La Fiscalía General de la República (FGR) va por el expresidente Enrique Peña Nieto, a quien investiga por diversos delitos federales como el lavado de dinero, patrimoniales, ilícitos electorales y relacionados con transferencias internacionales.
De acuerdo con la dependencia, por ahora solo se desarrollan procedimientos de investigación en distintas carpetas en contra del priista, pero ya tiene un sustento por el primer caso de los tres que involucran al exmandatario. Se trata de indagatorias relacionadas con la empresa OHL.
“En esta investigación los avances permitirán judicializaciones en los meses próximos”, advirtió la FGR.
Según la dependencia ministerial, estos ilícitos incluyen delitos de carácter electoral, así como patrimoniales. Desde abril de 2020, la FGR había concluido que OHL obtuvo una concesión ilegal para la construcción y explotación del Viaducto Bicentenario, cuando Peña Nieto gobernaba el Estado de México.
Además, la institución que encabeza Alejandro Gertz Manero se refirió a las denuncias reveladas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 7 de julio.
Pablo Gómez, titular de la UIF, informó de una denuncia a la FGR sobre transferencias por más de 26 millones de 2019 a 2021, depositados en cuentas de Peña Nieto por una familiar consanguínea. El exgobernador mexiquense aseguró de inmediato ese mismo día en su cuenta de Twitter que su patrimonio es legal y todo será aclarado en su momento.
Se está integrando una carpeta de investigación por lavado de dinero y transferencias internacionales ilegales, todo lo cual requiere dictámenes periciales hacendarios y fiscales, que ya se han solicitado, mientras se obtienen diversas pruebas indispensables para la judicialización del caso
Por último, la FGR reportó que existe una tercera carpeta de investigación por enriquecimiento ilícito. Pero también necesitan dictámenes fiscales y patrimoniales, los cuales se están desahogando a través de instituciones correspondientes y peritos especializados.
“Conforme se vayan obteniendo resultados procesales, en los que se puedan dar las versiones públicas que la ley autorice, esto se hará de inmediato”, precisó la dependencia ministerial.
Durante la mañanera del presidente López Obrador de este 2 de agosto, se deslindó de intenciones por investigar a quienes le sucedieron, como Peña Nieto, Felipe Calderón, Vicente Fox, Ernesto Zedillo y Carlos Salinas, quienes aún siguen con vida.
Para ello culpó a la prensa de no difundir su propuesta del año pasado, cuando su iniciativa fue aprobada en el Congreso y se facultó al Instituto Nacional Electoral para que decidiera 40% del padrón electoral y entonces se procediera juzgar a los expresidentes. Para que la consulta fuera vinculante se requerían 37.5 millones de votos de la lista nominal, pero solo acudieron a las casillas el 7.1%, es decir, 6.6 millones de votantes.
“No se llegó al número que exige la ley, pero yo cumplí con mi responsabilidad”, se excusó el actual mandatario. Además, las otras denuncias que ha habido fueron enviadas a la FGR y esta debía informar sin mayor problema.
Ya no es un asunto que tenga que ver con el Ejecutivo, con el presidente, yo no estoy promoviendo esas denuncias. Existen; si hay pruebas, la fiscalía, que es autónoma, va a actuar, los jueces
López Obrador ha reiterado que no persigue a sus opositores y cuando llegó a la Presidencia de México en 2018 se propuso una renovación nacional. Sin embargo, la gente decidiría si debían proceder indagatorias contra sus antecesores.
Añadió que no es cómplice de nadie y se debe garantizar la no repetición del daño, además de estigmatizar a los corrputos. Pues según el presidente, éstos quedaban impunes y no perdían su prestigio. Ahora que han resurgido las pesquisas en la FGR, apuntó que eso le da margen para no ser considerado como alguien que protege a otros.
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