Un tribunal de Moscú ordenó la confiscación de bienes valorados en más de 112 millones de dólares pertenecientes a Victor Momotov, ex juez del Tribunal Supremo ruso, luego de una investigación que detectó una incongruencia significativa entre los ingresos y el patrimonio inmobiliario del magistrado y sus socios.

La decisión judicial, anunciada este martes por un portavoz del Tribunal del Distrito Ostankino de Moscú y citada por la agencia TASS, implica la transferencia inmediata de casi cien propiedades al Estado ruso.

Según la orden, la Fiscalía General demostró que Momotov era el verdadero propietario de diversos activos, incluidos 95 inmuebles y participaciones en la cadena hotelera Morton, registrada en varias regiones de Rusia. Estas propiedades y participaciones figuraban a nombre de sus socios, Ivan y Andrei Márchenko, quienes, de acuerdo con la acusación, actuaban como testaferros. El valor total de los bienes asciende a 9.000 millones de rublos, equivalentes a más de 112 millones de dólares al cambio actual.

La causa judicial se inició tras una investigación impulsada por la Fiscalía General, destinada a comprobar la correspondencia entre los gastos de funcionarios y altos cargos y sus fuentes legales de ingresos. Momotov, quien ocupó su puesto en el Supremo desde 2010 hasta la revocación de su cargo el 26 de septiembre, quedó en el foco tras detectarse estas disparidades patrimoniales.

En una audiencia previa, la Fiscalía acusó a Momotov de utilizar su inmunidad y posición como juez para proteger actividades ilícitas relacionadas con la cadena Morton. Entre las acusaciones también figura la provisión de servicios sexuales en los establecimientos hoteleros, además de la presunta vinculación de Andrei Marchenko y su hijo Ivan, de 29 años, con redes de crimen organizado.

Durante el proceso, Marchenko reconoció que su relación con Momotov se remonta a la década de los noventa, cuando ambos eran vecinos en Krasnodar. Según testigos aportados por la Fiscalía, el ex juez organizaba de manera habitual fiestas a puerta cerrada en sus propiedades, a las que asistían jueces, así como miembros del Ministerio del Interior y del Servicio Federal de Seguridad (FSB).

A pesar de las acusaciones, Momotov ha negado cualquier responsabilidad en los hechos imputados. De acuerdo con la agencia TASS, el ex magistrado abandonó el tribunal antes de conocerse el veredicto definitivo.

La demanda de la Fiscalía General se presentó el 23 de septiembre, un día antes de la destitución del fiscal general Igor Krasnov, quien fue designado posteriormente como presidente del Tribunal Supremo tras orden de Vladimir Putin. Algunos analistas independientes consultados por medios rusos, citados también por TASS, consideran probable que el caso tenga motivaciones políticas, aunque no se ofrecieron mayores detalles al respecto.

Por otra parte, en paralelo a este caso, las autoridades rusas han abierto este martes un nuevo proceso judicial contra el opositor Mijail Jodorkovski, actualmente exiliado fuera del país, por su presunta implicación en la fundación de una “organización terrorista” y en actividades encaminadas a tomar el poder de forma violenta. El Servicio Federal de Seguridad (FSB) sostiene que Jodorkovski, ex empresario petrolero y antiguo responsable de Yukos, lidera junto a más de veinte personas —entre ellas el activista Vladimir Kara Murza y el ajedrecista y opositor Garry Kasparov— el Comité de Rusia contra la Guerra, creado tras la invasión a Ucrania en 2022 y declarado ilegal y “organización indeseable” por la Fiscalía en enero de 2024.

El FSB argumenta que tanto Jodorkovski como otros integrantes del Comité financian a grupos armados ucranianos definidos como terroristas por Moscú, y que participan en el reclutamiento de personas con el objetivo de impulsar un cambio de régimen por la fuerza. Jodorkovski, que estuvo preso diez años tras ser condenado por delitos financieros, aún no ha reaccionado públicamente a la acusación.

Los críticos del Kremlin afirman desde hace años que los procesos judiciales contra Jodorkovski son consecuencia de su financiación a grupos de oposición y sus críticas a decisiones del Gobierno sobre el sector energético. Las autoridades rusas, por su parte, insisten en que los cargos tienen base en actividades delictivas relacionadas con su etapa empresarial ligada al auge de Boris Yeltsin en los años noventa.

(Con información de EFE y EP)