La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia llevará a cabo una inspección el 25 de febrero en las oficinas de la presidencia del Senado como parte de la investigación penal que involucra al excongresista Iván Name.
Esta diligencia, que había sido programada desde el año pasado, pero no se había concretado, fue finalmente agendada por el magistrado Francisco Farfán para las 9:00 de la mañana, según W Radio.
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El caso gira en torno a las acusaciones de presunto soborno por tres mil millones de pesos (aproximadamente 750.000 dólares) que habría recibido Name para favorecer proyectos clave del gobierno en el Senado.
Estas denuncias fueron realizadas por Olmedo López y Sneyder Pinilla, quienes señalaron al exsenador como parte de un esquema de corrupción relacionado con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
Durante la inspección, los equipos designados por el magistrado Farfán buscarán recopilar material probatorio que pueda ser relevante para el caso.
Entre los elementos que se analizarán se encuentran las agendas y órdenes del día de las sesiones del Senado, así como otros documentos que puedan arrojar luz sobre el trámite de reformas legislativas.
Según detalló el medio citado, estos registros podrían ser clave para determinar si existió alguna irregularidad en la gestión de los proyectos gubernamentales.
Además, la Corte Suprema investigará la oficina de la Presidencia en un proceso que, además de Iván Name, también involucra a Andrés Calle, señalado por Olmedo López y Sneyder Pinilla como uno de los protagonistas del entramado de la Ungrd.
La diligencia en las oficinas del Senado es una de las acciones más esperadas dentro de este proceso judicial, dado que podría aportar información crucial para esclarecer las acusaciones contra Iván Name.
Sin embargo, aún no se ha fijado una fecha para una inspección similar en la presidencia de la Cámara de Representantes, donde también se investiga al expresidente de esta corporación, Andrés Calle, por hechos relacionados.
Las investigaciones señalan que varios congresistas habrían recibido 4.000 millones de pesos en sobornos para facilitar la aprobación de iniciativas del gobierno de Gustavo Petro en el Congreso. Tanto Iván Name como Andrés Calle han comparecido ante la Corte y negado las acusaciones, insistiendo en su inocencia.
Según los testimonios de Olmedo López y Sneyder Pinilla, los recursos desviados habrían sido utilizados para financiar las aspiraciones políticas de María Clara Name Ramírez, hija de Iván Name, quien buscaba un puesto en el Concejo de Bogotá. También habrían beneficiado a Gabriel Enrique Calle Aguas y Gabriel Alberto Calle Demoya, hermano y padre de Andrés Calle, respectivamente, en sus campañas políticas en el departamento de Córdoba.
Uno de los hechos clave en la investigación es un desayuno realizado el 25 de septiembre de 2023 en el Hotel Tequendama Suites, en Bogotá. En la reunión participaron Iván Name, Olmedo López y Sandra Ortiz, exconsejera presidencial, y se habría discutido la entrega de recursos para la campaña de María Clara Name.
La investigación también apunta a la posible participación de la Casa de Nariño en el entramado de corrupción. Según consignó W Radio, la Corte ha señalado que el esquema podría haber sido orquestado desde las altas esferas del gobierno, involucrando a Carlos Ramón González, quien en ese momento era el director del Departamento Administrativo de la Presidencia.
Ante la Fiscalía, Olmedo López afirmó que, de no obtenerse los fondos, la responsabilidad recaería en el mal manejo de los recursos públicos por parte de la Ungrd. Además, la Corte ha resaltado la estrecha relación entre Name y Ortiz como un factor que añade complejidad al caso.
También han sido llamados Víctor Cárdenas, Yalid Omeye Castellanos y Orlando Marín Páez, conductores que trabajaron para Sandra Ortiz. Ortiz, actualmente en prisión, enfrenta cargos por lavado de activos y tráfico de influencias.
Finalmente, los conductores Diego Reinel Sierra Arguello y Miguel Darío Ángel Bejarano, vinculados a personas clave en el caso, deberán dar información que les ayude a las autoridades a esclarecer los hechos de corrupción en el escándalo de la Ungrd.
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