La Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU) identificó una oficina ubicada en Kiev, antiguamente propiedad del exparlamentario y actual senador ruso Andréi Derkach, como epicentro de un complejo esquema de blanqueo de capitales. De acuerdo con la NABU, a través de este sistema circularon alrededor de 100 millones de dólares (87 millones de euros) en operaciones ilícitas, fondos que se vinculaban a pagos realizados por servicios a terceros ajenos a la presunta organización criminal. En medio de estas revelaciones, la atención se centró en el jefe de gabinete y mano derecha del presidente Volodímir Zelenski, Andri Yermak, cuyo despacho fue registrado por la agencia anticorrupción el viernes, según consignó el medio.
La NABU, junto a la Fiscalía Especializada en Anticorrupción (SAPO), realizó una serie de operativos tanto en la oficina de Yermak como en otras dependencias relacionadas, según reportó la agencia el viernes mediante un comunicado. La investigación forma parte de una ofensiva más amplia que las autoridades anticorrupción de Ucrania lanzaron desde el 10 de noviembre, diseñada para desmantelar estructuras de corrupción asociadas al sector energético del país. Aunque la NABU no detalló públicamente los motivos específicos del registro en la oficina de Yermak, fuentes legislativas han expresado en ocasiones anteriores sus sospechas sobre posibles actos corruptos en el gobierno y han instado al presidente Zelenski a considerar el relevo del jefe de gabinete mientras se desarrolla la investigación.
Tal como indicó el medio, las agencias ucranianas intensificaron su actividad tras la denuncia de varios diputados ante el Parlamento, quienes advirtieron sobre un entramado financiero y político centrado en la industria energética. Las pesquisas no solo han implicado inspecciones en oficinas gubernamentales, sino también en instalaciones de la compañía estatal de energía nuclear, Energoatom, donde las autoridades anticorrupción buscaron esclarecer las rutas del dinero vinculadas al escándalo investigado.
La pesquisa de la NABU reveló que la supuesta red criminal actuaba desde la oficina en Kiev, cobrando comisiones a cambio de servicios ofrecidos a individuos ajenos a la estructura formal de la organización, según relató la agencia en su canal de Telegram. El flujo de dinero gestionado por esta red habría alcanzado una suma aproximada de 100 millones de dólares en transacciones sospechosas, una cifra significativa en el contexto ucraniano y en la coyuntura de guerra y presión internacional sobre la administración de Zelenski.
El nombre de Andréi Derkach, antiguo propietario del inmueble considerado clave en la operación, añadió un componente internacional al caso. Derkach, quien ahora es senador en Rusia y anteriormente dirigió actividades empresariales en Ucrania, ha sido vinculado por la NABU como facilitador de las operaciones de blanqueo, lo que reavivó las tensiones políticas en torno a la influencia rusa en los procesos internos del país, según lo informado por la prensa ucraniana.
Andri Yermak, desde su acceso al puesto de jefe de la oficina presidencial en 2019, se consolidó como uno de los principales asesores y figuras de confianza para Zelenski, función que se potenció a raíz del conflicto bélico con Rusia. Su participación en la toma de decisiones y su cercanía con el mandatario lo ubican como un actor importante en la estructura política nacional, lo que contribuyó a la magnitud que tomó la investigación según los analistas citados por el medio.
En el contexto de la invasión rusa y del énfasis internacional en la transparencia y el control de fondos en Ucrania, los registros realizados representan un avance relevante dentro de la estrategia anticorrupción impulsada tanto por la NABU como por el SAPO. Ambas instituciones han recalcado su intención de llevar adelante una investigación exhaustiva en el ámbito energético, territorio en el que se hallaron las primeras pistas del esquema financiero bajo escrutinio.
El entorno político observó de cerca el desarrollo de estos operativos y los resultados de la investigación, dadas las implicaciones tanto para la estabilidad interna como para la imagen internacional de Ucrania, recalcó el medio. Las demandas de parlamentarios para que se evalúe la continuidad de Yermak en su cargo se sumaron a las medidas adoptadas por las instituciones responsables de investigar y sancionar los delitos económicos en el gobierno. Si bien hasta ahora no se han comunicado cargos formales ni detalles sólidos sobre el origen de los fondos, la escalada de acciones anticorrupción ha marcado un nuevo capítulo en la lucha interna contra la criminalidad financiera.
El comunicado de la NABU aseguró que los pagos investigados respondían a la prestación de servicios a personas externas a la organización, y que estos pagos se canalizaban a través de la oficina relacionada con Derkach, asunto que fue tema central en los operativos coordinados por las agencias estatales. De acuerdo con las fuentes parlamentarias recogidas por el medio, la investigación abierta tendría repercusiones tanto en el ámbito administrativo como político dadas las dimensiones del escándalo y la relevancia de los funcionarios implicados o señalados.
El sector energético, objeto de la actual pesquisa, ha sido considerado un foco estratégico y de frecuente atención por parte de las agencias anticorrupción, quienes detectaron en ese entorno condiciones propicias para la consolidación de esquemas de lavado de dinero y tráfico de influencias, de acuerdo con lo publicado por el medio. En este sentido, las futuras acciones de la NABU y el SAPO permanecerán bajo la observación tanto de actores nacionales como de organismos internacionales, particularmente por la magnitud de los fondos mencionados y los vínculos con altos funcionarios estatales.
El caso mantiene extensa cobertura mediática y seguimiento de instancias legislativas, mientras se aguardan nuevos datos sobre los procesos internos abiertos al interior de la presidencia y de las entidades estatales implicadas, resaltó la prensa local.
