El representante a la Cámara, David Racero, de Colombia Humana, confirmó en la tarde de este miércoles que ya está lista la fecha para adelantar el debate de control político contra seis funcionarios del Estado que aparecen mencionados en el escándalo de paraísos fiscales conocido como Pandora Papers.
Según le hizo saber a medios, “el Debate de Control Político sobre los Pandora Papers quedó programado para el 21 de octubre”. Igualmente, recordó que los citados a comparecer ante el Congreso son:
- Lisandro Manuel Junco Riveira - Director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).
- Francisco Roberto Barbosa - Fiscal general de la Fiscalía General de la Nación
- Marta Lucía Ramírez - Ministerio de Relaciones Exteriores
- Angela María Orozco - Ministerio de Transporte
- Javier Alberto Gutiérrez López - Director de la Unidad de Información y Análisis Financiero
- José Manuel Restrepo - Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Valga señalar que, a pesar de la confirmación de ese llamado, Racero fue incisivo esta mañana al señalar que por lo menos el director de la Dian debería renunciar. Según dijo en una entrevista concedida a RCN Radio el funcionario falló en su deber al ocultarle información económica al Estado, a pesar de que el mismo ha incluido artículos en reformas tributarias con el objetivo de combatir la evasión.
“Sabemos que grandes potentados económicos y políticos de este país utilizan esos paraísos para ocultar información, así que no tiene carta de presentación, insisto, y sí le pedimos desde la bancada de oposición al señor Junco que renuncie porque no tiene la competencia moral para seguir en ese cargo”.
Dicho esto, hay que recordar que la fecha del debate se da a conocer menos de 24 horas después de que Racero, y otros congresistas de la oposición como Inti Asprilla y Katherine Miranda radicaran una propuesta para que el mismo fuera agendado para el próximo 13 de octubre.
La petición se le hizo a la presidenta de la Cámara de Representantes, Jennifer Arias, y se fundamenta en el derecho a determinar el orden del día de la sesión plenaria de la corporación, como lo dicta el Estatuto de la Oposición, que reconoce el derecho a de esta a determinarlo en tres veces durante cada legislatura.
Según exponen los congresistas, el director de la Dian es uno de los nombres en la lista de Pandora Papers por la constitución en 2016 de la empresa Cyber Security System Company en Delaware, EEUU. Junco asegura que la constituyó para guardar dinero necesario para un posgrado que quería realizar en EE.UU.
“Pandora Papers encontró que la empresa es cliente de una firma cuestionada, SFM Corporate Services, constituida en Suiza y con sede en Dubái, que trabaja con clientes cuestionables en el ámbito de la legalidad”, señala el documento radicado ante la Cámara, que además insiste en que él es el encargado de investigar a 588 personas o empresas que aparecen en Pandora Papers, y “pone en peligro los resultados del proceso al ser juez y parte”.
Paralelamente, se sabe que la actual vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez, aparece junto a su esposo, Álvaro Rincón e hija, María Alejandra Rincón, como accionistas de la sociedad Global Securities Management Corporation registrada en Islas Vírgenes Británicas y la cual fue fundada por Gustavo Hernández Frieri, colombiano condenado este año en Estados Unidos por un caso de lavado de dinero. En esa misma sociedad apareció como accionista en 2005 Ángela María Orozco, actual Ministra de Transporte.
La ministra explicó que no estaba en ninguna función pública cuando se unió a la sociedad y reiteró que todas sus operaciones en el exterior fueron declaradas ante la dirección de impuestos.
“Con respecto a la investigación Pandora Papers, me permito informar que la compañía en el exterior a la que se hace mención en relación con mi nombre, así como su inversión en la sociedad Comisionista de Bolsa, fueron declaradas ante el Banco de la República (emisor colombiano) y la DIAN, conforme a la ley”, respondió Ramírez en un breve comunicado.
Las dos funcionarias explicaron, en 2018, que los negocios con Hernández habían terminado dos años antes de que se conocieran los delitos del inversionista y seis antes de su captura, lo cual fue confirmado por la también vicepresidenta, quien reiteró que “dicha compañía fue vendida en el año 2012″.
Otros funcionarios que no fueron llamados a control político son Guillermo Botero, actual embajador de Colombia en Chile y los expresidentes, Cesar Gaviria y Andrés Pastrana.
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