Gregorio Eljach no está de acuerdo con el presidente: según él la Procuraduría si debería poder sancionar funcionarios de elección popular

El procurador general de Colombia, Gregorio Eljach, en su primer día de trabajo habló de la importancia de las sanciones del Ministerio Público contra funcionarios de elección popular como una herramienta clave en la lucha contra la corrupción.

Según informó, estas medidas buscan combatir una problemática que afecta a todos los niveles de gobierno en el país.

Sin embargo, reconoció que la reciente decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que limita la capacidad de la Procuraduría para sancionar a estos funcionarios, plantea desafíos para mantener la integridad en el ejercicio público.

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De acuerdo con las declaraciones de Eljach, la decisión de la Cidh tiene como objetivo evitar que los órganos de control interfieran en los procesos electorales.

No obstante, el procurador advirtió que una interpretación estricta y mecánica de esta sentencia podría generar vacíos legales que dificulten la lucha contra la corrupción.

“En Colombia tenemos una realidad, y es que en buena parte de las manifestaciones más grandes de corrupción involucran a funcionarios de elección popular a nivel nacional, departamental, distrital y municipal”, afirmó.

La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos establece que la Procuraduría no puede sancionar a funcionarios elegidos por voto popular, una medida que, según Eljach, tiene un propósito legítimo: proteger los procesos democráticos de posibles distorsiones.

Sin embargo, el procurador enfatizó que esta decisión no debe ser vista como un acto definitivo, sino como parte de un proceso dinámico que requiere ajustes y nuevas interpretaciones jurídicas dentro del Estado colombiano.

Eljach destacó que la aplicación radical de esta sentencia podría ser malinterpretada como un obstáculo para las acciones del Ministerio Público en su lucha contra la corrupción. A pesar de ello, señaló que se han logrado avances importantes gracias a las decisiones de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, que han trabajado para evitar que esta limitación genere un vacío en el control institucional.

En sus declaraciones, Eljach expresó su compromiso de trabajar en conjunto con las altas cortes, el Congreso de la República y otros sectores de la sociedad para encontrar soluciones estructurales a este desafío. Según consignó, su objetivo es promover un proceso de articulación institucional que incluya a la academia, organizaciones no gubernamentales (ONGs) y el sector privado. “Me propongo trabajar con las altas cortes, con el Congreso de la República y con otros sectores de la sociedad, la academia, las ONGs y el sector privado para buscar una respuesta más estructural”, afirmó.

El procurador también se posicionó como un animador de este proceso, destacando la necesidad de construir un enfoque integral que permita fortalecer los mecanismos de control y sanción frente a los actos de corrupción. Este esfuerzo, según explicó, busca garantizar que las instituciones del Estado puedan actuar de manera efectiva sin comprometer los principios democráticos.

Eljach reiteró que la corrupción en Colombia afecta de manera significativa a los funcionarios de elección popular en todos los niveles de gobierno: nacional, departamental, distrital y municipal. Según detalló, esta realidad exige una respuesta contundente por parte de las instituciones encargadas de velar por la transparencia y la legalidad en el ejercicio público.

El procurador resaltó que, aunque la sentencia de la Cidh representa un desafío, no debe ser vista como un impedimento absoluto para combatir la corrupción. En este sentido, destacó la importancia de trabajar en conjunto con otros actores del sistema jurídico y político para garantizar que las sanciones contra los funcionarios corruptos sean efectivas y respeten los principios democráticos.

A pesar de las limitaciones impuestas por la decisión de la Cidh, Eljach reconoció los avances logrados en el ámbito jurídico gracias a las interpretaciones de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Estas instituciones han contribuido a cerrar los vacíos legales que podrían haber surgido tras la sentencia, permitiendo que el Ministerio Público continúe desempeñando un papel activo en la lucha contra la corrupción.

Eljach enfatizó que estos avances son fundamentales para garantizar que las instituciones del Estado puedan cumplir con su deber de proteger los recursos públicos y sancionar a quienes los malversen. Sin embargo, también señaló que es necesario seguir trabajando en la construcción de un marco jurídico más sólido y coherente que permita enfrentar los desafíos actuales.

La Procuraduría sancionó a Gustavo Petro en 2013, cuando era alcalde de Bogotá, con destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos durante 15 años. La razón fue la implementación de un nuevo esquema de recolección de basuras que, según la Procuraduría, violaba normas disciplinarias y principios de la contratación estatal.

Sin embargo, en 2017, el Consejo de Estado anuló esta sanción. La decisión se basó en recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que argumentó que los órganos de control no pueden destituir a personas que ocupen cargos de elección popular. Además, el Consejo de Estado ordenó que se le pagaran a Petro los salarios que dejó de recibir durante el tiempo que estuvo fuera de su cargo