La Ungrd podría enfrentar cambios estructurales: se habla de una posible fusión con otra entidad

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) enfrenta un momento crítico tras verse involucrada en un grave escándalo de corrupción que ha salpicado a varios exministros del Gobierno de Gustavo Petro. Según informó el medio Semana, la entidad podría experimentar una transformación significativa, que incluye la posibilidad de fusionarse con otra institución gubernamental.

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De acuerdo con la información publicada, el director de la Ungrd, Carlos Carrillo, está trabajando en una propuesta que busca integrar esta unidad con el Fondo Adaptación, una entidad cuyo objetivo principal es fortalecer a las comunidades afectadas por fenómenos climáticos. Esta iniciativa surge en medio de una crisis de confianza hacia la Unidad, que ha sido señalada por presuntas irregularidades en el manejo de recursos y contratos.

La propuesta de fusión, sin embargo, no es un proceso que pueda implementarse de manera inmediata. Según la revista, cualquier cambio estructural en la Ungrd deberá ser aprobado por el Congreso de la República. Este paso añade un nivel de complejidad al proceso, ya que el Congreso también se encuentra bajo escrutinio debido a denuncias de corrupción. Al parecer, algunos senadores y representantes habrían recibido dinero en efectivo y contratos a cambio de respaldar proyectos impulsados por la Casa de Nariño, lo que podría dificultar la aprobación de la reforma.

El Fondo Adaptación, la entidad con la que se plantea la fusión, tiene como misión principal atender las necesidades de las comunidades más vulnerables frente a desastres naturales y fenómenos climáticos extremos. La integración de ambas instituciones podría, en teoría, optimizar los recursos y mejorar la capacidad de respuesta del Estado ante emergencias. Sin embargo, el contexto de corrupción que rodea a la Ungrd plantea dudas sobre la viabilidad y efectividad de esta medida.

El escándalo que afecta a la Ungrd no solo ha puesto en entredicho la gestión de la entidad, también ha generado cuestionamientos sobre la transparencia en el manejo de los recursos públicos durante el Gobierno de Gustavo Petro. Las investigaciones en curso han señalado a varios exministros, lo que ha incrementado la presión sobre el Ejecutivo para tomar medidas contundentes que restauren la confianza en las instituciones.

La posible fusión con el Fondo Adaptación podría ser vista como un intento de reestructurar y limpiar la imagen de la Ungrd. No obstante, este proceso no estará exento de desafíos, especialmente considerando que el Congreso, encargado de aprobar la propuesta, también enfrenta acusaciones de corrupción. Esto plantea un escenario complejo en el que las decisiones políticas y administrativas estarán bajo un intenso escrutinio público.

El caso de corrupción de la Ungrd reveló una red de sobornos que involucra a altos funcionarios del Congreso. De acuerdo con la investigación se habrían entregado millonarios pagos para facilitar la aprobación de reformas impulsadas por el gobierno del presidente Gustavo Petro.

El caso salió a la luz gracias a las declaraciones de Sneyder Pinilla, exsubdirector de la Ungrd, que confesó haber participado en la entrega de sobornos a congresistas. Según detalló, se habrían pagado 4.000 millones de pesos colombianos a los entonces presidentes del Senado y la Cámara de Representantes, Iván Name y Andrés Calle, respectivamente.

Pinilla explicó que los sobornos formaban parte de un esquema diseñado para garantizar el apoyo legislativo a reformas promovidas por el Gobierno. Los pagos, realizados en efectivo, habrían sido entregados directamente a los congresistas implicados, lo que ha generado un fuerte rechazo en diversos sectores políticos y sociales del país.

El origen de los fondos utilizados para los sobornos se encuentra en un contrato de 46.800 millones de pesos colombianos destinado a la adquisición de carrotanques para llevar agua potable a la región de La Guajira, una de las zonas más vulnerables del país. Según las declaraciones de Pinilla, el 15% del valor total del contrato, equivalente a 7.700 millones de pesos (cerca de 1,9 millones de dólares), fue desviado para financiar los pagos ilícitos.

Este contrato, que tenía como objetivo atender una necesidad crítica en La Guajira, ahora está bajo escrutinio por parte de las autoridades.

Además de Pinilla, el escándalo también involucra a otros funcionarios de alto nivel, como Olmedo López, exdirector de la Ungrd, y a varios contratistas que habrían participado en la red de corrupción. La Fiscalía General de la Nación abrió investigaciones formales para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades penales de los implicados.