La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) denunció que 231.000 millones de pesos destinados a los proyectos en La Guajira están retenidos, debido a la negativa del alcalde de Uribia a liberar los fondos. Según Carlos Carrillo, director de la Ungrd, estos recursos fueron asignados de manera irregular por la administración anterior y podrían ser utilizados para atender necesidades urgentes en la región, como la compra de asistencia alimentaria y maquinaria.
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Carrillo destacó la importancia de liberar estos fondos para mejorar la situación del departamento de manera inmediata. A pesar de que la ONG Herede ha ganado los procesos jurídicos relacionados con el fondo, el alcalde, según la denuncia, se niega a desbloquear los recursos, lo que afecta tanto a los proyectos de la ONG como a las obras prioritarias para la región.
El director de la Ungrd señaló la necesidad de establecer una mesa de trabajo intersectorial que incluya a la ONG Herede, el Ministerio de Transporte y el Ministerio de Vivienda, para abordar de manera integral los problemas estructurales de La Guajira. Esta colaboración busca encontrar soluciones efectivas para liberar los fondos y destinarlos a proyectos que beneficien a la comunidad.
La situación ha generado preocupación, ya que los recursos congelados podrían ser clave para mejorar las condiciones de vida en La Guajira, una región que enfrenta múltiples desafíos. La falta de acceso a estos fondos impide el avance de proyectos esenciales y afecta directamente a la población local.
La situación de la Uribia
Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), solicitó una adición presupuestal de 700.000 millones de pesos al Ministerio de Hacienda para atender a las comunidades afectadas por las intensas lluvias en la alta Guajira. Estas lluvias fueron provocadas por el paso de la tormenta tropical Rafael, que posteriormente se convirtió en huracán y se encuentra ahora al noroeste del mar Caribe. Según Carrillo, las comunidades de los municipios de Manaure y Uribia enfrentan graves problemas de desabastecimiento, sin acceso a agua, electricidad ni carreteras eficientes.
El impacto de la tormenta ha sido devastador, aislando a varias comunidades y extendiendo el tiempo de viaje entre Nazaret y Uribia de ocho horas a hasta cuatro días. “El paso del huracán Rafael por las costas colombianas, cuando era una tormenta tropical, dejó intensas lluvias que han aislado a varias comunidades de la alta Guajira. Pues en este momento tienen desabastecimiento y, por ejemplo, un recorrido que podría durar ocho horas, que ya es bastante, entre Nazaret y Uribia hoy puede tomar hasta tres o cuatro días”, dijo Carillo en un video compartido en X.
Carrillo también denunció que la Ungrd se encuentra sin fondos debido a lo que calificó como un “saqueo” por parte de la administración anterior, liderada por Olmedo López.
Estos recursos, los 231.000 millones, según Carrillo, fueron asignados de manera irregular a través de un fondo de inversión colectiva por López y Sneyder Pinilla a principios de año. La Ungrd ha ganado los procesos jurídicos relacionados con este caso, pero la liberación de los fondos depende de la firma del alcalde de Uribia, Jaime Luis Buitrago. Carrillo enfatizó la necesidad de maquinaria amarilla, asistencia humanitaria y mejoras en las vías para enfrentar las emergencias causadas por las lluvias.
En cuanto a los carrotanques adquiridos por la administración anterior, Carrillo informó que están en proceso de aseguramiento y que, una vez concretadas las pólizas, se entregarán dos vehículos por municipio para apoyar el suministro de agua en el departamento. La situación se complica aún más por una tutela interpuesta por el alcalde Buitrago ante el Tribunal Administrativo de Riohacha para presionar la entrega de los 231.000 millones de pesos, la cual fue declarada improcedente por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Maicao.
Carrillo explicó que los recursos fueron asignados irregularmente el 26 de febrero para un proyecto de acueducto inexistente. La Ungrd inició una acción de lesividad para revertir la asignación irregular de estos fondos. En julio, el Tribunal de Cundinamarca ordenó suspender el fondo y el certificado de disponibilidad presupuestal emitido por la unidad.
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