La decisión de ordenar prisión provisional para dos exministros del gobierno de Gustavo Petro se produjo tras el análisis de una investigación donde aparecen involucrados presuntos desvíos de más de 612.000 millones de pesos colombianos, unos 135 millones de euros, provenientes de programas claves del Instituto Nacional de Vías (Invías) y de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). El Tribunal Superior de Bogotá, según detalló el medio, fundamentó la medida en la magnitud de las pruebas y en la posición jerárquica que ejercían Ricardo Bonilla, exministro de Hacienda, y Luis Fernando Velasco, exministro del Interior, al considerar que ambos habrían liderado una red destinada a redirigir fondos públicos para lograr respaldo parlamentario a proyectos del Ejecutivo.
De acuerdo con la información difundida por el Tribunal Superior de Bogotá, la investigación se centra en la posibilidad de que otros funcionarios hayan cumplido papeles relevantes en el esquema de presunto desvío de recursos estatales. El expediente judicial, consignó el medio, incluye documentos y testimonios que podrían ampliar la lista de responsables y que actualmente son objeto de revisión detallada dentro del proceso. El fallo consignó que las acusaciones específicas contra Bonilla y Velasco contemplan los delitos de asociación para delinquir, cohecho y celebración indebida de contratos oficiales.
El medio informó que los hechos investigados ocurrieron en 2023 y, según la Fiscalía, durante ese periodo ambos exministros habrían autorizado la reasignación de fondos públicos a legisladores particulares, con la finalidad de asegurar votos necesarios en el Congreso para las políticas impulsadas por el gobierno de Petro. La documentación recabada revela cómo la distribución de recursos entre proyectos de Invías y la UNGRD se transformó en un mecanismo estructurado de obtención de apoyo legislativo, una práctica que se aparta de los fines institucionales de mejorar la infraestructura vial y responder a emergencias en diversas regiones.
La resolución que ordenó el encarcelamiento inmediato destaca que la gravedad de los cargos y la relevancia institucional de los implicados exigían una medida más estricta que el arresto domiciliario solicitado por la Fiscalía. El Tribunal Superior de Bogotá explicó que la cárcel preventiva es respuesta a la dimensión del daño causado al patrimonio estatal y busca evitar posibles presiones o interferencias en la investigación por parte de los exfuncionarios sobre testigos u otros actores del proceso judicial.
Según reportó el medio, el fallo subrayó que el nivel de influencia y la operatividad mostrada por Bonilla y Velasco aumentaron el impacto sobre los recursos estatales y alimentaron las sospechas de manejo irregular del presupuesto. La resolución judicial remarcó que la posición jerárquica de ambos habría facilitado la modificación sistemática del destino de los fondos, permitiendo garantizar la aprobación de iniciativas relevantes para el gobierno nacional a través de procedimientos no autorizados en el orden legal.
El destino de los recursos en cuestión cubre una parte sustancial de la estrategia de desarrollo vial y de atención a emergencias del Estado colombiano. Según informó el medio, la posible afectación de ciento setenta y cuatro proyectos de Invías compromete obras de infraestructura clave para la conectividad nacional y el desarrollo regional, mientras que los cinco proyectos de la UNGRD corresponden a la gestión de situaciones críticas, lo cual agrava el escenario por la amenaza que representa para la capacidad de respuesta ante desastres o emergencias naturales.
El caso no solo ha tenido impacto en los despachos judiciales sino que también generó debate en instancias políticas y sociales acerca de los controles existentes para prevenir la manipulación del presupuesto público, informó el medio. Las autoridades analizan si los métodos implementados por la administración de recursos permitieron el funcionamiento de redes de complicidad, además de investigar la exposición a presiones internas hacia otros servidores públicos, quienes podrían haber contribuido o se habrían beneficiado del esquema ilícito.
La decisión del Tribunal también se orientó a evitar que los imputados alteren o influyan en las pruebas, testigos u otros funcionarios cuya colaboración resulta clave para el avance del proceso. El fallo consideró que la colaboración activa de Bonilla y Velasco con la estructura señalada constituyó un agravante y justificó el incremento en la severidad de la restricción de libertad, según detalló el medio.
El proceso permanece abierto y sujeto a la evolución de la investigación, tanto por parte de la Fiscalía como del Tribunal Superior de Bogotá. La causa sigue generando amplias repercusiones en la opinión pública e instituciones del país, promoviendo discusiones sobre la eficacia de los mecanismos de supervisión en la gestión y asignación de recursos públicos orientados a infraestructuras estratégicas y respuestas a crisis. El medio advirtió que la revisión de las pruebas contemplará tanto los testimonios ya obtenidos como nuevos elementos documentales con el fin de esclarecer el alcance de la red, la responsabilidad de los investigados y la posible implicación de otros funcionarios vinculados con la administración pública.
