Polémicas por el caso del cartel de la hemofilia: el juicio de Edwin Besaile está detenido y Adalberto Carrascal quedó libre

En julio de 2016, se destapó el escándalo de la hemofilia en el departamento de Córdoba en Colombia. Tras notar irregularidades en los recursos destinados para la salud en esa zona, se advirtió que, supuestamente, habían personas que estaban fingiendo padecer de hemofilia para cobrar el dinero los costosos medicamentos que tratan la enfermedad, y que no estaban contemplados en el POS (Plan obligatorio de Salud). Varios funcionarios gubernamentales y de la salud salieron implicados y, en las últimas horas, se supo de las trabas que ha tenido el juicio para inculpar al entonces gobernador del departamento, Edwin Besaile, y, además de ello, la libertad que le fue otorgada al médico Adalberto Carrascal, considerado como uno de los cerebros en el caso.

El saldo del caso, según el informe de la Contraloría General de la Nación, señaló que hubo pérdidas que rodean la cifra de los $50 mil millones, cifra que llegó a ese monto como consecuencia de los pacientes falsos y los medicamentos que nunca se entregaron.

Edwin Besaile, exgobernador de Córdoba, recibió el escrito de acusación oficial que lo involucraba en el caso de corrupción de la Corte Suprema, en 2018. Según la investigación en su contra, el hermano del condenado por ese mismo caso, Musa Besaile, habría girado dinero público a una IPS para tratar a personas que, supuestamente, padecían de hemofilia. El dinero, según la investigación, se habría utilizado para financiar su campaña política.

Sin embargo, a pesar del movimiento de la Corte Suprema, Besaile sigue sin ser llamado a juicio. Según una investigación hecha por el periódico El Espectador, las trabas alrededor del caso de Edwin Besaile tendrían que ver con varios aspectos. Aunque Besaile fue imputado y llamado a juicio en 2018, por sentencia del despacho del magistrado Eyder Patiño, un par de meses después, bajo el inicio de funciones de la Sala de Primera Instancia, el caso se retrasó porque, dicho ente, le permitía a los congresistas y altos funcionarios impugnar sus condenas. Seguido a esto Jorge Emilio Caldas, el magistrado encargado de su caso, se declaró como impedido, según él, porque antes de llegar a ese cargo había sido procurador y, bajo sus labores de ese entonces, ya había intervenido en las audiencias de imputación y medida de aseguramiento de Besaile.

Mientras se desempeñaba como procurador, Caldas ordenó que Besaile tenía que ser enviado a la cárcel con motivos preventivos, sin embargo, eso no ocurrió. Con su declaración de sentirse impedido, el magistrado argumentó, “mi imparcialidad sí se vio comprometida por haber intervenido sustancialmente en la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento.

Lo que ocurre en esta situación, según la ley y el principio de protección, es que, en casos como este, se necesita que el magistrado no haya conocido, desde antes, evidencias en el caso, ni haya presentado su posición frente al mismo. De acuerdo a la ley, el caso debe quedar en manos de alguien totalmente nuevo en el proceso.

La situación del magistrado era complicada pues, su declaración de impedimento todavía sigue siendo estudiada, e incluso, el abogado de Besaile lo acusa de ser imparcial en el caso de su cliente, “estamos siendo juzgados por un magistrado que durante la audiencia de petición de medida de aseguramiento sostuvo que de la evidencia descubierta por la Fiscalía se infiere que el procesado puede ser coautor de los delitos imputados, quien además realizó un análisis de los dos tipos penales que se definen en este juicio y los cruzó con la evidencia por medio de la cual la Fiscalía pidió la imposición de la medida de aseguramiento, e hizo descender los elementos del tipo en cada una de las conductas”, explicó ante la prensa.

El caso, que todavía sigue en estudios, se juntó con la libertad que se le otorgó al Médico Adalberto Carrascal, señalado por la Fiscalía por ser uno de los cerebros detrás del escándalo. La W radio confirmó que, el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Montería, había determinado la libertad del procesado por vencimiento de términos.

Carrascal, según su expediente investigativo, se habría apropiado, junto a otras personas, de $3 mil millones de pesos que eran destinados para la población de bajos recursos del departamento, por lo que tendría que enfrentarse a delitos como peculado por apropiación y falsedad en documento público.