La concejal Diana Diago denunció en el Concejo de Bogotá la contratación en dos alcaldías locales de Bogotá. Los documentos sobre la contratación y el manejo de recursos en Rafael Uribe Uribe y Suba, respectivamente, indican presuntas irregularidades.
En la alcaldía local de Suba, dice Diago, “se podría haber incurrido en sobrecostos de hasta el 90% en la adquisición de chaquetas cortavientos para el programa Parceros por Bogotá”. Esta es una de las iniciativas de la anterior administración de Claudia López para apoyar a jóvenes que no estudian ni trabajan en la ciudad con el objetivo de que se vinculen con el sector productivo o emprendan una carrera en la educación superior.
Por otra parte, se evidencian también señales que dan cuenta de incumplimiento en la ejecución de contratos para la formación de miembros de las Juntas de Acción Comunal en Rafael Uribe Uribe.
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Sobrecostos en compras en Suba
En la alcaldía local de Suba, Diago denunció un contrato con la empresa Dicova S.A.S para la dotación de prendas del programa “Parceros” por un valor de más de 125 millones de pesos. Diago sostiene que cada chaqueta fue adquirida por 124.950 pesos, mientras que en el mercado se encuentran por, más o menos, 70.000 pesos.
La concejal solicitó a los entes de control supervisar este contrato y cuestionó la aparente pérdida de recursos ciudadanos.
Diago expresó que las alcaldías locales se han convertido en “un nido de presunta corrupción” e hizo un llamado al alcalde Carlos Fernando Galán: le pidió retirar a los alcaldes locales de la anterior administración. La cabildante agregó que algunas de estas alcaldías son tratadas como “cajas menores” por quienes están a cargo de estas entidades.
Irregularidades en la contratación por parte de la alcaldía de Rafael Uribe Uribe
En paralelo, la alcaldía local de Rafael Uribe Uribe, en un contrato con Asojuntas (Asociación de Juntas de Acción Comunal), buscaba formar a los miembros de estas organizaciones civiles en temas básicos de gestión comunal. Sin embargo, según Diago, los profesionales encargados no cumplían con los perfiles requeridos.
Cuatro de los contratistas que no cumplían con los requisitos profesionales establecidos en los requisitos del contrato recibieron pagos que oscilaron entre 23 y 34 millones de pesos. La falta de pagos de seguridad social por parte de algunos contratistas también fue señalada.
Justamente, el anexo técnico del contrato estipulaba que la formación del personal debía ser profesional; sin embargo, su nivel de formación era técnico o en algunos casos solo contaban con el título de bachiller. Además, los contratistas debían presentar un certificado expedido por la Confederación Nacional de Acción Comunal, que eran requisito esencial para ejecutar el contrato, lo que no está adjunto en los documentos de la Alcaldía Local.
“Increíble cómo juegan con los recursos de los bogotanos y no pasa nada. ¿Acaso el alcalde local de Rafael Uribe Uribe Eduard Quintana, no se da cuenta que el contratista presuntamente incumplió el contrato? ¿Dónde están los entes de control?”, mencionó la concejala Diago.
Las denuncias por presunta corrupción son de vieja data
Esta no es la primera vez que la concejala expone presuntas irregularidades de la alcaldía local de Rafael Uribe Uribe. Una de las anteriores fue en marzo de 2023, cuando denunció presuntos sobrecostos del 500% en la adquisición de elementos tecnológicos destinados a colegios públicos. Específicamente, señaló irregularidades en un contrato para la compra de computadores, mouses y teclados.
En esa ocasión también manifestó que la gestión financiera de las alcaldías locales está afectando las finanzas públicas de los bogotanos.
Por otro lado, en esa misma fecha, el exconcejal del partido Alianza Verde Martín Rivera denunció presuntas irregularidades en los procesos de contratación y la gestión de cementerios en Bogotá. En ese momento, Rivera también expuso irregularidades en contratos celebrados por la alcaldía local de Sumapaz.
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