En fallo de primera instancia, la Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad general por ocho años al exdirector general de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá (Corpourabá), Gabriel Alonso Ceballos Echeverri, por contratar servicios de transporte a un particular con el que la entidad no tenía una relación contractual.
La Procuraduría Delegada Disciplinaria de Juzgamiento estableció que el disciplinable ordenó cancelar a la empresa Serintra Ltda. $30.985.000 por cargar, movilizar y descargar insumos y productos forestales y, adicionalmente, emitió órdenes de pago y comprobantes de egreso que se giraron a una cuenta de ahorros a nombre de quien para ese entonces era su esposa.
El ente de control corroboró que el servicio de transporte se utilizó de forma frecuente sin que para ello fuera elaborado documento alguno que soportara las obligaciones de las partes, ni se formalizara su modo de ejecución, y las prestaciones económicas no estaban dentro de las modalidades de pago previstas en la normativa vigente.
La conducta del Ceballos Echeverri, quien estuvo al frente de la dirección de la Corporación entre 2007 y 2015, fue calificada de forma definitiva como falta gravísima a título de culpa gravísima, por desatención elemental.
Contra la decisión, procede el recurso de apelación ante la Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento.
Otros procesos de Gabriel Ceballos Echeverri
En el año 2018 la Contraloría de Antioquia abrió proceso fiscal en contra del exdirector general de Corpourabá Gabriel Alonso Ceballos Echeverri y varios de sus funcionarios, por el presunto detrimento patrimonial a la entidad superior a los dos mil millones de pesos.
La medida afecta igualmente a los siguientes exfuncionarios, quienes también afrontan procesos en la Fiscalía General de la Nación: Aracely de Jesús Alzate Aristizabal, en calidad de tesorera, Diana Cristina Pineda Valderrama, jefe de presupuesto, Hamet Ríos Linares, jefe de contabilidad y Farid del Carmen Vergara Martínez, secretaria ejecutiva de Corpourabá.
El proceso ordinario de responsabilidad fiscal-2017-01361, está considerado por el ente de control en la suma de 2.659.275.037 millones de pesos, se conoció de fuentes oficiales.
La medida también afecta a dos reconocidas aseguradores como terceros en el proceso, La Previsora de Seguros y Liberty Seguros.
“Mediante oficio con radicado SIGEDOC No. 20161E0090860 del 14 de octubre de 2016 se remitió a la Presidencia de la Gerencia Departamental Colegiada de Antioquia el hallazgo originado en la denuncia No. 2016-95709-80054-D, coincidencia fiscal por presunto daño patrimonial correspondiente a irregularidades ocurridas en Corpourabá por pagos y transferencias de recursos de la Corporación a cuentas de familiares y allegados de la responsable de Tesorería de la entidad por $102.362.312″ indica el antecedente 080-2016.
Luego, con el oficio 20161E0107068 del 12 de diciembre de 2016 se realizó el traslado del hallazgo fiscal: “detectado en la auditoría realizada a Corpourabá vigencias 2014 y 2015, por presuntas irregularidades ocurridas (...) por pagos y transferencias de recursos de la Corporación a cuentas de funcionarios de la entidad, familiares y allegados de la responsable de la Tesorería de la entidad por $2.026.889.204″, se lee en el antecedente 086-2016.
En contexto: Corpourabá
La Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá – Corpourabá-, es un ente corporativo de carácter público creado mediante el artículo 24 de la Ley 65 de 1968 e inicialmente tomó el nombre de Corporación Regional de Desarrollo de Urabá. Mediante el artículo 40 de la Ley 99 de 1993 se transforma en Corporación de Desarrollo Sostenible y toma el nombre de Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá – Corpourabá.
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