Condenan a exfuncionaria del IDU por carrusel de la contratación

Otra exfuncionaria del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) fue condenada por el sonado carrusel de la contratación, por medio del cual varias obras públicas fueron direccionadas en Bogotá. En 2021, la exdirectora de la entidad Liliana Pardo Gaona fue sentenciada a 10 años de prisión por su participación en el entramado de corrupción. Ahora, la exjefe de la Oficina Asesora de Planeación del IDU Claudia Patricia Otálora Cano fue condenada a 11 años de cárcel.

Según la Fiscalía General de la Nación (FGN), una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción pudo comprobar que la funcionaria estuvo involucrada en el direccionamiento de cinco contratos financiados con recursos de valorización. Sus acciones fueron llevadas a cabo cuando hizo parte del Comité de Adjudicación del IDU, en 2009.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Google News.

Los proyectos tenían como objetivo la construcción de una calzada de la Avenida La Sirena (Calle 153), la intersección del deprimido de la Calle 94, dos ciclos de puentes, tres puentes peatonales y algunos andenes. Todas estas obras representaron un valor sumado de 84.000 millones de pesos, con los cuales Otálora Cano buscó beneficiar a dos contratistas específicos.

Una de las irregularidades cometidas por la exfuncionaria fue el limitar la participación de otros oferentes en los procesos de selección para la adjudicación de los contratos. Este favorecimiento de determinados oferentes incluyó también la entrega de información reservada sobre los proyectos para que dichos aspirantes pudieran ajustar sus propuestas a los requerimientos de cada obra.

A esto se suman falencias identificadas en la etapa de planeación de los proyectos; hubo diseños y estudios previos incompletos y anomalías en los presupuestos asignados para cada uno.

Por estos hechos de corrupción, un juez penal de conocimiento de Bogotá sentenció a Otálora Cano a 11 años de prisión. Tendrá que responder por el delito de interés indebido en la celebración de contratos, definido por el Código Penal Colombiano, de la siguiente manera: “El servidor público que se interese en provecho propio o de un tercero, en cualquier clase de contrato u operación en que deba intervenir por razón de su cargo o de sus funciones”.

La exjefe de Planeación del IDU también tendrá que pagar una multa a equivalente a 130 salarios mínimos legales mensuales vigentes y, además, no podrá ejercer cargos públicos de ningún tipo durante 127 meses, correspondientes a un poco más de 10 años.

El 15 de febrero de 2021, la exdirectora del IDU fue condenada por el delito de cohecho, en el cual incurrió como participante del corrusel de la contratación, durante el mandato del exalcalde de Bogotá Samuel Moreno (2008-20011), que falleció en 2023 cuando se encontraba purgando una condena por el direccionamiento de contratos.

Ahora bien, la exfuncionaria ya había sido sentenciada a 19 años y 9 meses de prisión por su intervención en el entramado de corrupción, pero por los delitos de peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos y celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales.

Sobre su actuación irregular, el exsubdirector técnico del IDU Inocencio Meléndez informó a la Procuraduría General de la Nación (PGN) que Pardo se encargaba de adecuar los pliegos de peticiones según los requerimientos de los oferentes beneficiados con las adjudicaciones.