La Corte Suprema de Justicia absolvió, este 10 de noviembre, al exgobernador del Putumayo, Iván Guerrero, quien era investigado por haber incurrido en actos corruptos entre 2001 y 2003. Al parecer, el condenado había entregado contratos para el suministro de cemento en el departamento sin hacer el debido proceso de licitación, pero ahora, veinte años después, se asegura que no hay pruebas que den cuenta de eso.
Durante estos años, Guerrero se ha declarado inocente y ha argumentado que los trámites contractuales que se realizaron fueron legales, ya que estaban permitidos y previstos con antelación en manuales de la gobernación. Además, asegura que una vez se suscribieron los contratos, estos fueron revisados.
Aún así, seguía generando dudas que los fondos por los que estaba estipulado el anticipo del contrato, que rodeaban los 120.388 millones de pesos, hubiesen desaparecido. Se dijo que Guerrero, al incurrir en irregularidades, había permitido la pérdida de los recursos, pero ahora la Corte Suprema señala que el exfuncionario no tuvo nada que ver. Las pruebas que tienen los magistrados darían cuenta de un desfase económico por parte del proveedor que nunca fue conocido por la administración departamental.
Con este pronunciamiento, a Guerrero se le retiran los cargos por los delitos de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros. La Corte reiteró que no hay pruebas que señalen que el exgobernador tenía intereses personales o que se haya beneficiado de alguna forma de los recursos perdidos.
Con la decisión se cierra un capítulo de corrupción de Putumayo, pero esto no significa que en el departamento no haya más procesos de este tipo. De hecho, el actual gobernador, Buanerges Rosero Peña, está siendo investigado por irregularidades en unos dineros destinados a la adquisición de 10 ambulancias para el departamento en un contrato de $3.460.634.610.
En las investigaciones, la Fiscalía detectó un supuesto direccionamiento indebido para que la adquisición de los vehículos quedara en manos de un único proponente, Carrocería Innovas SAS; además de un sobrecosto por $1.064.626.310. El material de prueba también da cuenta de que el contratista, al parecer, no tenía disponibles las ambulancias medicalizadas para la fecha y plazo del contrato; sin embargo, habría recibido un anticipo del 50 % del valor del contrato, en contravía de las normas.
Por lo anterior, la Fiscalía General de la Nación imputó a Rosero Peña los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros agravado, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento público. El hombre recibió medida de aseguramiento en noviembre de 2020, pero a finales de septiembre quedó en libertad por vencimiento de términos. Ahora, la Fiscalía y la Contraloría pidieron al Tribunal de Bogotá retirar del cargo al gobernador.
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