Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente colombiano Gustavo Petro, enfrenta un proceso penal que ha pasado por varias etapas y equipos de defensa. Según La Silla Vacía, el caso ha involucrado a tres grupos de abogados, cada uno con estrategias distintas. Los dos primeros equipos son conocidos públicamente, mientras que el tercero ha operado discretamente, liderado por Mauricio Pava y Ricardo Gaviria, quienes también son abogados del presidente Petro. Gaviria ha tenido un rol oficial en la defensa, mientras que Pava no ha sido formalmente reconocido en el proceso.
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En entrevista con el medio mencionado “no hubo un grupo o equipo paralelo a la defensa de Nicolás Petro”. Sí reconoció que “hubo contactos e intercambio de opiniones entre juristas y colegas”. Uno de esos colegas es Ricardo Gaviria, quien lo apoyó en la defensa del presidente Petro desde otra oficina distinta a la de Pava, y que obtuvo un poder para negociar un preacuerdo de Petro Burgos con la Fiscalía en julio de 2024, tras la llegada de la nueva fiscal general, Luz Adriana Camargo.
Fue entonces que se involucró el presidente Petro. “Cada vez que me reunía con el presidente para repasar la investigación en la Comisión de Acusaciones tenía la precaución de preguntar antes sobre el avance del proceso de Nicolás Petro previendo que el presidente me preguntara cómo iba todo y qué opinaba, como cualquier padre de familia preocupado por la situación jurídica de su hijo”, le dijo Pava a La Silla Vacía.
El objetivo de esta estrategia, descrita como “fantasma”, es alcanzar un preacuerdo con la Fiscalía para evitar que el caso llegue a juicio. Este acuerdo implicaría aceptar ciertos delitos y una condena con el aval de un juez, lo que permitiría evitar la exposición de pruebas y testimonios que podrían ser perjudiciales para la familia Petro. Entre los testimonios potencialmente dañinos se encuentra el de Daysuris Vásquez, expareja de Petro Burgos, que ha declarado a La Silla Vacía que la Fiscalía posee información detallada sobre los eventos, incluso después de su separación.
Vásquez fue quien reveló el escándalo de corrupción que involucra a Petro Burgos, tras descubrir una infidelidad. Ella aportó pruebas de que Petro Burgos recibió cerca de 1.000 millones de pesos en efectivo de un exnarcotraficante y del hijo del contratista público cuestionado, Alfonso Hilsaca. Este dinero, que supuestamente era para la campaña presidencial de su padre en 2022, fue utilizado por Petro Burgos en gastos personales y adquisiciones de inmuebles.
“Sé que la Fiscalía tiene demasiada información. Tiene todo lo que pasó incluso después del divorcio. Mi principio de oportunidad fue a cambio de decir absolutamente todo. Yo declararía con todas las pruebas”, le dijo Vásquez a La Silla Vacía.
La negociación con la Fiscalía
En julio de 2024, Ricardo Gaviria, abogado de Nicolás Petro, presentó un poder ante la Fiscalía para negociar un posible preacuerdo que podría reducir la pena de Petro si aceptaba ciertos delitos. Esta estrategia surgió en medio de preocupaciones familiares sobre el manejo del caso, según informó una fuente cercana al proceso. El caso de Nicolás Petro, hijo del presidente, ha estado bajo el escrutinio público desde que se iniciaron las investigaciones en marzo de 2023.
Inicialmente, Nicolás Petro mostró disposición para colaborar con la justicia, lo que podría haberle otorgado un principio de oportunidad similar al de Day Vásquez, quien obtuvo inmunidad parcial al proporcionar información sobre la campaña presidencial. Sin embargo, el 2 de agosto de 2023, Petro decidió cambiar de abogado, lo que marcó un giro en su estrategia legal. Este cambio coincidió con una visita de su padre, el presidente, a Barranquilla, donde Nicolás estaba detenido.
El proceso ha estado plagado de filtraciones, incluyendo la publicación de su confesión en octubre de 2023 por la revista Semana. Estas filtraciones llevaron a la intervención de nuevos abogados, Alejandro Arcila y Juan Oberto Sotomayor, quienes presentaron acciones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos alegando presiones indebidas de la Fiscalía para que Nicolás declarara contra su padre.
El abogado del presidente, Mauricio Pava, también se involucró en el caso al presentar una queja disciplinaria contra el fiscal Mario Burgos por la filtración de videos judiciales. Según fuentes cercanas al proceso, la defensa de Nicolás Petro argumentó que los cargos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos estaban mal formulados, lo que fue respaldado por el penalista Yesid Reyes.
En julio de 2024, la fiscal Camargo decidió apartar a Burgos del caso, nombrando a Lucy Marcela Laborde en su lugar. Esto permitió la formalización de un grupo de defensa que buscaba alternativas al juicio. Durante cuatro meses, se llevaron a cabo reuniones confidenciales con la Fiscalía para negociar un preacuerdo, pero este también fue filtrado, lo que complicó aún más el proceso.
Actualmente, ni Pava ni Gaviria continúan discutiendo alternativas sobre el juicio de Nicolás Petro, y la falta de un abogado ha dilatado el proceso. Según Gaviria, asumir el caso no está en consideración en este momento, dejando el futuro del juicio en incertidumbre.