Una anciana no puede vivir en la casa que compró para su jubilación porque el albañil que hizo la reforma la okupó: vive en un piso social y teme ser expulsada

Georgette, de 78 años, no ha podido residir en la casa que compró en Ariège, Francia, para su jubilación, debido a la ocupación del inmueble por parte de un antiguo albañil que realizó reformas en la vivienda, informa Le Figaro. Aunque existe una sentencia judicial que ordena su expulsión, este se niega a marcharse, lo que ha sumido a la afectada en una prolongada batalla legal y personal.

En 1999, la mujer decidió invertir en una casa con la intención de pasar allí sus años de retiro, cerca de su hermana. La vivienda requería reformas, por lo que confió los trabajos al mencionado profesional, llamado José, ya que ella residía en otra región y no podía supervisar las obras. El proyecto inicial se desarrolló sin contratiempos. Posteriormente, el propio operario se ofreció para gestionar el alquiler de la casa, proponiendo buscar inquilinos y encargarse de la administración, aprovechando su proximidad.

Durante los dos primeros años, Georgette recibió un alquiler mensual de 350 euros. Tras la marcha del primer inquilino en 2007, la situación comenzó a complicarse. José encontró un nuevo arrendatario, pero este apenas permaneció en la vivienda. Más tarde, José sugirió instalar a su propia hija como inquilina, rebajando el alquiler a 300 euros. Pronto, los pagos se volvieron irregulares y la deuda acumulada por impagos alcanzó los 7.000 euros.

Según ha explicado David, marido de Georgette, en ocasiones su esposa recibía parte del dinero, pero nunca la totalidad de los alquileres. Finalmente, la hija de José abandonó la casa en 2010 o 2011, momento en el que el propio José tomó posesión del inmueble.

José ha defendido la existencia de un contrato verbal de alquiler con Georgette, algo que la propietaria reconoce, aunque niega que existiera ningún acuerdo por escrito. Esta práctica, habitual en el pasado, quedó prohibida en Francia en abril de 2024 con la entrada en vigor de una nueva ley. Esta normativa impone sanciones de hasta un año de prisión y multas de hasta 20.000 euros para particulares que se nieguen a formalizar un contrato escrito, aunque solo se aplica si el propietario rechaza regularizar la situación tras una solicitud expresa.

En el caso de Georgette, la situación contractual no ha supuesto una infracción, ya que no ha existido negativa a formalizar el contrato por escrito. Sin embargo, la propietaria ha sufrido las consecuencias de la falta de garantías: desde 2019, José ha dejado de abonar cualquier cantidad en concepto de alquiler, y los ingresos han desaparecido por completo.

Ante la persistencia de los impagos y la negativa del ocupante a abandonar la vivienda, Georgette recurrió a la vía judicial. Tras presentar una denuncia, que fue archivada al considerar que José había accedido legalmente a la casa, la propietaria envió un requerimiento formal y, en 2022, interpuso una denuncia por estafa y falsedad documental. La fiscalía de Foix abrió una investigación por violación de domicilio.

El 26 de septiembre, el tribunal correccional de Foix falló a favor de Georgette, condenando a José a abonar 70.000 euros, incluidos 3.000 euros en concepto de daños y perjuicios, y ordenando su expulsión en un plazo de dos meses. Sin embargo, la ejecución de la sentencia ha quedado paralizada: José ha recurrido la decisión y, además, la entrada en vigor de la trêve hivernale -la moratoria invernal de desahucios-impide cualquier desalojo desde el 1 de noviembre.

La situación ha tenido un impacto devastador en la vida de Georgette y su marido, que actualmente residen en un piso social y temen ser expulsados por el hecho de seguir figurando como propietarios de la vivienda ocupada. La imposibilidad de acceder a su propia casa y la acumulación de deudas han frustrado sus planes de construir una nueva vivienda en Bajou, también en Ariège.

La venta del inmueble tampoco ha resultado viable. Georgette ha intentado poner la casa en el mercado, pero José se ha negado a permitir la entrada de potenciales compradores y del técnico encargado de realizar el diagnóstico energético obligatorio. Según ha explicado David a Le Figaro, el ocupante incluso ha intentado vender la vivienda en el pasado utilizando documentos falsos, lo que ha generado confusión en la agencia inmobiliaria y ha incrementado la tensión: “Es un mentiroso, un fabulador que nos amenaza”, ha afirmado el marido de la propietaria.

La reciente reforma legal francesa sobre los contratos de alquiler verbales busca evitar situaciones como la de Georgette, imponiendo sanciones a quienes se nieguen a regularizar los acuerdos por escrito. No obstante, la nueva normativa no resuelve los problemas de quienes, como esta propietaria, han visto vulnerados sus derechos durante años por la falta de protección efectiva frente a ocupaciones y fraudes.