La corrupción vuelve a golpear a las puertas de la política brasileña. Esta semana la Fiscalía General de la República denunció por malversación de fondos parlamentarios a uno de los ministros del gobierno Lula, el de Comunicaciones, Juscelino Filho, del partido Unión Brasil. Los fiscales le acusan de organización criminal, manipulación de licitaciones, malversación de fondos y corrupción activa. Por esto, el ministro dimitió el pasado martes. Originario del estado de Maranhão, en el nordeste de Brasil, el político acabó en el radar de la justicia por el dinero público enviado entre 2015 y 2023 a la ciudad de Vitorino Freire, en el mismo estado donde fue alcaldesa su hermana Luanna Rezende, también del partido Unión Brasil. Según la investigación de la Policía Federal, Juscelino Filho, que entonces era diputado, habría utilizado fondos del Gobierno en beneficio de las propiedades de su familia, pavimentando las carreteras que daban acceso a las mismas. En su carta de baja del Gobierno, el ministro escribió que contó con el “apoyo incondicional del presidente Lula”, un líder al que admira “profundamente” y que siempre le ha concedido “libertad y apoyo para trabajar con autonomía y valentía”. Juscelino Filho niega todas las acusaciones y afirma que “confía plenamente en las instituciones brasileñas, especialmente en el Supremo Tribunal Federal (STF)”.
“El presidente Lula tardó mucho en tomar posición y al final no la tomó, porque fue Juscelino quien renunció”, explica a Infobae Roberto Livianu, fiscal del Ministerio Público del Estado de San Pablo y presidente de “No acepto la corrupción”. Según el experto, “en lo que se refiere a la lucha contra la corrupción, lo que estamos presenciando es un vínculo incestuoso entre el poder ejecutivo y el legislativo. En este sentido, hemos observado un retroceso en la lucha contra la corrupción, y este episodio de Juscelino es otro capítulo triste y deplorable en la lucha contra la corrupción en Brasil, que de hecho no existe”.
Por si fuera poco, esta misma semana la Policía Federal también lanzó una operación, la Copiar y Pegar, contra el alcalde de centroderecha de Sorocaba, en el estado de San Pablo, Rodrigo Manga, del partido Republicanos. Se le investiga por “malversación de fondos públicos destinados al sector sanitario del municipio”. Durante el allanamiento se incautaron 1,7 millones de reales (289.563 dólares) en efectivo. Ya en 2021, la administración de Manga estuvo en el ojo del huracán. La Justicia condenó al entonces secretario de Desarrollo Económico, Paulo Henrique Marcelo, por sobrefacturación de un inmueble adquirido por el municipio por 29,8 millones de reales (5,1 millones de dólares), un valor 10,3 millones de reales (1,8 millones de dólares) superior a la tasación de mercado, según los jueces. Conocido por ser el “alcalde de TikTok”, desde donde se comunicaba con sus ciudadanos, en un vídeo grabado tras el allanamiento policial señaló con el dedo a Lula. “No te tengo miedo”, dijo, afirmando que se había convertido en un objetivo para “obtener buenos resultados” tras anunciar su precandidatura a la presidencia.
El próximo martes, la ministra de Cultura, Margareth Menezes, tendrá que declarar en la Cámara de Diputados. Responderá a las preguntas de las comisiones de Fiscalización Financiera y de Control de la Cultura para determinar si hubo indicios de corrupción en su ministerio y si utilizó su cargo para favorecer contratos públicos para sus espectáculos, ya que también es cantante. El diputado Luciano Zucco, del Partido Liberal (PL) de Bolsonaro y líder de la oposición en la Cámara, presentó una solicitud en la que se afirma que Margareth Menezes tendrá que dar explicaciones sobre un “posible uso irregular de recursos públicos en su ministerio”. Además, Zucco destaca la necesidad de “examinar los contratos firmados” entre el ministerio y los municipios para organizar espectáculos relacionados con el carnaval, por un valor de unos 640 mil reales (109.012 dólares). La ministra también tendrá que aclarar por qué la Presidencia de la República creó “sucursales” en las 26 oficinas estatales del Ministerio de Cultura. El diario brasileño O Estado de São Paulo reveló el pasado mes de noviembre que estas sucursales fueron asignadas a personas afiliadas al Partido de los Trabajadores (PT) de Lula.
Incluso la ministra de Igualdad Racial, Anielle Franco, del PT -hermana de Marielle, la activista y concejala del Partido Socialismo y Libertad (PSOL) asesinada en Río de Janeiro junto a su chófer el 14 de marzo de 2018- acabó en el punto de mira de la polémica dentro de su propio partido. Hace un mes, el vicepresidente del PT, Washington Quaquá, anunció que iba a activar la Comisión de Ética del partido tras recibir una denuncia sobre un supuesto empleado fantasma en la institución pública Servicios de Obras de Maricá. Según las denuncias, el hombre fue señalado por Anielle Franco, cuyo ministerio rebatió las acusaciones diciendo que la selección se hizo según el procedimiento ordinario.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) lleva tiempo expresando su preocupación por el deterioro de las medidas anticorrupción en Brasil. Esto sucedió después de que los jueces del STF, especialmente Dias Toffoli, anularon varios juicios de la operación anticorrupción Lava Jato de 2014, en la que estaba implicada la constructora Odebrecht. El Brasil de Lula decidió no ingresar en la OCDE, a pesar de que durante los anteriores gobiernos de Michel Temer, primero, y Jair Bolsonaro, después, se había iniciado el proceso de adhesión. Los estándares que el organismo internacional exige a los países que quieren ser sus miembros son muy altos: buenas prácticas de gestión pública, apertura comercial, responsabilidad fiscal, libertad económica y un compromiso serio con la lucha contra la corrupción son requisitos básicos para ingresar. Brasil no sólo no se adhiere, sino que a finales de 2023 fue objeto de un extenso informe de la OCDE que, por un lado, elogiaba la Operación Lava Jato y, por otro, expresaba su preocupación por las decisiones monocráticas de Toffoli.
La organización no gubernamental de lucha contra la corrupción Transparencia Internacional Brasil también sigue de cerca el asunto. En las últimas horas ha expresado su preocupación por “las informaciones sobre presiones de la presidenta de Petrobras en el área de compliance”, es decir, cumplimiento de las normas anticorrupción. “La degradación del compliance de Petrobras afecta a todo el entorno empresarial brasileño. El país no debe permitir una vuelta al pasado”, afirma Transparencia Internacional en su perfil X. Como escribe Malu Gaspar en el diario O Globo, la presidenta de Petrobras, Magda Chambriard, “está contrariada por las reglas del canal de compliance, en particular por el hecho de que se garantice el anonimato a los denunciantes. Ella cree que esta garantía conduce a un aumento de las quejas y acusaciones que considera irresponsables”. Petrobras estuvo en el centro de la Operación Lava Jato con el escándalo del ‘Petrolão’, que reveló la malversación de fondos de la petrolera nacional no solo en favor del PT de Lula sino de la gran mayoría de los partidos brasileños.
En enero del año pasado, durante la ceremonia para reanudar las obras de la refinería Abreu e Lima en Pernambuco, uno de los símbolos de corrupción de Petrobras, Lula acusó tanto a los jueces de Lava Jato como al Departamento de Justicia de Estados Unidos. “Todo lo que ha ocurrido en este país fue fruto de la connivencia entre algunos jueces y fiscales subordinados al Departamento de Justicia de EEUU, que nunca aceptaron que Brasil tuviera una empresa como Petrobras. No se puede castigar la soberanía de un país y su empresa más importante”, declaró en aquel entonces Lula. Abreu e Lima, lo recordamos, es uno de los símbolos más fuertes de la corrupción destapada por Lava Jato. Con un coste inicial de 7.500 millones de reales (unos 2.500 millones de dólares al cambio de la época), las obras de la refinería, iniciadas en 2005 y concluidas solo en 2015, fueron ejecutadas por los gigantes brasileños de la construcción Odebrecht, OAS, Camargo Corrêa y Queiroz Galvão, ascendiendo a 60.000 millones de reales, es decir, casi 20.000 millones de dólares (siempre al cambio de la época).
Y ahora, 11 años después de Lava Jato, una nueva investigación anticorrupción sacude la política brasileña. Se trata de la Operación Overclean, que desde el Tribunal de Bahía, según la web PlatôBR, está a punto de llegar al STF. La operación ha puesto en el punto de mira una trama de corrupción multimillonaria dirigida por un constructor que mantiene estrechas relaciones con destacados políticos. Se trata del empresario de Bahía José Marcos de Moura, apodado el ’Rey de la Basura’ por hacer fortuna en el sector. En prisión desde diciembre, según las investigaciones de la Policía Federal, era el presunto cerebro de una red de empresas que amañaban licitaciones para obtener contratos en varias regiones del país, y luego pagaban sobornos a políticos que facilitaban todo el proceso. Entre los fondos implicados en el escándalo estaban también las llamadas enmiendas, es decir, fondos desembolsados por el gobierno al Parlamento sin necesidad de rendir cuentas. Se trata de una contabilidad paralela, utilizada para el consenso político por el Gobierno, ya denunciada por el diario O Estado de São Paulo como ‘presupuesto secreto’ durante el Gobierno de Bolsonaro y continuada bajo el de Lula, pese a la promesa de campaña del presidente brasileño de ponerle fin. Para 2024, el Congreso aprobó un total de 53.000 millones de reales (9.028 millones de dólares) en enmiendas, una cifra récord. En el proyecto de presupuesto anual para 2025, el gobierno asignó 39.000 millones de reales (6.643 millones de dólares).
“El presupuesto secreto representa una clara violación del principio de moralidad administrativa”, explica Livianu a Infobae. Según el experto, “en las últimas elecciones municipales, entre los 100 mayores municipios que fueron beneficiarios de estos fondos, hubo una tasa de reelección de alrededor del 93%. Esto podría explicar por qué se insiste tanto en mantener esta práctica, ya que da un poder de manipulación e injerencia en el campo político, lo cual es absolutamente contrario a los principios constitucionales”.
En este complejo escenario, también surgen muchos casos de gastos excesivos de políticos o personajes públicos con el dinero de los contribuyentes, criticados por la sociedad civil y la prensa nacional. Por ejemplo, los gastos de la esposa de Lula, Rosângela da Silva, conocida como Janja, han sido objeto de polémica, especialmente en lo que se refiere a la transparencia y confidencialidad de la información sobre sus actividades. Transparencia International expresó su descontento con la decisión del gobierno de mantener en secreto los datos sobre la agenda y los gastos de la primera dama, argumentando que, si bien Janja no ocupa un cargo oficial, desempeña funciones públicas que exigen transparencia. Aunque no está sujeta a protocolo, como informa el sitio de noticias Poder360, Janja tiene su propia oficina en el palacio presidencial de Planalto, con ocho empleados, cuyos salarios y gastos de funcionamiento ascienden a cerca de 2 millones de reales (340.663 dólares) al año. Según el Janjometro, un sitio donde se registran todos sus gastos, creado por un diputado del estado de San Pablo, Guto Zacarias, del partido de gobierno Unión Brasil, los gastos de la esposa de Lula hasta la fecha ascenderían a 117.190.291,15 reales (19,96 millones de dólares).
La decisión de mantener en secreto quién ha viajado desde 2023 a bordo de los aviones de la Fuerza Aérea Brasileña, cuyo uso está reservado solo a Lula y al Gobierno, también ha causado polémica en los últimos días. Lula los ha prestado a jueces del STF que han realizado al menos 154 vuelos hasta febrero de 2025. Según el diario Folha de Sao Paulo, uno de los pasajeros más frecuentes fue Alexandre de Moraes, el juez del caso Bolsonaro por el supuesto intento de golpe de Estado. El gobierno de Lula se justificó diciendo que el préstamo de los aviones a los jueces se hizo debido a las amenazas proferidas contra ellos tras los atentados del 8 de enero de 2023 y que el secreto es necesario por razones de seguridad.
