La Procuraduría General de la Nación solicitó a la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenar al exsenador del Centro Democrático, Ciro Ramírez, por corrupción en el caso conocido como “Marionetas 2.0″.
Para el Ministerio Público, se probó su participación en el acuerdo ilegal que dio origen al proceso. Dicha solicitud fue informada por W Radio, que indicó que la entidad sustenta su petición en pruebas que vinculan a Ramírez con maniobras irregulares dentro de la red de corrupción.
Con respecto a este caso, anteriormente la Corte Suprema de Justicia decidió mantener la medida de aseguramiento contra el exsenador.
Los magistrados rechazaron la solicitud de Ramírez de revocar su prisión preventiva, argumentando que los riesgos procesales persisten y que es necesario garantizar la integridad del juicio.
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El medio antes mencionado explicó que la Procuraduría presentó pruebas que, según su análisis, vinculan al exsenador Ciro Ramírez con un esquema de corrupción. De acuerdo con el ente de control, Ramírez, en alianza con el exdirector del DPS, Pierre García Jacquier, habría manipulado la adjudicación de contratos a favor de la empresa “Proyecta” y otras, con el propósito de obtener ganancias económicas y fortalecer su influencia política.
Según el informe de la entidad, que expuso W Radio, chats, audios y registros de ingreso al DPS respaldan los testimonios de testigos que colaboran con la justicia, entre ellos Pablo César Correa, gerente de Proyecta Quindío. Estas pruebas indicarían que la empresa fue favorecida con contratos previamente direccionados, beneficiando también a compañías más pequeñas vinculadas a sus socios. De acuerdo con el ente de control, el objetivo final era asegurar beneficios económicos y electorales para el exsenador Ciro Ramírez, incluso a través de procesos de contratación previamente arreglados.
De igual manera en dicho documento, el Ministerio Público que Proyecta era la empresa apropiada “para la materialización de todo el entramado delictivo, en la medida que su naturaleza jurídica al ser una empresa industrial y comercial del estado, su actividad contractual es exceptuada de la aplicación de la Ley 80 de 1993, lo que evidentemente permitía contratar bienes, servicios y obras bajo su propio estatuto especial que no la obligaba a salir a contratar bajo un proceso licitatorio público en SECOP”.
Sumado a lo anterior, la Procuraduría sostuvo que el esquema permitía asegurar la elección de contratistas específicos a través de maniobras irregulares. “Les era fácil garantizar la selección del contratista deseado”, señaló el ente de control, al explicar que se presentaban ofertas viciadas o provenientes, en esencia, de un mismo oferente. En este contexto, añadió “cobra sentido el testimonio de Pablo Cesar Herrea Correa en las indicaciones concretas que recibió para remitir invitaciones dentro de los procesos de contratación para las obras y consultorías de Quindío Varios y Saldaña”.
La entidad indicó que, en este caso específico, las pruebas recabadas evidencian un “interés indebido” por parte del exsenador Ciro Ramírez desde su primera visita a Proyecta. Según el ente de control, en ese encuentro, Ramírez conoció en detalle la naturaleza jurídica de la empresa y su “flexibilidad en su operatividad a la hora de contratar bienes, servicios y obras”, ya que, al ser una empresa industrial y comercial del Estado, estaba exceptuada del Estatuto General de la Contratación Pública.
El Ministerio Público también se refirió al presunto soborno de $1.000 millones que, según la investigación, el gerente de Proyecta, Pablo César Herrera, habría entregado a Ciro Ramírez y Pierre García para asegurar contratos. Aunque no se encontraron pruebas adicionales que confirmaran la entrega del dinero, el ente de control señaló que, bajo su interpretación, el delito de cohecho propio se configura con la sola aceptación de la “coima”, lo que, según su análisis, sí ocurrió.
La Procuraduría, según lo informado por el medio antes citado, concluyó que la participación del exsenador Ciro Ramírez en la estructura del entramado ilegal no habría sido posible sin un acuerdo directo con el entonces director del DPS, Pierre García Jacquier. Según el ente de control, para el excongresista era “justo y necesario contar, acordar y estructurar todo lo pertinente” con la “cabeza” de la entidad en ese momento. Además, señaló que varios empleados del DPS declararon que Jacquier tenía la responsabilidad de viabilizar y definir el curso de los proyectos que se celebraban.
Según el ente de control Ciro Ramírez debe ser condenado, ya que su participación en los hechos lo hace responsable de los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho propio e interés indebido en la celebración de contratos.
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