Un grupo de exministros latinoamericanos se pronunciaron sobre la realización del seminario internacional ‘Judicialización de la Política en América Latina’, celebrado el 21 de mayo en instalaciones de la Universidad Externado en Bogotá.
El evento fue convocado por el Ministerio de Justicia, la fundación del expresidente Ernesto Samper, Vivamos humanos y el Consejo Latinoamericano de Justicia y democracia (Clajud) del Grupo de Puebla, para hablar sobre el papel de la justicia en la gobernabilidad democrática en América Latina, el debido proceso como derecho constitucional, y la gobernabilidad y lawfare: casos en América Latina.
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Antes de que dicho foro político culminara, los exmandatarios y miembros del grupo Libertad y Democracia, advirtieron que el seminario apelaría a la narrativa del lawfare para “desviar” los escándalos que enfrenta el Gobierno de Gustavo Petro, entre los cuales se destacan el caso de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) y la presunta financiación ilegal a la campaña Petro Presidente en 2022.
“El Grupo Libertad y Democracia alerta que el Grupo de Puebla, a través de su Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia, reunido en Bogotá este martes 21 de mayo, apelará a la narrativa del “lawfare” o judicialización de la política para desviar las graves denuncias de corrupción que enfrenta el gobierno colombiano y otros gobiernos afines”, aseguraron mediante una carta.
Adicionalmente, afirmaron que el expresidente Álvaro Uribe Vélez ha sido víctima de persecución en medio de investigaciones judiciales en su contra: “Es paradójico que el Grupo de Puebla pretenda, precisamente desde Bogotá, desviar las investigaciones de la justicia colombiana. Se observa, de la misma manera, cómo el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, es víctima de un proceso de supina debilidad probatoria en el cual, en repetidas ocasiones, el ente acusador pidió la preclusión”, se lee en la misiva.
A renglón seguido, mencionaron: “De pronto se cambia abruptamente la postura en medio de ataques en su contra provenientes del propio gobierno colombiano. Dicho proceso ha sido promovido mediáticamente por abiertos simpatizantes del Grupo de Puebla”.
Para el Grupo Libertad y Democracia: “El mismo modus operandi ha sido empleado contra distinguidos miembros del Grupo Libertad y Democracia, quienes fueron y son víctimas de persecuciones infames”.
Por lo anterior, señalaron que: “El interés del Grupo de Puebla es auspiciar más la polarización, debilitar el trabajo de la justicia y consolidar una estrategia para apoderarse de los entes judiciales en toda la región”, calificando la narrativa lawfare del Grupo de Puebla, como una “peligrosa estrategia de justificar instituciones paralelas y debilitar hechos evidentes contrarios a la ley”, concluyeron.
Lawfare es un término que describe el uso de procedimientos legales y judiciales como herramientas para alcanzar objetivos políticos, estratégicos o militares. Es una forma de manipulación de las leyes y del sistema judicial para obstaculizar, desgastar o neutralizar a un oponente mediante litigios frecuentes y a menudo frívolos, demandas civiles, y otras tácticas legales.
El concepto de lawfare se ha vuelto relevante en situaciones donde actores estatales y no estatales emplean estrategias legales como parte de sus operaciones. Esto puede incluir desde la presentación de demandas internacionales, el uso estratégico de tribunales nacionales e internacionales, hasta la promoción de leyes que beneficien un interés particular.
Diversos casos en todo el mundo han ilustrado cómo el lawfare puede servir tanto a gobiernos como a organizaciones no gubernamentales, y suele ser una táctica en conflictos de alta intensidad, donde las batallas legales son tan significativas como las acciones militares o diplomáticas. La proliferación de este fenómeno ha generado debates sobre la ética y la efectividad de utilizar herramientas legales en contextos que pueden distorsionar la justicia y la equidad del sistema judicial.
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