El exembajador de Colombia en Venezuela y exsenador Armando Benedetti fue citado a una nueva diligencia ante la Corte Suprema de Justicia el viernes, 2 de febrero, con relación a las investigaciones que se adelantan en su contra.
Durante el proceso, que se llevó a cabo con ciertas restricciones de acceso a la información, Benedetti decidió ejercer su derecho de guardar silencio ante las consultas realizadas por la magistrada Cristina Lombana, según informó El Tiempo. Este encuentro se dio en el marco de una ampliación de indagatoria vinculada a acusaciones de actos de corrupción relacionados con el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade).
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El hecho de que Armando Benedetti haya sido designado recientemente como representante de Colombia ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), con sede en Roma, introduce un giro en el desarrollo de las investigaciones.
Esta nueva posición lo sitúa fuera del alcance directo de la Corte Suprema de Justicia, lo que significa que los casos en su contra podrían ser remitidos a la Fiscalía para su continuación. Benedetti, quien ha tenido una carrera política notable, enfrenta este escenario en un momento clave tanto para su trayectoria personal como para el escrutinio público sobre la integridad en el servicio diplomático y político colombiano.
La participación de Benedetti en el Gobierno, así como las implicaciones de su reciente citación y su nuevo rol en la FAO, generan preguntas sobre la transparencia y la rendición de cuentas en la administración pública. El desenlace de estas investigaciones y el impacto de sus resultados en la percepción pública sobre la corrupción en Colombia son temas de interés que continúan bajo observación.
El nombramiento de Armando Benedetti como embajador en Roma ante la FAO por decisión del presidente Gustavo Petro ha dado pie a diversas reacciones tras los recientes escándalos que involucran al exsenador. La designación llega en un momento delicado, cuando Benedetti enfrenta investigaciones por parte de la Corte Suprema de Justicia, relacionadas con supuestas irregularidades en financiación de campañas y otros delitos.
El político, quien ha sido una figura clave en el triunfo de Petro durante las elecciones presidenciales, había sido embajador en Venezuela antes de verse implicado en acusaciones que involucran la supuesta financiación irregular de la campaña del Pacto Histórico en 2022, entre otros cargos. Su retorno al ámbito diplomático, esta vez en Roma, plantea interrogantes sobre la continuidad de las investigaciones en su contra, ya que el cambio de su estatus podría influir en el proceso legal que enfrenta.
Las acusaciones contra Benedetti incluyen, entre otras, la presunta exigencia de coimas a maestros en la Costa para agilizar pagos de pensiones de la Fiduprevisora en 2010, enriquecimiento ilícito, financiación ilegal de campañas al Congreso, y posible interés indebido en la contratación pública. Estas investigaciones habían sido reactivadas por la Corte Suprema tras su salida de la embajada en Venezuela, contexto marcado por las tensiones con el régimen de Maduro y desencuentros con Laura Sarabia, actual directora de Prosperidad Social.
La polémica designación de Benedetti podría tener repercusiones no solo en el ámbito judicial, sino también dentro del mismo Gobierno, especialmente entre aquellos que han tenido desencuentros con el exembajador. Este escenario se enmarca en un período de transición en la Fiscalía, con la inminente llegada de un nuevo fiscal, lo cual podría influir en el curso de las investigaciones vinculadas a Benedetti.
En su momento, la revista Cambio reveló imágenes exclusivas de una opulenta residencia que ha sumergido al barranquillero en problemas judiciales. Según la investigación, Benedetti admitió haber recibido un préstamo de aproximadamente $3.600 millones de pesos colombianos de Euclides Torres, un empresario y amigo cercano, para la adquisición de una residencia en Prado Mar, Puerto Colombia (Atlántico).
De acuerdo a Benedetti, la situación se agrava por actos de mala fe, como la difusión de datos parciales o incorrectos por parte de individuos con interés en dañar su reputación. Ha cuestionado la ética detrás de dichas acciones, resaltando la necesidad de trasladar su defensa de los medios de comunicación al ámbito judicial, donde se deberían dirimir las acusaciones.
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