La rigurosidad de las restricciones impuestas durante los juicios a Imran Jan y su esposa Bushra Bibi ha sido motivo de críticas, debido al nivel de vigilancia militar y la exclusión tanto de familiares como del público en las audiencias desarrolladas en Islamabad. Este contexto, señalado por El País, situó en debate la transparencia y la imparcialidad del tribunal que dictó la más reciente condena de diecisiete años de cárcel a la pareja por apropiación ilegal de joyas oficiales en el marco del caso Toshakhana-2. Según informó El País, la resolución judicial responsabilizó al ex primer ministro de Pakistán y a Bushra Bibi de sustraer con irregularidades joyas valoradas en 760.000 euros, que provenían del príncipe heredero de Arabia Saudí.
El medio El País detalló que, de acuerdo con la legislación pakistaní, los funcionarios que reciben regalos oficiales deben entregarlos al patrimonio estatal, a menos que paguen una cantidad previamente establecida. En este caso, la pareja entregó 25.000 euros, cantidad considerada insuficiente por la Fiscalía, que consideró el pago no conforme a las normas vigentes. La sentencia —emitida en un entorno de seguridad reforzada— suscitó protestas de sectores opositores y organizaciones independientes, que señalaron, de acuerdo con El País, que las restricciones al acceso público y a las garantías procesales pusieron en duda la limpieza del procedimiento.
El Movimiento por la Justicia de Pakistán, liderado por Imran Jan, recurrió a la red social X para denunciar la resolución judicial. En palabras atribuidas por El País, el partido calificó la sentencia como “una nueva decisión de un tribunal de marionetas” y acusó al gobierno del primer ministro Shehbaz Sharif de utilizar al sistema judicial como herramienta para impedir el retorno político de Jan y debilitar a la oposición en el Parlamento. La publicación subraya que estas denuncias forman parte de una estrategia constante de la oposición, que sostiene que existe abuso del aparato judicial por parte del Ejecutivo.
La defensa de Imran Jan y su movimiento político sostiene que la acumulación de procesos penales en su contra busca aislarlo políticamente y limitar el crecimiento de la oposición; mientras tanto, la asamblea gubernamental niega tal interpretación y sostiene que todas las resoluciones emanan del cumplimiento estricto de la legalidad. Según consignó El País, el gobierno defiende la legitimidad de las sanciones y reitera su apego a los procedimientos formales.
Imran Jan suma a la reciente condena por el caso Toshakhana-2 otras sentencias de diferente naturaleza. El País reportó que el ex primer ministro fue sentenciado a diez años por la divulgación de secretos oficiales, catorce años en un primer proceso Toshakhana, siete años por presuntas violaciones a la ley matrimonial islámica y otros catorce años por el caso Al Qadir, en el que la Agencia Nacional contra el Crimen de Pakistán lo acusa de fraude. De este modo, Jan enfrenta actualmente cuatro sentencias, panorama que ilustra la intensidad del conflicto judicial y político que recorre el país.
El trasfondo de esta situación se remonta a la destitución de Imran Jan en 2022, cuando perdió el cargo mediante una moción parlamentaria. Después de ese evento, numerosos procedimientos judiciales se abrieron contra él. Voces provenientes de su círculo y descritas por El País aseguran que esta multiplicidad de casos responde a una operación para marginar a Jan de la vida pública y obstaculizar la consolidación de la oposición. El reporte analizó que la tensión entre la familia Sharif y el ex primer ministro ha derivado en acusaciones mutuas de manipulación institucional, agravando la percepción ciudadana de una posible injerencia gubernamental en la administración de justicia y añadiendo presión sobre el propio sistema judicial.
Estos acontecimientos han venido acompañados de movilizaciones y concentraciones tanto de los seguidores de Jan como de sus adversarios. Según relató El País, las principales ciudades de Pakistán han visto endurecerse los dispositivos policiales y de seguridad durante los procesos judiciales, lo que ha alterado notoriamente el espacio público y la cotidianidad social en torno a estos procedimientos.
La controversia en torno al caso Toshakhana-2 no se limita únicamente a las obligaciones legales sobre la gestión de regalos oficiales, sino que abarca la amplia discusión sobre la administración de los recursos públicos y la rendición de cuentas de los funcionarios de alto rango. Según lo detallado por El País, este episodio puso de relieve la habitual intervención de las fuerzas armadas en el funcionamiento institucional, reafirmando el papel central que juega el poder judicial dentro de la actual disputa política en Pakistán.
Según publicó el medio, la sucesión de sentencias contra Imran Jan es vista por parte de la oposición y analistas como una táctica de control institucional orquestada desde las esferas gubernamentales, planteando interrogantes sobre la posibilidad de que todos los actores políticos cuenten con las mismas condiciones para ejercer derechos y administrar justicia. El País precisó que la imposición de férreas restricciones en los procesos y la percepción de opacidad han intensificado la confrontación política, incrementando la fragmentación dentro del espectro nacional.
El sistema judicial pakistaní y su personal se encuentran ahora, conforme lo señaló El País, en el centro mismo del enfrentamiento político, mientras la figura de Imran Jan —vinculada en el pasado a propuestas de reforma y promesas de transparencia— figura hoy entre controversias relacionadas con la independencia estatal y la objetividad del funcionamiento judicial.
