óscar Becerra, analizó dicha iniciativa, en la que abordaron los efectos de la reducción de costos no salariales en el empleo juvenil y los salarios.
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Según el mismo, una reducción del 1% en los costos de nómina podría incrementar la contratación formal entre un 0,53% y un 0,87%, mientras que un aumento del 10% en la carga tributaria resultaría en una disminución del empleo formal de entre un 5% y un 9%.
Evolución favorable, pero...
El efecto de la Ley del Primer Empleo comenzó a manifestarse en el primer trimestre de 2011, apenas entró en vigor. “Hubo una escalada cercana al 0,1% en la generación de empleo”, con una evolución favorable que alcanzó su pico en el tercer trimestre de 2012, llegando al 0,17%. Estos resultados resaltan cómo las medidas fiscales lograron estimular la demanda formal de mano de obra juvenil durante los primeros años de implementación.
Sin embargo, el impacto real a largo plazo no estuvo exento de limitaciones. Según Leonardo Morales y Óscar Becerra, que analizaron datos de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH), las rigideces estructurales del mercado laboral colombiano jugaron un papel determinante en los resultados
Respecto a esto, Morales y Becerra destacaron que “Colombia es un ejemplo de economía con instituciones del mercado laboral que impiden que los impuestos sobre las nóminas repercutan en los salarios. Presenta uno de los salarios mínimos más vinculantes de la región y una alta proporción de informalidad, con la mitad de la población activa trabajando en este sector”.
Desafíos e implicaciones fiscales
Uno de los puntos clave del análisis es el bajo vínculo entre los impuestos parafiscales y los beneficios que estos proporcionan a los trabajadores. Los expertos señalan que “la mayoría del sistema de impuestos sobre la nómina tiene un bajo vínculo impuesto-beneficio, por lo que los trabajadores no están dispuestos a renunciar a su salario a cambio de acceder a los beneficios de los impuestos sobre la nómina”. Así las cosas, las contribuciones parafiscales no lograrán proporcionar incentivos suficientes para las empresas ni beneficios lo suficiente atractivos para los trabajadores.
Además, el estudio destacó que si bien la disminución de impuestos en nómina aumentó la contratación juvenil en el sector formal, el incremento no tuvo un impacto muy importante en los salarios. Como precisaron los economistas, “la reducción de los impuestos sobre la nómina aumentó la demanda de mano de obra en el sector formal para los jóvenes, sin efectos significativos en los salarios”. Esto confirma que, aunque la ley tuvo éxito en mejorar la formalización, los jóvenes contratados no experimentaron mejoras salariales representativas.
El costo de la informalidad laboral en Colombia
La dependencia de la economía informal en Colombia sigue siendo un desafío estructural. Según los analistas, “la mitad de la población activa trabaja en el sector informal”, lo que limita los alcances de políticas como la Ley del Primer Empleo.
Este nivel de informalidad evidencia las barreras existentes para que más personas ingresen al sistema formal y disfruten de los beneficios laborales.
Mirando hacia adelante, surge entonces la necesidad de ajustes complementarios. Esto incluye repensar la proporcionalidad entre cargas tributarias y los beneficios en nómina para optimizar tanto el empleo juvenil como la oferta salarial. Como señalaron Morales y Becerra, una alternativa podría ser priorizar medidas enfocadas en flexibilizar la mayor rigidez salarial que caracteriza al mercado laboral colombiano.
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