La investigación de la Fiscalía General de la Nación permitió identificar la presunta responsabilidad de cuatro exfuncionarios de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), quienes habrían favorecido a una concesionaria en condiciones técnicas y financieras. Los imputados fungían como directivos de la entidad, y estaban vinculados con un contrato de concesión 2010.
Los imputados son el exvicepresidente de Planeación, Riesgos y Entorno, Andrés Figueredo Serpa; el exgerente de Proyectos Carreteros Daniel Tenjo Suarez; el exgerente financiero Emerson Leonardo Durán Vargas y el profesional experto David Leonardo Montaño García.
La Fiscalía General de la Nación los acusa de presuntamente tramitar y permitir la aprobación de cuatro otrosíes de un contrato de 2010, vinculado con la Ruta del Sol II, tramo vial que ha sido cuestionado de manera reiterativa.
“Se trata del exvicepresidente de Planeación, Riesgos y Entorno, Andrés Figueredo Serpa; del exgerente de Proyectos Carreteros, Daniel Tenjo Suarez; el exgerente financiero, Emerson Leonardo Durán Vargas; y del profesional experto, David Leonardo Montaño García. Estas personas habrían tramitado y permitido la aprobación de manera irregular de los otrosíes 4, 5, 8 y 10 del contrato de concesión 001 de 2010, ‘Ruta del Sol II’”, añadió el ente acusador.
La investigación realizada por la Fiscalía General de la Nación permitió concluir que dentro de las pruebas, se presume que los implicados dieron aval y firmaron estudios de conveniencia del proyecto, puntos claves para avanzar en la gestión de la Ruta del Sol 2. Así mismo, se habrían modificado las condiciones del proyecto, las cuales le dieron favorabilidad a la concesionaria que estaba vinculada con multinacional Odebrecht.
La preocupación del caso, por parte de la Fiscalía, es que dichas jugadas de gestión evitaron la rigurosidad de los estudios, que permitieran dar fe de una buena ejecución de la construcción en cuestión.
La Fiscalía sentenció: “Los elementos de prueba indican que, en el ejercicio de sus cargos, formularon, avalaron, aprobaron y firmaron estudios de conveniencia y actas de comité de contratación, entre otras actuaciones, que les dieron viabilidad a las adiciones hechas al proyecto vial. De esta manera, fueron modificadas y ajustadas las condiciones financieras y técnicas del contrato en favor del concesionario, del que hacía parte Odebrecht, sin que existieran estudios serios y completos, propiciando injustificadamente beneficios al contratista”.
Del mismo modo, la recopilación permitió identificar que los tiempos de la obra se cambiaron e incluso, se pasaron por alto algunas sanciones que debían imponerse en contra de la concesionaria, cuya suma sobrepasaba los 35 mil millones de pesos. Algunos recursos públicos se vieron comprometidos en esta corruptela, según estableció la Fiscalía.
Del mismo modo, hubo un desbalance económico de importancia que afectó directamente las arcas del Estado y terminó beneficiando a la concesionaria encargada del tramo a construir, ligado a la Ruta del Sol 2. “Se desafectó un tramo por un valor de 19.976 millones de pesos, cuando debió hacerse por una suma superior a 65.395 millones de pesos. Esto generó un desbalance económico en el contrato en contra de los intereses del Estado y en beneficio de la concesionaria contratista ‘Ruta del Sol II’”, sentenció la Fiscalía.
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