Organizaciones sociales de 12 países solicitaron a la Organización Mundial de la Salud (OMS) y a los ministerios de Salud de sus países ser incluidos en el debate sobre la reducción de riesgos y daños del tabaco y la nicotina, así como también escuchar la voz de las personas consumidoras.
Las organizaciones sociales de Argentina, México, Colombia, Perú, Ecuador, Chile, Brasil, Paraguay, Costa Rica, España, Australia y Nueva Zelanda en una carta enviada a la OMS y a los Ministerios de Salud, hicieron un llamado a no ser discriminadas, sino que, por el contrario, que se tengan en cuenta los años de investigación, experiencia y trabajo que han realizado.
“La necesidad de incluir el enfoque de reducción del riesgo y daño en tabaquismo y nicotina radica en que hay personas que, a pesar de conocer los riesgos que implica el consumo, deciden seguir haciéndolo y tienen el derecho de recibir información y alternativas que les permitan reducir el riesgo y daño en este consumo”, manifestó Julián Quintero, vocero de Acción Técnica Social, una de las organizaciones firmantes de la petición.
El consumo de sustancias psicoactivas legales e ilegales ha sido reconocido en diferentes guías y directrices de Naciones Unidas, recomendaciones internacionales y políticas públicas nacionales como una alternativa que complementa la prevención y la cesación del consumo de éstas. En ese sentido, el tabaco y la nicotina no pueden estar exentos de este enfoque y lo que piden las organizaciones sociales es que sea incorporado, de manera gradual, basado en la evidencia y considerando los adultos.
“Las personas consumidoras de tabaco y nicotina, así como las organizaciones de la sociedad civil y la academia que defendemos la reducción de riesgos y daños en el consumo de nicotina tenemos derecho a la igualdad y a participar de las asambleas, reuniones y políticas públicas como lo tienen las organizaciones antitabaco, los representantes de las farmacéuticas, entre otros”, dice la carta dirigida a la OMS y a los ministerios de Salud.
Las personas fumadoras han estado ausentes de toda decisión. La restricción al diálogo y la discusión ha sido severa, cerrando cada vez más los espacios de participación de usuarios y organizaciones de la sociedad civil que exigen la inclusión de la reducción de riesgos y daños, incluso en términos de prevención y cesación.
Para la próxima reunión de COP9, que se realizará en noviembre de este año, lo que piden las organizaciones sociales es que las discusiones se concentren de forma clara, con soporte científico e incluyendo las voces de todos los actores en las acciones encaminadas a la prevención, tratamiento e investigación, del tabaco y la nicotina.
Lo anterior, teniendo en cuenta que, a pesar de que el Convenio Marco para el Control del Tabaco reconoce la participación de organizaciones defensoras de consumidores, no hay una que participe formalmente.
Pero el llamado también es a nivel local, pues los ministerios de Salud de los países son autónomos y soberanos en incluir a todo tipo de actores que consideren relevantes para discutir los temas de salud pública. Es así como en Colombia existe la Política Pública de Participación Social en Salud que abre estos espacios y demanda la participación de las personas beneficiarias de las políticas publicas en su diseño y desarrollo para dar mayor legitimidad a estas.
Las organizaciones sociales se unieron para hacer un llamado a retornar los objetivos de salud pública, donde existe la oportunidad de direccionar políticas y programas innovadores que aborden nuevas estrategias y aprovechen la efectividad de la reducción de riesgo y daño demostrada en el abordaje del consumo de otras sustancias psicoactivas.
“La política publica, la tecnología y la ciencia han avanzado para construir de manera más participativa y acertada políticas publicas que respondan a los intereses de las personas afectadas, Latinoamérica no puede quedarse atrás en estos cambios” concluyó Julián Quintero.
Esta es la carta enviada por las organizaciones:
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