En medio de un escándalo de corrupción que ha sacudido al gobierno de Gustavo Petro, Ricardo Bonilla, el exministro de Hacienda, presentó su renuncia.
Este caso, relacionado con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), ha llevado a la caída de cinco funcionarios del Gobierno.
Según declaraciones de María Alejandra Benavides, exasesora del Ministerio de Hacienda, Bonilla habría intentado asignar proyectos de la Unbgrd a ciertos congresistas para asegurar su apoyo en la aprobación de créditos de alto valor.
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El supuesto esquema de compra de votos se habría desarrollado en diciembre de 2023, cuando el Gobierno buscaba la aprobación de la Comisión de Crédito Público para unos créditos necesarios. Para obtener este respaldo, se habrían direccionado contratos por un valor de 92.000 millones de pesos en los municipios de Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y Carmen de Bolívar (Bolívar).
Antes de Bonilla, la exconsejera para las Regiones, Sandra Ortiz, también se vio implicada en el escándalo. Ortiz fue señalada como intermediaria en la entrega de tres mil millones de pesos al senador Iván Name, con el objetivo de promover proyectos gubernamentales en el Congreso.
En mayo, el presidente Petro aceptó su renuncia, y Ortiz fue imputada por la Fiscalía por tráfico de influencias y lavado de activos.
En agosto, Carlos Ramón González dejó su cargo como director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), tras ser mencionado como posible responsable de ordenar la entrega de sobornos.
Asimismo, César Manrique, exdirector de Función Pública, fue vinculado al caso por intentar direccionar cien mil millones de pesos en contratos a través de Luis Carlos Barreto, exfuncionario de la Ungrd.
Finalmente, Olmedo López, exdirector de la Ungrd, fue señalado como el enlace para ejecutar las órdenes del Palacio destinadas a beneficiar a congresistas interesados en contratos. López renunció tras el escándalo relacionado con la adquisición de cuarenta carrotanques para llevar agua a la Alta Guajira.
Este caso ha generado una serie de renuncias y acusaciones que han afectado significativamente al gobierno de Petro, evidenciando un entramado de corrupción que involucra a altos funcionarios y congresistas.
El escándalo de la Ungrd
El escándalo que envuelve a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) en Colombia ha alcanzado nuevas dimensiones, afectando a varios altos funcionarios del Gobierno del presidente Gustavo Petro.
De acuerdo con la información disponible en prensa, la controversia comenzó con la imagen de una flota de carrotanques abandonados en La Guajira, acumulando polvo y con las llantas hundidas en un parqueadero de arena. Este incidente derivo en la salida de al menos cuatro funcionarios de alto nivel y ha puesto en riesgo de encarcelamiento a otros.
El caso ha implicado a por lo menos nueve congresistas que están siendo investigados, y ya se ha realizado una imputación formal.
Una reciente confesión ha dado un giro significativo a la situación, generando una contradicción en el discurso del presidente Petro que podría impactar negativamente en la campaña del Pacto Histórico y en el último año y medio de su administración.
Olmedo López, un político de Itagüí, Antioquia, es la figura central en este escándalo. López, quien había sido secretario de la administración del actual senador Carlos Andrés Trujillo cuando este fue alcalde, también ha desempeñado roles como dirigente social y sindicalista. Su relación con el presidente Petro se remonta a varios años atrás, lo que le permitió integrarse al gobierno actual.
El escándalo de la Ungrd, que está a punto de cumplir un año, ha sido alimentado por declaraciones de Sneyder Pinilla y López, las cuales han mostrado coherencia con otros hechos respaldados por evidencia. La situación promete desarrollarse de manera más intensa en 2025, según las proyecciones.
Este caso ha puesto en evidencia la fragilidad de la administración actual frente a las acusaciones de corrupción y ha resaltado la necesidad de una revisión exhaustiva de las prácticas gubernamentales. La controversia no solo afecta la imagen del Gobierno, sino que también plantea interrogantes sobre la gestión de recursos y la transparencia en la administración pública.
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