La erosión democrática impulsa retrocesos en los derechos LGBTQ a nivel global

Más de 100.000 personas ocuparon las calles de Budapest el mes pasado al participar en la marcha del orgullo, desafiando la prohibición impuesta por el gobierno de Viktor Orban. Esta movilización, surgida pese a las restricciones estatales, expuso el poder de la sociedad civil ante políticas represivas y la erosión de derechos fundamentales. El evento, destacado por Foreign Affairs, representa la persistencia de la lucha por los derechos de la comunidad LGBTQ y revela la conexión entre su defensa y el estado de la democracia.

La protección de estos derechos depende fundamentalmente de la fortaleza de las instituciones liberales y democráticas. Su debilitamiento deja a las minorías sexuales y de género expuestas a nuevas formas de persecución y exclusión.

Durante las dos últimas décadas, los derechos LGBTQ han logrado avances notables, aunque irregulares, en distintas regiones. Decisiones judiciales despenalizaron las relaciones entre personas del mismo sexo en India, Namibia y el Caribe. En 2004, solo Bélgica y Países Bajos reconocían el matrimonio igualitario; hoy, ese derecho existe en 39 países, entre ellos Grecia y Tailandia.

Foreign Affairs subraya que estos avances se consolidan cuando se inscriben en constituciones nacionales, se normalizan culturalmente, cuentan con el respaldo de tribunales independientes y dependen de organizaciones civiles libres y estructuras internacionales de derechos humanos. La fuerza institucional de la democracia es el principal escudo para los derechos LGBTQ.

En muchos países, las instituciones que posibilitaron avances ahora están bajo ataque. En Hungría, los tribunales independientes han sido cooptados. En Estados Unidos, protecciones por decreto se han revertido y surgieron nuevas restricciones. En Turquía, organizaciones civiles enfrentan regulaciones restrictivas que limitan la expresión y la reunión.

La relación entre erosión democrática y retroceso de los derechos LGBTQ es recíproca. Líderes autoritarios explotan divisiones sociales en torno a la diversidad sexual para consolidar su poder, agitan temores sobre cambios sociales y justifican la reducción de autonomías judiciales y civiles bajo el discurso de la moral tradicional.

Según Foreign Affairs, campañas de activismo han impulsado reformas en democracias o en transiciones democráticas. En Brasil y Sudáfrica, constituciones surgidas tras dictaduras incorporaron derechos humanos y protección a grupos marginados.

Activistas LGBTQ impugnaron leyes discriminatorias mediante estrategias judiciales y legislativas. Tribunales constitucionales independientes crearon precedentes para permitir el matrimonio igualitario, la adopción conjunta y la no discriminación laboral en lugares como Colombia, México y Estados Unidos. Además, redes globales utilizaron instancias internacionales para denunciar violencia y discriminación, apelando a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o haciendo visible la condena del Parlamento Europeo a políticas anti-LGBTQ.

En Ghana, la libertad de prensa está amenazada, la corrupción judicial erosiona la confianza y una ley aprobada en 2024 criminalizó tanto la identidad LGBTQ como su defensa, escudándose en el respaldo popular. En Indonesia, el gobierno de Joko Widodo debilitó órganos de control y silenció a la oposición, aprobando en 2022 una ley que penaliza las relaciones sexuales fuera del matrimonio, lo que afecta especialmente a la población LGBTQ.

Redes transnacionales de grupos religiosos, activistas conservadores, donantes y gobiernos como el de Rusia refuerzan los esfuerzos internos anti-LGBTQ. El European Parliamentary Forum for Sexual and Reproductive Rights identificó 275 organizaciones que gastaron más de USD 1.000 millones entre 2019 y 2023 para promover agendas conservadoras y anti-LGBTQ en Europa. Estas entidades proveen mensajes, modelos legales y asesoría a actores locales, presentando la inclusión LGBTQ como una imposición extranjera y una amenaza a la soberanía nacional.

En 2023, el presidente de Uganda, Yoweri Museveni, firmó una ley que impone cadena perpetua por relaciones entre personas del mismo sexo y la pena de muerte ante casos de “homosexualidad agravada”. Legisladores ugandeses recibieron asesoría de la organización estadounidense Family Watch International, que, según The Wall Street Journal y CNN, ayudó a definir el lenguaje y la estrategia comunicativa para mostrar estos derechos como una imposición extranjera.

El fenómeno no se limita a África ni a Asia. En Polonia, el presidente Andrzej Duda triunfó en 2020 con una campaña que calificó la “ideología LGBTQ” como “más destructiva que el comunismo” y opuesta a la identidad nacional. En Hungría, Viktor Orban impulsa leyes contra la visibilidad y los derechos LGBTQ desde 2021, promoviendo los “valores tradicionales” frente a la política de la Unión Europea.

En marzo de 2025, el parlamento húngaro aprobó una ley que prohíbe toda “representación o promoción” de la homosexualidad ante menores, norma inspirada en Rusia en 2013, que prohíbe la organización pública LGBTQ e involucra vigilancia con inteligencia artificial y biometría para identificar asistentes.

Foreign Affairs advierte que las restricciones contra los derechos LGBTQ suelen ser la primera fase de procesos represivos de mayor alcance. Los gobernantes asocian la diversidad sexual con amenazas, justifican con ello restricciones de reunión y expresión y, a partir de ahí, preparan el terreno legal y social para recortar otros derechos fundamentales.

Ejemplo de ello es Rusia, donde la ley de “agentes extranjeros” de 2012 sirvió en principio para perseguir organizaciones LGBTQ y luego se utilizó contra activistas de derechos humanos y periodistas. En Indonesia, el movimiento anti-LGBTQ desde 2016 dio pie a ampliar la censura, restringiendo libertades sexuales, derechos de las mujeres y el acceso digital.

Para evitar retrocesos, las estrategias deben integrarse en esfuerzos democráticos más amplios. Es clave construir alianzas que vinculen los derechos LGBTQ con el desarrollo económico, la lucha contra la corrupción y la igualdad de género. La movilización en Budapest demostró ese potencial. Además, los grupos de defensa deberían diversificar sus fuentes de financiamiento, buscar respaldo en donantes privados y aliados políticos, y aprovechar la retirada estadounidense para combatir la percepción de que los derechos LGBTQ son una imposición foránea.

El riesgo de reacción adversa ante la mayor visibilidad LGBTQ permanece, pero los activistas pueden reducir la oposición enmarcando sus demandas en términos de dignidad humana universal y valores compartidos, subrayando que la libertad de la comunidad LGBTQ fortalece la libertad de toda la sociedad.