
Este miércoles 27 de abril la Fiscalía General de la Nación le imputó cargos por los delitos de celebración indebida de contratos, violación al régimen legal de inhabilidades e incompatibilidades y peculado, al alcalde de Neiva (Huila), Gorky Muñoz Calderón, a propósito de algunas irregularidades que el ente acusador habría notado en la contratación para el polémico Programa de Alimentación Escolar (PAE) y mercados para adultos durante la pandemia.
Los mismos cargos se imputaron al exsecretario de educación Giovanny Córdoba Rodríguez, a los asesores jurídicos Juan Felipe Molano y Andrés Camacho Cardozo; a la representante de la Asociación de Estudiantes Afrodescendientes de Nariño (Asoformando), Carmen Castillo, y el de la Fundación Colombia Florece, de Tumaco (Nariño), Miguel Banguera, así como de Aiden Vergara Quiñónez.
De forma específica, el señor Vergara Quiñónez habría aportado dinero a la campaña de Gorky, quien se hizo elegir en octubre de 2019 con el apoyo de un grupo significativo de ciudadanos, es decir, por firmas. Después, según la Fiscalía, Asoformando fue beneficiada con el contrato del PAE y de mercados para la contingencia sanitaria de 2020, causada por la pandemia de covid-19.
La decisión de conceder estos contratos a entidades de otro departamento despertó la suspicacia del fiscal Juan Carlos Durán Cujar, ya que casualmente Vergara, el benefactor de Muñoz, hace parte de la junta directiva de esa organización y de la interventora, Colombia Florece. El contrato, además, acaparaba el excedente que dejó la administración de Rodrigo Lara Sánchez: un saldo a favor de 5.300 millones de pesos.
Según el periódico local La Nación, el contrato obligaba a Asoformando a entregar 105 mil raciones de alimento para estudiantes de instituciones educativas públicas urbanas y rurales. Al fiscal se le hizo muy extraño que los dineros fueran desembolsados con una inusitada rapidez.
Entonces, al celebrar ese contrato sin licitación previa y a dedo, el fiscal Durán cree que se pudo incurrir en un conflicto de intereses y se habría hecho un mal uso de la situación de urgencia manifiesta que el Gobierno nacional había declarado en aquel entonces para acelerar las medidas de mitigación locales.
Durante esta diligencia ante la jueza séptima de Control de Garantías de Neiva, la Fiscalía también solicitó que se les imponga medida de aseguramiento preventivo y una pena de 18 años de prisión por la responsabilidad en los hechos. No obstante, ni Muñoz ni el resto de los imputados aceptaron los cargos; todos se declararon inocentes.
Ahora, los sindicados tendrán que rendir cuentas ante un juez de conocimiento y mostrar evidencia de que no cometieron esos crímenes. La audiencia continuará este jueves 28 de abril.
El alcalde se defiende
En un texto publicado en su cuenta de Facebook, cuya extensión ronda las dos mil palabras, el alcalde Gorky Muñoz trató de defenderse de las acusaciones que recaen sobre él. Entre otras cosas, acusó al personero de Neiva, Kleiver Oviedo, de pedirle un pago de 50 millones de pesos para no hablar mal de él.
También señaló al representante de Concejo Visible, Yilber Saavedra, de estar ejerciendo presión política y mediática contra él en retaliación por el despido de su compañera sentimental, Yessica Yaneth Rincón Vega, “quién estaba adscrita a la Secretaría General con honorarios mensuales de 6 millones de pesos”.
Además, acusó al locutor de la emisora Alfa Estéreo, William Gutiérrez, de difundir injurias contra él y contra todo funcionario que no accede a darle un soborno. Dijo también que otros funcionarios de la Alcaldía de Neiva, tanto de su administración como de las anteriores, serían víctimas del comunicador.
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