La Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia confirmó negó el pedido de nulidad en el proceso judicial que avanza en contra del exgobernador de Santander, Richard Aguilar Villa. La decisión que tomó en ente de control determinó no proceder ante la petición que hizo el abogado del exmandatario, Iván Cancino, quien en la audiencia de acusación del pasado 27 de octubre, solicitó revertir la decisión de la Fiscalía sobre la acusación contra Aguilar por presuntos hechos de corrupción, mientras fue gobernador de Santander, entre 2012 y 2015.
Cancino había asegurado que el proceso de su cliente había comenzado en la Corte y que la Fiscalía no tenía potestad dentro de la investigación y que por ende esta no debía apropiarse ni participar de la investigación en curso, sin embargo, la Corte consideró que la entidad tiene el derecho y las pruebas para hacer parte de este evento.
La Fiscalía se incluyó dentro del proceso y llamó a Aguilar a juicio por los delitos de concierto para delinquir, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en celebración de contratos y peculado por apropiación.
De acuerdo con lo que precisó la Fiscalía, Aguilar habría destinado los contratos para beneficiar a sus amigos y familiares en los convenios pactados en obras civiles y la alimentación de niños de colegios santandereanos mediante el Programa de Alimentación Escolar, PAE.
En ese sentido, les habría otorgado hasta el 10% de cada proyecto y habría beneficiado a Alfonso López, quien se encargó de la reestructuración del estadio, así como la adecuación de piscinas y del Coliseo Vicente Díaz Romero, contrato suscrito en febrero de 2014.
Los dineros que sus allegados habrían obtenido con ese monto ascienden a los 15.278 millones de pesos. Por lo que la Fiscalía, recopilando toda la información, evidenció que “el contrato de interventoría y una adición reconocida por más de 6.700 millones de pesos” sería la prueba reina de que “el exgobernador Aguilar Villa habría recibido dádivas por 2.300 millones de pesos. De igual manera, hay indicios de que permitió a terceros apropiarse de 7.683 millones de pesos”, reza el documento.
En el pronunciamiento de la institución, dirigida por el fiscal general Francisco Barbosa, se asegura que otros de los contratos que hoy tienen en lío con la justicia al exmandatario sería el Corredor Agroforestal y Energético, celebrado en diciembre de 2014 que fue “entregado a la Unión Temporal Promesa Sociedad Futura Unidos por Santander S.A.S, de la que era empleado el primo hermano del papá del exmandatario”, también con procesos abiertos ante la justicia.
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