El Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) hizo un llamado al Congreso de la Unión para concretar un periodo extraordinario de sesiones, con el fin de que los legisladores aprueben ampliar hasta septiembre el plazo para que las empresas puedan transferir a sus empleados que estén en un esquema de subcontratación (outsourcing) a sus nóminas centrales y así puedan gozar de sus derechos laborales.
A través de su cuenta oficial de Twitter, la dependencia publicó su posicionamiento al respecto, en el que exhortó a las bancadas a alcanzar acuerdos que las lleven a convocar a esas sesiones parlamentarias. Y es que este 27 de julio la Comisión Permanente del Congreso rechazó convocar a periodos extraordinarios para diputados y senadores debido a la falta de consensos, lo que dejó en suspenso los ajustes a Ley Federal del Trabajo,
La dependencia dirigida por Zoé Robledo añadió que la modificación al decreto en materia de subcontratación daría certeza jurídica en torno a la implementación de la reforma que entró en vigor el pasado 24 de abril. Sin embargo, el plazo de 90 días naturales para que las empresas beneficiarias de outsourcing llevaran a cabo el proceso de sustitución a contratación directa, respetando el derecho de antigüedad, fue insuficiente.
“Es innegable los beneficios que la reforma ha generado a los trabajadores y que la voluntad de cumplimiento de las empresas existe; sin embargo, el tiempo para la adecuación de los esquemas de trabajo ha resultado insuficiente, razón por la cual nos suscribimos a la pertinencia de ampliar los plazos de implementación de la reforma y reiteramos el llamado a la construcción de los acuerdos que sean necesarios para dar certidumbre jurídica a su aplicación”
De acuerdo con el IMSS, hasta el momento 2.3 millones de trabajadores han migrado de una empresa prestadora de servicios de personal a un patrón real, incrementando en 12% su salario base de cotización, al pasar de 472.5 a 529.4 pesos por día.
A este posicionamiento se sumó el del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), presidido por Carlos Salazar Lomelín, quien declaró este miércoles que si no se aprueba la prórroga para la entrada en vigor se pone en riesgo un número importante de empleos.
“El 1 de agosto vence el plazo para el registro [...] Esta disposición afecta severamente a un amplio número de empresas que han enfrentado obstáculos en la realización de los trámites de registro que la autoridad requiere”
Refrendó el compromiso de las empresas por hacer cumplir con todas las obligaciones laborales, fiscales y de seguridad social en el marco del nuevo esquema que establece la Ley Federal del Trabajo.
Cabe mencionar que en el Congreso de la Unión hay dos iniciativas para extender los plazos de la reforma de subcontratación: una para septiembre (un mes más) y otra para enero de 2022.
Los legisladores que integran la Comisión Permanente fueron convocados a sesión mañana jueves y se espera que vuelvan a intentar convocar al periodo extraordinario.
Cuáles son las sanciones
Las empresas que no hagan la sustitución patronal y continúen beneficiándose de un esquema de subcontratación laboral incurrirán en una ilegalidad, pues esta figura fue elevada a delito de defraudación fiscal, el cual se castiga hasta con tres años de prisión.
Además, la modificación a siete ordenamientos legales que contempló la reforma de “outosurcing” fijó una multa de hasta 4 millones 481,000 pesos para los negocios que contraten o presente servicios especializados sin contar con el registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Esta multa es la más costosa que se ha contemplado en la Ley Federal del Trabajo.
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