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La decisión del Tribunal Superior de Cartagena (Bolívar) de condenar al exjuez Fabio Cabarcas Pardo fue confirmada este 10 de noviembre por la Corte Suprema de Justicia. El exmagistrado deberá pagar 12 años y 8 meses de prisión porque fue hallado culpable de los delitos de peculado por apropiación a favor de terceros y prevaricato por omisión, ya que favoreció cobros irregulares de pensiones entre 2010 y 2011.
La decisión del Tribunal Superior de Cartagena fue comunicada a finales de octubre de 2020, pero ahora, un año después, es que la Corte Suprema la ratificó. El alto tribunal argumentó que el entonces juez “profirió dolosamente decisiones contrarias a la ley”.
Este caso empezó a investigarse desde hace varios años y en 2016 el Consejo de la Judicatura de Bolívar publicó la primera sentencia contra Cabarcas. La decisión se tomó basada en revelaciones de la Dijín y Fiduagraria, entidad encargada de recuperar los dineros del Estado pagados irregularmente, que establecieron que la estrategia usada por Cabarcas y otros ocho abogados que hacían parte del desaparecido Instituto de Seguros Sociales era presentar demandas sin fundamento, pero que podían apelar para obtener la pensión o mejorarla.
Uno de los modus operandi del supuesto carrusel de abogados era presentar las demandas de pensionados del Sena mediante un abogado que adicionaba intereses por mora, cuando en realidad las pensiones se pagaban puntualmente. En los casos investigados, el abogado y un grupo de exfuncionarios del seguro reunieron a más de 20 demandantes para lograr multimillonarios pagos por retroactividad.
Después de años de investigaciones, el pasado 16 de octubre de 2020 el Tribunal Superior Judicial de Cartagena emitió un pronunciamiento en el que la Fiscalía acusó a Cabarcas de afectar las finanzas del Estado en más de 30.000 millones de pesos.
De acuerdo con lo revelado en el documento, “se generó un doble pago de pensión a los diferentes demandantes dentro de los procesos laborales referenciados, afectándose así el patrimonio público”. El exfuncionario fue condenado por acceder a demandas contra el Instituto de los Seguros Sociales, que buscaban el reconocimiento y pago de más de 90 pensiones de jubilación.
“Aunque parezcan similares, enmarcan una connotación especial en la forma en que son otorgados, ya que la pensión de jubilación hace que la obligación prestacional del empleador subsista en lo relativo al mayor valor que tendría que pagar al extrabajador, respecto de la prestación de vejez que sufraga el Instituto de los Seguros Sociales (hoy Colpensiones)”, se lee en el fallo.
En su defensa, el hoy sentenciado argumentó que, “las pensiones que se les cancelaron a los demandantes se realizaron con base al monto que ellos cotizaron, no con dineros provenientes del Estado”. Sin embargo, el argumento no fue suficiente para la justicia y en el fallo advirtió que el juez Cabarcas tenía la capacidad de entender y actuar en derecho, razón por la que fue condenado.
En su momento, las víctimas de este caso pidieron que se investigara a otros magistrados que integraron la Sala Laboral por el fallo emitido en noviembre de 2011 y que abrió la puerta al pago de estas millonarias pensiones.
Incluso, en 2017 se alcanzó a señalar y capturar a 11 contratistas implicados en fraudes por más de $5.100 millones a Colpensiones, por los delitos de estafa agravada, violación de datos personales, falsedad en documento público, fraude procesal y concierto para delinquir.
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