La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia avanza en la investigación relacionada con el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), que involucra la contratación irregular de 40 carrotanques destinados a llevar agua potable a las comunidades menos favorecidas de La Guajira. En un paso clave dentro del proceso, el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, respondió al cuestionario formulado por las partes, con el fin de cumplir así con su deber en calidad de testigo.
Este cuestionario, construido conjuntamente por el magistrado Francisco Farfán, que lidera el caso, la defensa del congresista Andrés Calle y la Procuraduría, forma parte de las pruebas esenciales decretadas por el tribunal, de acuerdo con la información que obtuvo el diario El Tiempo. Las respuestas escritas del mandatario ya se encuentran bajo análisis en la Corte, y su evaluación será determinante para esclarecer los hechos en torno a las investigaciones que involucran a los expresidentes del Congreso, Iván Name en el Senado y Andrés Calle en la Cámara de Representantes.
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Cabe destacar que, el presidente Petro no fue el único alto funcionario citado a declarar en este proceso, ya que el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, también presentó sus respuestas por escrito. Al igual que el jefe de Estado, sus declaraciones serán valoradas dentro la ley 600 de 2000, que regula el procedimiento penal aplicable en estos casos para altos dignatarios del Estado. De acuerdo con fuentes del alto tribunal y que obtuvo el medio citado, todas estas diligencias fueron realizadas siguiendo los lineamientos establecidos por dicha normativa.
Por otro lado, el avance del caso reveló que las declaraciones de Olmedo López, exdirector de la Ungrd, y Sneyder Pinilla, ex subdirector de manejo de desastres, no fueron satisfactorias para el tribunal, puesto que señalaron que no están dispuestos a proporcionar detalles exhaustivos hasta que no obtengan los beneficios que buscan en sus negociaciones con la Fiscalía General de la Nación, lo que provocó una barrera en la obtención de testimonios claves. Esta postura complicó el panorama para la Sala de Instrucción, que aún espera obtener elementos de prueba más sólidos para definir responsabilidades dentro del proceso judicial.
El caso de la Ungrd adquirió gran relevancia debido a la magnitud de los recursos implicados y el impacto social de las decisiones tomadas. La contratación de los carrotanques para llevar agua a La Guajira se convirtió en el epicentro de las investigaciones, ya que se presume que hubo irregularidades en los contratos, afectando una zona vulnerable del país, en cabeza de altos funcionarios.
En este contexto, la Corte Suprema de Justicia continuará evaluando las pruebas y declaraciones recogidas para esclarecer los hechos y determinar si los congresistas investigados incurrieron en actos de corrupción que los vinculen directamente con el desvío o mal manejo de recursos públicos en la entidad.
Gustavo Petro también está en la mira del Consejo Nacional Electoral por otro tema
En un comunicado emitido el 8 de octubre de 2024, el Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció la apertura de una investigación formal y la formulación de cargos contra la campaña presidencial del Pacto Histórico, encabezada por Gustavo Petro, en las elecciones de 2022. Según la información presentada por la Sala Plena del organismo electoral, la indagación abarca tanto la primera como la segunda vuelta de los comisos y se centra en posibles infracciones al régimen de financiación de las campañas electorales.
Entre los principales investigados figuran Gustavo Francisco Petro Urrego, candidato (actual presidente de la República); Ricardo Roa Barragán, gerente de campaña (actual gerente de Ecopetrol); Lucy Aydee Mogollón Alfonso, tesorera; así como María Lucy Soto Caro y Juan Carlos Lemus Gómez, auditores. La investigación también involucra al movimiento político Colombia Humana y al partido Unión Patriótica (UP), que hacían parte de la coalición del Pacto Histórico.
El CNE señala que durante la primera vuelta de las elecciones, la campaña del Pacto Histórico habría excedido los límites de gastos permitidos en más de $3.709 millones de pesos, en contravención con el artículo 109 de la Constitución y varias leyes electorales, como la Ley 1475 de 2011 y la Ley 996 de 2005.
La investigación también incluye posibles irregularidades durante la segunda vuelta electoral. En esta fase, el CNE señala que la campaña habría excedido los gastos permitidos en más de $1.646 millones de pesos.
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