Contraloría realizó visita a sede de Ungrd: investigan posibles nuevos casos de corrupción

La Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (Diari), una de las áreas más relevantes de la Contraloría General, habría realizado una visita a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) en las horas de la mañana del jueves 6 de marzo.

De acuerdo con información revelada por la W Radio, la diligencia habría tenido como objetivo reunir material probatorio en las nuevas investigaciones sobre presuntas irregularidades en la entidad.

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Este proceso se suma a las indagaciones ya adelantadas por el organismo de control, que han puesto en el centro del escándalo a la Ungrd, en especial, tras los presuntos hechos de corrupción relacionados con la adquisición de carrotanques para abastecer de agua a La Guajira.

Sin embargo, fuentes cercanas a la investigación indicaron al medio radial que los nuevos hallazgos no estarían limitados solo a este caso, como ollas comunitarias, pozos, incluso el conocido caso de jagüeyes en Uribia, en donde hay en juego más de 70.000 millones, de acuerdo con una denuncia que hizo la congresista Caherine Juvinao, en mayo del 2024.

Según información obtenida por W Radio, en el transcurso de este mes se espera que la Contraloría realice las primeras imputaciones fiscales contra los responsables del desfalco con los carrotanques.

Sandra Ortiz, exconsejera para las Regiones del presidente Gustavo Petro, se encuentra de nuevo en el centro del escándalo judicial relacionado con presuntos actos de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Según informó el medio Semana, Ortiz, que actualmente está privada de la libertad bajo medida de aseguramiento, solicitó un aplazamiento en la audiencia de acusación programada para el 5 de marzo de 2025, lo que ha generado críticas por parte de las víctimas del caso, quienes consideran que esta acción busca dilatar el proceso judicial.

El abogado Pablo Bustos, representante de comunidades afectadas en La Guajira, expresó su preocupación por las demoras en el caso. Según detalló el medio, Bustos instó a la justicia a actuar con celeridad, argumentando que mientras Ortiz intenta negociar con la Fiscalía, el tiempo transcurre sin avances significativos. La exfuncionaria tiene ahora hasta el 10 de abril del año en curso para definir los términos de una posible negociación, que incluiría la aceptación de cargos como condición indispensable, según fuentes del ente acusador citadas por el medio.

La Fiscalía ha señalado a Sandra Ortiz como presunta responsable de los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias, en el contexto de un esquema de corrupción que involucra millonarios contratos de la Ungrd. Según las denuncias, la exconsejera habría gestionado la entrega de 3.000 millones de pesos en sobornos al entonces presidente del Senado, Iván Name, con el supuesto propósito de garantizar la aprobación de contratos que, en teoría, buscaban llevar agua a comunidades vulnerables en La Guajira.

En audiencias previas, la fiscal María Cristina Patiño presentó pruebas que incluyen audios en los que Ortiz habría solicitado la adición de un contrato en el departamento del Atlántico a favor del senador Name. Según la Fiscalía, estas gestiones formaban parte de un acuerdo criminal que buscaba desviar recursos públicos. El medio Semana destacó que, de no ser por la intervención de su defensa, Ortiz habría enfrentado un mayor riesgo de ser enviada a prisión.

Una tabla de Excel, elaborada por una exasesora del Ministerio de Hacienda, puso en el centro de atención a 28 congresistas colombianos, quienes estarían implicados en la presunta repartición irregular de contratos del Instituto Nacional de Vías (Invías).

Este documento, que detalla convenios específicos, fue enviado en septiembre de 2023 a la nueva asesora del ministerio, María Alejandra Benavides, y ha desatado un nuevo escándalo de corrupción que involucra a figuras políticas ya señaladas en el caso de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

De acuerdo con lo publicado por El Espectador, cinco de los congresistas mencionados en este nuevo caso ya habían sido vinculados previamente al escándalo de la Ungrd, lo que genera cuestionamientos sobre la repetición de patrones en la asignación de recursos públicos. La tabla, considerada la prueba principal en esta investigación, detalla cómo se habrían distribuido los contratos, lo que ha llevado a las autoridades a profundizar en las posibles conexiones entre ambos casos.

El archivo en cuestión fue creado por Andrea Ramírez, quien trabajaba como asesora del entonces ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Según informó el medio, este documento contiene información detallada sobre los convenios que habrían sido adjudicados de manera irregular. La tabla fue entregada a su sucesora, María Alejandra Benavides, en septiembre de 2023, y desde entonces ha sido clave para destapar el presunto esquema de corrupción en el Invías.

El contenido del archivo no solo señala a los 28 congresistas involucrados, sino que también detalla los montos y las características de los contratos asignados.