La investigación llevada a cabo por la Unión Europea en 2018 puso de manifiesto deficiencias en la precisión del cálculo de las ayudas, en la calidad de los controles sobre el terreno y en el cumplimiento del número requerido de verificaciones en la gestión de las subvenciones destinadas al sector bovino español. Estos hallazgos desembocaron en la propuesta de eliminar 5,01 millones de euros de los fondos del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA). El caso, que enfrentó al gobierno español contra la Comisión Europea, se resolvió este jueves, cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) rechazó el recurso de casación presentado por España y mantuvo la sanción impuesta, según reportó el medio de comunicación que cubrió el litigio.
El medio consignó que este proceso judicial surge tras una serie de irregularidades detectadas por la Comisión Europea, vinculadas a la manera en que se gestionaron y supervisaron las ayudas asociadas voluntarias al sector ganadero bovino durante dos años consecutivos previos a la investigación. La decisión de la Comisión de excluir 5,01 millones de euros de la financiación europea obedeció principalmente a que las auditorías evidenciaron errores en el modo de calcular la cuantía destinada a los beneficiarios, en la ejecución de los controles sobre las explotaciones y en la cantidad de inspecciones efectuadas en ese período.
El litigio se inició cuando las autoridades españolas presentaron un recurso ante la Justicia europea, argumentando que no debería aplicarse la sanción debido, entre otros motivos, a la supuesta tardanza en la notificación de las deficiencias por parte de Bruselas. El Tribunal General de la Unión Europea falló en primera instancia a favor de la Comisión Europea, desestimando los motivos de España. Posteriormente, el gobierno español interpuso un recurso de casación, que finalmente fue evaluado este jueves por el TJUE.
Según detalló el medio, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea resolvió que la sentencia del Tribunal General ofrecía una motivación suficiente, descartando la tesis española que defendía que la notificación tardía de las irregularidades impedía la imposición de sanciones administrativas. El TJUE verificó que la argumentación española no lograba demostrar que en todos los casos de notificación extemporánea se viera justificada la exención de sanciones.
Por otro lado, la Justicia europea tampoco estimó los demás argumentos presentados por el gobierno español. Según publicó el medio, el TJUE consideró que España no especificó con claridad en qué consistían los errores cometidos por el Tribunal General ni detalló suficientemente los fundamentos jurídicos que respaldaban los elementos impugnados. Por esta razón, el alto tribunal europeo desestimó uno por uno los alegatos presentados en el recurso.
La consecuencia inmediata de esta decisión se traduce en el mantenimiento de la sanción de 5,01 millones de euros, que Bruselas propuso excluir de la financiación de la Unión Europea para España, en el marco del FEAGA. De esa manera, el Tribunal de Justicia confirmó integralmente la postura de la Comisión Europea frente al caso de las subvenciones a la ganadería bovina.
En este proceso destaca el papel de la Comisión Europea en la supervisión y control del uso de los fondos comunitarios, aspecto que según consignó la fuente, resultó determinante para justificar la exclusión de los fondos tras constatarse las deficiencias en las prácticas administrativas del gobierno español. Además, la actuación del TJUE reafirmó la exigencia de cumplir escrupulosamente con las normas europeas tanto en la gestión como en la justificación de las ayudas asociadas.
El medio que siguió el litigio también explicó que la investigación y posterior auditoría revelaron cómo la falta de precisión en el cálculo de los pagos y las insuficiencias detectadas en las inspecciones sobre el terreno pueden provocar la pérdida de financiación comunitaria. Este caso expuso la importancia del cumplimiento riguroso de los procedimientos establecidos por la normativa europea, especialmente en sectores sujetos a ayudas vinculadas a la producción agrícola y ganadera.
El fallo dictado este jueves por el TJUE representa el cierre definitivo de la vía judicial para el gobierno de España respecto a este expediente, según reportó el medio, marcando un precedente sobre la responsabilidad de las autoridades nacionales en la aplicación y control de fondos europeos.
