De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, los imputados fueron el exsecretario de Salud de San Andrés, Heyder Enrique Avendaño Villa y la exjefe de la Oficina Jurídica de la Gobernación, Ainn Zulema Conolly Quinn, quienes se aprovecharon de sus cargos públicos, en 2016, para favorecer a contratista en la adjudicación de contratos.
Elementos probatorios, que fueron recolectados por el ente acusatorio, revelaron irregularidades en dos contratos que beneficiaron al contratista José Julián Carvajal Mejía, quien por medio de los funcionarios, que maniobraron a su favor, lograron adjudicar dos contratos de telemedicina, para la Isla, por más de 2.000 millones de pesos.
“Los elementos de prueba recaudados permitieron conocer que estas personas habrían participado en las fases precontractual, ejecución y liquidación de los contratos, en los que se acreditó un supuesto sobrecosto de 900 millones de pesos”, informó la Fiscalía.
Adicionalmente, hay indicios de que, al parecer, estos dos funcionarios recibieron 100 millones de pesos para favorecer al contratista en la adjudicación.
El primer contrato investigado fue suscrito el 6 de diciembre de 2016 y tenía plazo de ejecución de 31 días. El objetivo era realizar el ‘Plan Piloto de Consulta Teleasistida por Especialista para Mejorar la Oportunidad en la Atención en Salud en San Andrés y Providencia’.
El segundo contrato se firmó el 28 de febrero de 2017, y contempló el mismo propósito del celebrado tres meses antes, pero con una vigencia de ejecución de 10 meses. De acuerdo con la Fiscalía, en este segundo contrato se acordó el desembolso del 40% de 1.795 millones de pesos, que era el monto total, con la firma del acta de inicio.
Por estos hechos, un fiscal del Grupo de Salud de la Dirección Especializada contra la Corrupción imputó los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación a favor de terceros, cohecho por dar u ofrecer, falsedad en documento privado, y falsedad ideológica en documento público. Dichos cargos no fueron aceptados por los procesados.
Contraloría verificó el cumplimiento del “Plan 100 días” para la reconstrucción del archipiélago de San Andrés.
El organismo de control informó que, el pasado 22 y 23 de enero, realizó un proceso de verificación de las acciones para la reconstrucción del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, devastado por el huracán Iota en noviembre del 2020.
Dicho seguimiento, se realizó en cumplimiento al correcto manejo de los recursos dispuestos para mitigar esta emergencia, que ascienden los $82.594.468.251 de pesos destinados para ejecutar el “Plan 100 días para reconstruir el archipiélago”, la entidad hizo una visita durante estos dos días para corroborar la conexión de los servicios públicos, rehabilitación de techos en las residencias, iniciativas para restaurar la vegetación y otros compromisos adquiridos por el Gobierno nacional.
“Según se ha informado, ya se han techado 98 casas que tenían afectaciones leves y contaban con las condiciones para hacerlo. En un segundo grupo, se trabajará en aquellas casas que requieren una intervención estructural, 877 casas que están en ese proceso. Verificaremos todo esto”, afirmó el contralor delegado para la Participación Ciudadana, Luis Carlos Pineda.
Según la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidad realizada los días posteriores a la catástrofe, cerca de 1.134 casas deberán reconstruirse, luego que el huracán Iota, que alcanzó categoría cinco en su paso por el archipiélago, impactara las islas de Providencia y Santa Catalina.
Los recursos que han sido dispuestos por el Gobierno nacional a través del Ministerio de Hacienda, el Instituto Nacional de Vías, Bancóldex y la Unidad Nacional para Gestión del Riesgo de Desastres para la restauración de la región, serán monitoreados por la Contraloría.
“Hay muchos clamores de los habitantes porque se cumpla lo prometido con el Plan 100 días, así que venimos al archipiélago a verificar cómo se vienen adelantando estas acciones”, detalló Pineda.
Por su parte, el organismo de control indicó que al Fondo Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (Fngrd) han ingresado más de $60 mil millones de pesos, incluyendo las donaciones que suman más de $1.6 mil millones, a corte del 20 de enero de este año.
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