Los escándalos no paran para el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. En medio de la polémica por la perdida de 70.000 millones de pesos entregados a la unión temporal Centros Poblados, un contrato que buscaba llevar conexión a internet a zonas rurales de más de 16 departamentos del país, ahora se suma una denuncia por otra arista de corrupción.
En una columna de opinión escrita por Germán Vargas Lleras en El Tiempo, el político asegura que en un contrato hecho entre el ministerio, supervisado por Karen Abudinen, y la empresa 4-72, existieron algunas irregularidades. Ante esto la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) confirmó que sí encontró mérito para la apertura de una investigación administrativa sobre la contratación.
El exvicepresidente denunció que hubo una presunta colusión (convenio o contrato hecho entre dos o más personas en forma clandestina, con el objeto de defraudar o perjudicar a alguien) para unas licitaciones que se abrieron este año. Lo grave es que, según Vargas Lleras, la Veeduría de Control advirtió sobre ello, pero nadie en el Ministerio atendió la alerta muy parecido a lo que se ha venido denunciando en otros casos.
Las licitaciones que se presentaron fueron para los contratos de transporte para las ocho regionales de la empresa y una adicional para la ruta nacional. En dicho contrato lo que llamó la atención fue que la firma postal adjudicó cinco de estos contratos; uno mediante licitación y cuatro más con invitación abreviada a las empresas que se presume están en colusión.
En este proceso algunas de las entidades que se beneficiaron fueron: Macroservicios Express, Megatransportes, Transportes Occidental, Transportes especializados del norte, E cargo, Serfletar y Camarca.
“En 2021, cuando se abrieron de nuevo las licitaciones de las 8 regionales y una de la ruta nacional para celebrar los contratos de transporte, llamó la atención la denuncia de una presunta colusión, formulada por la Veeduría de Control, a la que no le pararon bolas en el Ministerio”, escribió Lleras en su denuncia.
Entre los argumentos que expuso el exvicepresidente está que en Transportes Occidental y Macroservicios y que Macroservicios y Megatransportes se constituyeron el mismo día en la Cámara de Comercio de Tuluá y por consiguiente usan los mismos vehículos con las mismas placas. Además, aseguró que existe un posible conflicto de intereses en la adjudicación.
Ante estas acusaciones, la empresa señaló que estos hechos fueron puestos en conocimiento de la Superintendencia de Industria y Comercio desde el pasado 6 de abril y que las gestiones han sido objeto de seguimiento, a través de Servicios Postales Nacionales de Colombia (4-72), colaborando con la SIC; y la información fue corroborada por la Superintendencia.
“La información fue recibida por el Grupo de Prácticas Restrictivas de la Competencia, quien lo trasladó al Grupo Élite contra Colusiones el nueve de abril de 2021. Después de recibida la información por este grupo se pudo identificar que, sobre el proceso contractual objeto de denuncia las actuaciones en principio no correspondían con una colusión u otra conducta donde se restrinja la libre competencia”, afirmó la Superintendencia por medio de un comunicado.
Además, la Superintendencia estableció que hay una relación entre las empresas Macroservicios Express, Megatransportes, Transportes Occidental, pero señaló que no compitieron en los mismos grupos de los procesos de contratación.
“Aunque el caso 4-72 se encuentra en su fase reservada en donde se ha podido recabar información para determinar si hay mérito para la apertura de una investigación administrativa, esta actuación corresponde a la delegatura para la Protección de la Libre Competencia, que adelanta la investigación y si encuentra probadas las conductas las presenta ante el despacho del Superintendente para toma de decisión en conjunto con el Consejo Asesor”, finalizó la entidad de control.
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